¡No pares el cambio!

El Partido Colorado, tal como se definió en el ámbito de la Coalición, lanzó su campaña orgánica por el NO a la derogación de la Ley de Urgente Consideración (LUC), instancia que definiremos los uruguayos el 27 de marzo próximo a través del voto ciudadano.

Nuestra tarea será la de informar el verdadero contenido y alcance de esta ley, la que ya lleva mas de un año y medio de vigencia, defendiendo su vigencia. Deberemos enfrentar una campaña desde la oposición llena de consignas engañosas, interpretaciones absolutamente falsas y la agresividad de quienes agitan fantasmas apocalípticos, pretendiendo hacer creer que es producto de un gobierno que poco menos que planifica perversamente el fin del Uruguay; al punto que uno de los primeros eslóganes que oímos fue “La LUC no es Uruguay”.

En los próximos cincuenta días estaremos explicando y defendiendo una muy buena ley, norma que en su esencia consagra y amplía libertades de los ciudadanos y en la que mucho trabajamos; la que fue votada por la mayoría de los representantes parlamentarios, legítima y democráticamente electos por pueblo uruguayo, por lo que de primera rechazamos uno de los simplistas y falaces argumentos con los que se arenga e intenta engañar a la población por parte de los impulsores de este referéndum, cuando dicen: “no dejes que unos pocos decidan por ti”. ¿Cómo unos pocos? En todo caso decidió la mayoría parlamentaria con la que se aprueban y siempre se han aprobado las leyes en el Uruguay, republicano y democrático representativo.

En los 135 artículos en cuestión hay ocho capítulos que se pretenden derogar íntegramente y refieren a: portabilidad numérica, bajo la mentira que esto acabaría con ANTEL y que el fin es la privatización de las telecomunicaciones. En realidad se oponen a la libertad de los uruguayos de elegir al operador que les convengan manteniendo su número de llamada. Como siempre la realidad supera cualquier ficción, en los primeros días de vigencia de la portabilidad numérica, ANTEL ya ha ganado más de mil usuarios frente a sus competidores.

Regla fiscal, que permitirá terminar con los despilfarros, bajo el concepto aplicado por los gobiernos populistas del FA y tan comunes en la región de gastar lo que no se tiene hoy y que lo paguen otros que vendrán con el dinero de las futuras generaciones.

La protección a la libre circulación, asegurando todos los derechos. A quienes quieren protestar y a quienes deseen circular, prohibiendo cortes de vías públicas e ingresos a locales.

La reglamentación para la elección de los directores sociales del BPS.

Artículos referidos a la privación de libertad de adolescentes.

Capítulos relacionados con el mercado de petróleo crudo y sus derivados, que otorgan más transparencia a la fijación del precio final de los mismos y que incluyen varios que fueron votados por representantes del propio Frente Amplio.

Al Instituto Nacional de Colonización, permitiendo que los colonos en determinado momento de su vida familiar puedan residir fuera de su predio ya sea por problemas de salud o de estudios de sus hijos por ejemplo.

Artículos referidos a la libertad del trabajo y el derecho a la dirección de empresa.  La ley expresamente reafirma el derecho a huelga, pero asegura la libertad también a quienes tengan la voluntad de trabajar a que puedan hacerlo.

Plantean derogar además los artículos que refieren a los alquileres sin garantías. Bajo el falaz argumento de que todos los inquilinos del país corren el riesgo de que les sometan a “desalojos express”. No se cambia una sola coma a la vigente ley de alquileres. Se crea una nueva oportunidad para quienes no logran tener una garantía para alquilar.

Seguridad

El FA y el PIT CNT se oponen a la ampliación del concepto de legítima defensa, que incluye la defensa de un bien material (propiedad), a la resistencia al arresto, al aumento de penas para encubridores o para aquellos que destruyan inmuebles policiales, a penar el agravio a la autoridad policial y al endurecimiento de la aplicación de la ocupación indebida de espacios públicos.

Pero también algunos cambios vinculados a los procesos penales pretenden ser eliminados. La ampliación de 2 a 4 horas que tiene la Policía para informar a Fiscalía de la detención de una persona, o la potestad de policías y militares de registrar a personas y autos en procedimientos “preventivos rutinarios”, la posibilidad de que un hombre cachee a una mujer (o al revés) sin autorización expresa y la eliminación de la posibilidad de la libertad anticipada para algunos delitos.

Además, proponen derogar artículos que tienen que ver con el apoyo y respaldo  a la actividad policial profesional como  la posibilidad de que efectivos retirados actúen en un caso de “flagrancia” con las mismas “facultades legales” que el personal en actividad, el derecho de los efectivos retirados al porte de armas, la presunción de la legitimidad de la actuación policial y la potestad de la policía de llevar a una dependencia policial a quien no pueda identificarse por no tener los documentos arriba. 

El aumento de penas para actividades de narcomenudeo, que en el insólito entender de la comisión afecta a “mujeres con hijos” también se pretende derogar, así como la exclusión de ciertos delitos de la posibilidad de redención de pena por trabajo o estudio.

Educación

Con 34 artículos en el listado propuesto a derogar, es una de las secciones más importantes como herramienta para los cambios que entendemos fundamentales para el desarrollo de los uruguayos.La modificación de la gobernanza en la ANEP, la posibilidad de realizar convenios con el exterior, la titulación universitaria para los docentes, la mayor autonomía de los centros educativos, etc.

Inclusión financiera

Los promotores del referéndum buscan derogar alguno de los cambios que estableció la LUC a la inclusión financiera con los que también se buscó dar más libertad a los uruguayos. Pretenden retomar la obligatoriedad del pago de salarios y honorarios profesionales a través de instituciones financieras y lo mismo respecto al pago de proveedores por parte del Estado. Nada de esto prohíbe la LUC, sí elimina obligatoriedades.

También pretenden derogar el artículo que aumentó de US$ 5 mil a US$ 100 mil el tope para la posibilidad de uso de dinero en efectivo en operaciones o negocios. Reestablecer otros artículos derogados por la LUC que restringían el uso de efectivo en operaciones como alquileres superiores a $ 15 mil y otros movimientos. Nuevamente estaremos optando en este referendum entre la libertad y la facilidad para la gente versus la reglamentación excesiva que en definitiva es cersenadora de derechos.

Adopciones

En este tema son dos los artículos que se pretenden derogar y ambos van en el mismo sentido: hacer más eficiente el proceso. Lamentablemente hay muchos niños que esperan por una familia y en nuestro país los trámites de adopción son realmente demasiado largos.

La vigencia de la LUC es demasiado importante para concretar cambios esperados y reclamados en el país. El FA hipoteca el futuro de los mismos para ponerle palos en la rueda del gobierno de coalición por supuestos réditos políticos menores.

Por esos cambios positivos, la LUC No se deroga!