¿Quedarán jueces honestos en Berlín?

Ronald Pais

La historia o leyenda cuentan que, en 1747, al Rey Federico II, el Grande” le molestaba la existencia de un molino en las cercanías de su castillo recientemente construido en Sanssouci, Postdam. Según el monarca y sus amistades era perturbador el ruido de las aspas y el hecho de que la construcción afeaba el paisaje. En razón de ello, Federico intentó comprar el molino, pero el molinero se negó y cuando el rey amenazó con derruirlo, recurrió a los jueces en Berlín, obteniendo una sentencia favorable para salvaguardar su propiedad.

Cuando todos esperaban que Federico el Grande montara en cólera, por el contrario, éste habría dicho: “Me alegra saber que todavía hay jueces honestos en Berlín”.

Desde entonces, lo ocurrido se ha transformado en un símbolo de cómo los jueces y tribunales pueden amparar al débil frente al poderoso. Una muestra de que los individuos, cualquiera sea su condición, puede encontrar la tutela de sus derechos en un Poder Judicial honesto e imparcial.

Esta convicción y confianza en la Dama de la balanza es de antigua data. Ya Sócrates decía: “El Juez debe escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”.

Me imagino entonces la desazón de los buenos jueces uruguayos – que los hay y muchos – con lo que está sucediendo con algunos de sus colegas y fiscales.

Me imagino la dificultad para poder conciliar el sueño de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia al ver como la Fiscal Estela Llorente y la Jueza Julia Staricco armaron la causa para procesar a Amodio Pérez, lo que motivó la revocación de esa sentencia por el Tribunal de Apelaciones de 4° Turno (si se sigue la actuación de los Tribunales se verá que, en este como en otros casos, el turno no es irrelevante) y, ante la insistencia de la Fiscal que llevó el juicio a casación ante el máximo órgano jurisdiccional, éste dictó la Sentencia 1374 de 10/08/2017 confirmando lo resuelto en la apelación. A raíz de este desaguisado judicial inicial, Amodio Pérez ganó luego un juicio contra el Estado por prisión indebida por más de un millón doscientos mil pesos que pagará Juan Pueblo, no la Jueza ni la Fiscal.

Me imagino también la desazón al enterarse que en la causa contra el Coronel (R) Walter Gulla, en el que se le procesó por “Coautoría de homicidio muy especialmente agravado”, en base a las actuaciones del Juez Dr. Ruben Saravia y la Fiscal Mirtha Guianze, el Tribunal de Apelaciones de 4° Turno revocó la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia y, entre otras cosas, expresa: “No se reconstruyeron los hechos. Se crearon hechos…”

Este es un caso que tiene una singular importancia porque el “modus operandi” de la ex Fiscal Guianze se repite en el “Caso Dalmao”, contando con la “colaboración” del Juez Rolando Vomero, en primer momento y de la Jueza Dolores Sánchez, así como los Fiscales Carlos Negro y María de los Angeles Camiño.

Agréguese el caso del procesamiento y prisión por el Juez Juan Carlos Fernandez Lecchini de Juan Ricardo Zabala y donde también actuó la ex fiscal Guianze, que fue revocado por el Tribunal de Apelaciones y en cuya sentencia se expresa. “La Sala considera, en tal sentido, que la imputación delictiva efectuada al precitado encausado, carece por completo de prueba incriminatoria, y sólo se estableció procesalmente infiriéndola de una hipótesis fáctica elucubrada en la recurrida, que en modo alguno se compadece con la verdad material en cuanto a cómo se produjeron los hechos”.

También resta aún aclarar las denuncias realizadas por el Abogado Italiano Fabio María Galiani contra el Dr. Miguel Angel Toma y la mencionada ex fiscal, los que según él “operaron para desplazarlo de su trabajo y desplazarlo de la representación del Estado uruguayo – en el Caso Tróccoli, lo que finalmente lograron, a efectos de tener el control de a quienes se condenaba y a quienes no”. Esto involucraba al tío de la ex fiscal, Carlos Guianze ya que en 1976 “era el jefe del cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA) e incorporó al entonces teniente de navío Jorge Tróccoli al S 2 (inteligencia) del cuerpo”.

