Crónica Policial

Mirar bajo el agua, la parte oculta del iceberg

Zósimo Nogueira

La inseguridad, el delito y lo que hace el Estado uruguayo siempre en “entredichos”

Sobre la situación carcelaria los cambios, no mueven la aguja.

En 2021 se continuaba diciendo. Ambiente hostil y carente de derechos humanos. Estado crítico, rodeado de violencia y criminalidad.

La población carcelaria crece y crece y las razones fundamentales son la acción represiva de la policía y la acción de los fiscales aplicando el sistema de juicios abreviados que establece el Código de Proceso Penal.

Es la realidad de lo que ocurre en las grandes cárceles, donde imperan violencia y en momentos claves, ausencia del Estado. Se proyectan cosas, se intentan pero sin control, orden y disciplina es imposible.

Existe una dependencia no dicha, ni reconocida, del mundo marginal interno que limita manifestaciones de barbarie e incluso las sanciona para mantener privilegios.

El 28/04/2022 informaba el comisionado Parlamentario que durante el año 2021 hubo 82 muertes de personas bajo custodia.

41 por diversas patologías, 45 por muertes violentas, 18 suicidios y 6 no aclaradas.

Yo diría que los suicidios y las muertes no aclaradas también deben ser “caratuladas” como muertes violentas.

Las presiones del entorno y la falta de asistencia tienen incidencia en estas muertes.

En muchos casos hay responsabilidad del estado y no digo de los funcionarios que por su reducido número en muchos casos deben ser exentos de responsabilidad.

Para ver la real magnitud del problema de violencia intra-carcelaria se debe agregar que hubo 224 traslados a centros médicos de presos heridos de gravedad.

Estadísticamente nuestros números son preocupantes; en Uruguay hay 683 individuos presos cada 100.000 habitantes, en determinado centros hacinamiento, poca asistencia y escaso apoyo técnico. Faltan defensores de Oficio.

El Dr. Juan Miguel Petit recomienda crear un grupo con representantes de organismos estatales para impulsar obras con poca inversión y una comisión de políticas sociales penitenciarias.

Por otra parte la ONU como lo indica el Observador en su edición del 10/06/22 le pide al Estado Uruguayo que a más tardar el 13 de mayo del 2023 presente un informe detallando en forma concreta una estrategia nacional de reforma integral del sistema penitenciario y que se demuestre que se investigaron todas las muertes ocurridas en centros carcelarios.

Pide también el desarrollo de una estrategia de atención médica y sanitaria de los reclusos y diseñar mecanismos eficientes para denunciar la tortura y los malos tratos en prisiones.

En las investigaciones sobre muertes se debe analizar si hubo responsabilidades de la policía y/o de los funcionarios penitenciarios y cuando corresponde otorgar una indemnización justa y adecuada a los familiares de las víctimas.

Hace pocos días vimos que se han expedido sentencias condenatorias y reparatorias sobre los 12 presos fallecidos en el incendio de la cárcel de Rocha.

Hace observaciones de que en el ordenamiento jurídico uruguayo se sigue sin tipificar el delito de tortura como lo prevén los convenios internacionales firmados.

Lo del comienzo es totalmente cierto. Cárceles llenas, inseguridad, poder paralelo, hacinamiento, falta de técnicos y defensores de oficio y problemas de asistencia sanitaria. Insisto en la creación de un centro hospitalario en uno de estos grandes conglomerados carcelarios como el COMCAR, para una atención rápida y con menos problemas de traslados y custodias.

Se han creado más plazas pero continúan equivocados al agrandar cárceles ya problemáticas.

Lo ideal son establecimientos de 300 a 500 plazas y los hay de 2000 y 3500.

Pero todo esto, forma parte de un combo que refiere a seguridad pública, derechos individuales y búsqueda de justicia.

Podemos decir que la policía está motivada, que actúa con eficiencia y celeridad pero la mayor cantidad de presos (hombres y mujeres) se debe a la aplicación del sistema de juicios abreviados que instauro el actual Código de Proceso Penal.

Se dictan sentencias remplazando la culpabilidad o inocencia por un acuerdo muchas veces extorsivo en donde se obliga a declararse culpable ante la amenaza de sentencias duras y crueles.

