Nota presentada al secretario General del partido Colorado

Ronald Pais

El motivo de esta misiva es solicitarle la atención sobre un tema que me parece fundamental porque atañe nada menos que a la vigencia del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática- republicana de nuestro país.

Un importante sector de la población, del cual soy parte integrante, ha venido asistiendo a la progresiva degradación de nuestro sistema de Justicia, tanto en lo que refiere a la Fiscalía General de la Nación (y en particular la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad) como en lo atinente al propio Poder Judicial.

Al igual que un gran número de uruguayos, estoy convencido de que el procesamiento y condena de la mayor parte de los presos que se encuentran recluidos en Domingo Arena (y otros con prisión domiciliaria), se ha realizado en violación de los derechos y garantías de la Sección II Capítulo I de la Constitución de la República.

Este convencimiento se basa en considerar que hay un sesgo ideológico que no sólo ha contaminado los juicios de la mayoría de esas personas sino que, lamentablemente, avanza un esquema de “lawfare” que se va extendiendo sin que a nadie parezca inquietar o preocupar.

Sobre la desnaturalización en el cometido de ciertos jueces y fiscales no tengo que extenderme demasiado porque seguramente usted conoce muy bien lo que terminó con una condena al Estado uruguayo por prisión indebida en el caso del señor Amodio Pérez.

Tampoco debería extenderme sobre las declaraciones de la ex Senadora y Vicepresidente de la República, Lucía Topolansky cuando declaró que sabía que hubo testigos falsos en procesos judiciales de los que se trata.

Siendo usted un especialista en Derecho Penal no soy yo quién pueda hacerle acotaciones sobre el tema, sin embargo debo decirle que, despertándome esta situación gran inquietud por su gravedad, me preocupé en conseguir copia de los expedientes de algunos casos, entre otros el del General Miguel Dalmao, del Sr. Miguel Sofía y parcialmente, del General (R) Juan Rebollo (sobre este último hay una soberbia intervención en Cámara de Representantes del hoy Senador Gustavo Zubía).

No tengo dudas de que en esos casos hay atrocidades jurídicas cometidas tanto por fiscales como por jueces, en perjuicio de los condenados.

Agréguese a esto que, en general, se trata de personas de avanzada edad, a las que se ha negado la prisión domiciliaria y, en los hechos – por la entidad de las condenas recaídas – se les ha sentenciado a morir en la cárcel, violando en forma indirecta en inciso primero del artículo 26 de la Constitución y directamente su inciso segundo.

Tal vez exista algún mal nacido que sea partidario de que los “represores y torturadores se pudran en la cárcel” pero seguramente no integra la mayoría de la población que en dos oportunidades se pronunció favorablemente para dar vuelta esa página triste de nuestra Historia que, ya pasado más de medio siglo, algunos quieren mantener viva alimentada de un eterno odio y rencor. Y si alguno insistiera en la postura de ajustar cuentas y no en la reconciliación, seguramente convendría al menos en el requisito de un juicio justo que alcanzara a culpables pero que no encarcelara a inocentes.

Yo creo que el asunto es de una enorme gravedad porque hace a la esencia de la Democracia y sin duda a la defensa inclaudicable por la Libertad.

No se trata de querer lesionar la independencia del Poder Judicial ni de ningún otro Poder del Estado, pero si alguna persona o institución desnaturaliza su cometido constitucional y viola los preceptos de la Carta Magna, el Partido Colorado no puede ni debe permanecer prescindente.

Señor Secretario General, más de un centenar de uruguayos han sido presos en muy sospechosos procesos. Para ellos, el único horizonte de libertad posible que aparece es la muerte y a ese horizonte ya viajaron 36 de ellos.

Se insistirá que los que están en prisión es como consecuencia de un juicio justo pero no parece ser esa la realidad. A poco que rasque en la superficie y se haga una investigación seria – si se está dispuesto a ello – estoy seguro de que aflorará la verdad teñida de venganza, oscuridad, fraude, odio y rencor.

Estimado Secretario General, en muchas oportunidades, se han reunido miles de ciudadanos reclamando el respeto de los pronunciamientos populares violentados por el Frente Amplio. También muchos ciudadanos han reclamado la liberación de los que entienden son “Presos políticos en Democracia”.

Si uno sólo de los presos mencionados, fuera inocente y hubiera sido condenado en un proceso turbio y amañado. Si un solitario ciudadano se parara en cualquier esquina y reclamara la liberación de lo que él entiende son presos políticos, el Partido Colorado, el Partido de Fructuoso Rivera y José Batlle y Ordoñez, el Partido de la Libertad no debería permanecer indiferente.

Sospechas sobran. Haga un repaso de lo actuado por jueces y fiscales en nuestro país. Vea usted lo que pasa en Brasil o en Colombia y lo que ocurría en la Argentina hasta hace poco tiempo.

Creo que hay fundamentos suficientes como para agarrar este toro por los cuernos.

Para que nuestro Partido vuelva a ser grande hay que empezar por hacer cosas grandes y no eludir los desafíos.

En este caso, solicito a usted que se sirva hacer circular entre los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, la siguiente propuesta para comprobar si alguno de ellos o usted mismo, están dispuestos a formalizarlo en una moción que se transforme en resolución del órgano partidario.

_“Existiendo un persistente reclamo por parte de distintos sectores de la población referido a la presunta ilegitimidad de los procesos que han llevado a prisión a ex militares, ex policías y civiles por delitos cometidos en el denominado “pasado reciente”.

Habiendo sido ampliamente difundido que una ex tupamara, ex senadora y ex Vicepresidente a la República declaró conocer que han existido testigos que han mentido en dichas causas.

El Comité Ejecutivo del Partido Colorado RESUELVE:

Constituir una Comisión Asesora integrada por Juristas de nuestra Colectividad Política para realizar un estudio de las causas penales de que se trata, determinando si se cumplieron con los extremos del debido proceso, respetándose los derechos y garantías que establece la Constitución de la República.

En un plazo máximo de …… días, la Comisión elevará sus conclusiones al Comité Ejecutivo Nacional para su consideración.”_

Seguramente no habrá inconvenientes en acceder a copias de las actuaciones judiciales que los abogados defensores y familiares de los afectados podrán proporcionar.

Asimismo, sería imperdonable que el Partido no aprovechara el capital de prestigiosos juristas con que cuenta para realizar un análisis especializado sobre este escabroso asunto.

Por todo lo expuesto, reitero mi solicitud de que este planteamiento sea sometido a consideración de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, teniendo en cuenta de que, si las conclusiones fueran de que no existen evidencias de irregularidades o violaciones a las garantías del debido proceso, eso ayudará a alejar las insistentes versiones de que se han desnaturalizado las finalidades del proceso penal.

Ayudará también a creer más en la Justicia y alejar las sombras fantasmagóricas que se agitan en este tema.

Si, por el contrario, se detectaran evidencias de violaciones a los derechos de los encausados, prueba insuficiente o fraguada, presunciones infundadas, sentencias teñidas de ideología, etc.; el Partido Colorado tendrá la opción de decidir las acciones políticas que corresponda realizar.

En todo caso, cualquiera sea la posición que se adopte, será sobre bases muchos más firmes que los relatos y las versiones sesgadas.