Me imagino el asombro de los buenos jueces a medida que fueron conociendo todos estos hechos.

Las promocionadas actuaciones del Fiscal Ricardo Perciballe, acusando de homicidio a una persona que se encontraba presa al momento de los hechos, o realizando apreciaciones netamente políticas en el Caso Rebollo, donde su acusación tiene un contenido deformador y manipulador de los hechos acontecidos, o intentando presionar a la Suprema Corte de Justicia para que se modifiquen pronunciamientos judiciales que no son de su agrado. En este aspecto, es oportuno decir que, a raíz de los cuestionamientos que hiciera públicos el Diputado Eduardo Lust, la SCJ emitió el 20/07/23 un comunicado que no aclara mucho ya que dice haber librado una circular “comunicando la preocupación recibida de la Fiscalía General de la Nación.” Tampoco resulta muy clara la preocupación del Fiscal de Corte Dr. Juan Gómez (segundo y sucesor del ex Fiscal Jorge Díaz) en la que parece admitir que el Fiscal de Lesa Humanidad no puede cumplir con su trabajo y esboza que habría que llevarle los expedientes en que debe darse vista prácticamente que a domicilio. O como cuando el Fiscal Perciballe compareció como testigo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las 3 tupamaras muertas en un enfrentamiento con la policía y el ejército, caso que ya hemos analizado desde estas páginas, aunque merecería un desarrollo mucho mayor. O cuando, insólitamente en la sentencia de este organismo, logra hacer incluir un punto que pretende imponerle al Estado uruguayo que le dé más recursos para su fiscalía.

Hay muchas más cosas para referir o citar, pero lo importante de destacar y lo que seguramente estará inquietando a los buenos jueces es que que algunos de sus colegas y fiscales, con nombres que curiosamente se repiten, han venido pulverizando las garantías individuales, violando los derechos humanos que dicen defender, destruyendo la presunción de inocencia, no respetando el principio “in dubio pro reo”, asignando artificialmente la nota de peligrosidad a quienes notoriamente no la tienen ni la merecen, pretendiendo aplicar la ley penal en forma retroactiva, haciendo reconstrucciones voluntaristas y adaptadas a su afán acusatorio, aceptando testimonios de testigos tachables por su parcialidad e involucramiento político-ideológico, utilizando pericias psicológicas o autopsias históricas de muy dudosa certeza y plagadas de especulaciones.

En suma, fabricando un Derecho Penal para el enemigo y todo ello con una general predisposición a respaldar imputaciones aún a sabiendas de su falta de fundamento y nunca en una búsqueda objetiva de la verdad.

Existen entonces ciertas personas indignas de la toga y otras indignas de cumplir con el cometido de “defensa de la sociedad” que les impone la ley y que está antes que el otro también importante de “defensa y representación del Estado” (art. 1° Decreto-Ley 15365).

Hay que identificarlas – algunos de ellas ya lo están de sobra – y erradicarlas de la función que están mancillando, como forma de salvaguardar uno de los pilares de nuestro sistema republicano y democrático.

Recientemente, el Dr. Julio María Sanguinetti se ha referido al tema dando detalle de algunos casos y concluyendo: “La democracia no puede hacerse cómplice de la degradación del derecho y la justicia”.

Es reconfortante que una figura política de la talla del Dr. Sanguinetti se exprese en términos tan contundentes. Pero no es suficiente. El Partido Colorado y ojalá también el Partido Nacional deben constituir un ámbito de estudio que examinen todos estos casos que parecen constituir una avanzada de venganza que lesiona, desprestigia y devalúa gravemente la imagen que siempre ha tenido la Justicia de este país.

Si se tolera la condena injusta de un solo inocente. Si se mira para otro lado y se trata de ignorar el problema, se pasa a ser parte del mismo y también cómplice de lo que está ocurriendo.

La libertad de las personas es algo demasiado valioso para tolerar cualquier atropello o abuso que la vulnere ilegítimamente. La sustentabilidad de un verdadero Estado de Derecho depende de ello.

Hago votos, tengo confianza en que se corregirá lo que hay que corregir aunque hasta ahora no se haya hecho Sólo así nos será devuelta la confianza y la seguridad de que sigue habiendo jueces honestos en Berlín… y en Uruguay.