Un acuerdo puede evitar largos periodos de prisión preventiva, que el encausado sea expuesto al escarnio público, con daños a las relaciones familiares, laborales y sociales.

Esperamos surja un Roman J. Israel con poder, convicción y conocimientos para revocar todas esas sentencias arbitrarias y modificar este dudoso Código de proceso penal, con el que no hay verdadera justicia, las sentencias son elaboradas de manera discrecional en base a criterios personales de los fiscales priorizando denuncias.

Todo esto hace que la mayoría de los penados sean autores de delitos graves, o simplemente acusados de delitos graves que acuerdan condenas por delitos de menor sanción.

Esto implica rezago y acumulación de denuncias por delitos de menor significación. Descredito en la policía, en la justicia y sensación de impunidad.

Quiero volver a aquel criterio de los magistrados de que la confesión por sí solo no asegura verdad, que debe ser confirmada por indicios y pruebas.

Muchas veces se dijo que puede ser el resultado de vulneración de derechos e incluso apremios físicos, pero ahora la ley valida sentencias que surgen de regateos y posibilitan acuerdos acomodaticios o extorsivos. (Es lo mismo que se cuestionaba)

Se debe reformar el CPP, pero también cambiar enfoques direccionando presupuesto hacia otro rumbo.

Desde mucho tiempo todo gira en torno a quien delinque, a endurecer penas y encerrarlo por más tiempo.

Luego, sin asegurarle un trato digno, protección, alimentos, salud, asistencia jurídica, se pretende que trabaje y estudie desconociendo que no está obligado a ello.

Aquel que trabaja o estudia rara vez, lo hace con propósito de rehabilitación, no lo creen necesario, lo toman como una forma de pasarla mejor.

Para que no siga en aumento la delincuencia, sin descuidar el mantenimiento del orden y la represión del delito se debe enfocar la atención en quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y riesgo de ingresar o reingresar al submundo delictivo.

El Mides, las organizaciones sociales, religiosas, con actividad asistencial durante la emergencia sanitaria poseen un gran banco de datos de personas vulnerables.

Hay que aprovecharlo para planes en salud, orientación y apoyos educativos para acercarlos al mundo laboral.

Algo como dice Petit, pero destinado a quienes están en situación de riesgo pero no ingresaron al delito.

En esa población hay problemas de salud mental y consumo problemático de sustancias. Deben involucrarse las ciencias, la medicina en particular y el gran motor debe ser el ejecutivo. Deliberar lo imprescindible, ejecutar proyectos de manera dinámica.  

Un mediano éxito, genera mejoras en seguridad y hasta en higiene y limpieza de espacios públicos.

La familia de los procesados o penados son público vulnerable y en situación de riesgo.

Mujer, hijos. El buen comportamiento familiar y su ejemplo influyen en la conducta y recuperación del reo. Deben ser guiados y si fuere del caso asistidos en algunos aspectos por el Estado.

Lo mismo para egresados de los centros de detención de menores, orientación, oportunidades educativas y buenos consejos ayudan a iniciar un nuevo ciclo de vida. La “mayoría de edad”

Los hogares pre egresos de las cárceles no deben descuidarse. Sus usuarios deben ser guiados y objetos de seguimiento. Trabajo para la oficina del liberado.

Los presos son la punta del iceberg, hay que atender todo lo que se oculta abajo, lo que aún no afloro. Debe descender la tasa de crecimiento del número de delincuentes. 

En las cárceles el buen preso ni molesta ni debe ser molestado, solo debe cumplir su condena.

Con trato digno, mayor número de celdas individuales que lo protejan de presiones y riesgos, atención sanitaria, asistencia jurídica, alimentos, recreos voluntarios y contactos familiares.

Cumplirá su condena sin sobresaltos, podrá trazarse nuevos rumbos y proyectos para el egreso. Sin denostar, casi que todo lo demás es puro circo, bajar tensiones y pasar el tiempo.

Quien quiera estudiar buscara medios y apoyos para hacerlo. Ardua tarea para asistentes sociales y pedagogos.

Si logramos ese cambio tendremos un país más justo y con más oportunidades.

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