Un mal proyecto de ley

Ronald Pais

Nuevamente ha adquirido actualidad un intento parlamentario para legislar sobre el financiamiento de los partidos políticos.

Ya había existido en 2018 una embestida del Frente Amplio que pretendía, a toda costa, imponer la aprobación de un proyecto muy similar al actual.

Los objetivos que se esgrimían para insistir en la “urgencia” de su aprobación eran los de hacer más transparente el financiamiento de los Partidos Políticos, reducir el tiempo de las campañas, regular el acceso a los medios de comunicación, etc. A ello se ha agregado, según algún vocero del Frente Amplio, “el temor a que el narcotráfico se infiltre en el financiamiento de las campañas electorales”.

Ya debería ser motivo de sospecha el entusiasmo del Frente Amplio por este tema, sobre todo teniendo en cuenta que ese conglomerado político no se ha caracterizado precisamente por ser “transparente”. ¿Quiénes bloquearon cuanta comisión investigadora se quiso formar cuando tuvieron mayorías parlamentarias? ¿Quiénes cerraron a cal y canto el acceso a los archivos del pasado reciente y los datos de cifras, nombres y demás datos de las “reparaciones” que dispusieron para tupamaros, integrantes del PVP, Partido Comunista, etc. y sus familiares? ¿Los que mantuvieron en secreto las tratativas por UPM 2? ¿Son los mismos ahora preocupados por la “transparencia?

¿Preocupación por posible infiltración del narcotráfico? ¿Los amigos de los Castro, Maduro y Evo morales, los mayores narcotraficantes de Latinoamérica?

Motivos para desconfiar desde el principio hay y son muchos.

Algunos como yo creemos que en realidad se trata fundamentalmente de tres cosas: restringir el acceso al financiamiento de las campañas de los partidos adversarios al Frente Amplio, limitar al mínimo el posible acceso de nuevos partidos políticos que puedan surgir y realizar una ofensiva salvaje contra la propiedad privada de los medios de comunicación, la libertad de comercio y la libertad de expresión del pensamiento.

Me ha resultado muy sorprendente y decepcionante enterarme de que el Partido Colorado y el Partido Independiente apoyan esta maniobra frenteamplista.

Alguien me podrá decir que si es una ley general alcanza a todos los partidos, pero permítaseme señalar algo. Si lo que se pretende es transparencia, entonces debería completarse la tarea eliminando la posibilidad de existencia de “cajas negras” que sirvan para eludir lo que se pretende regular. Entonces, cualquier proyecto de este tipo debería incluir un artículo obligando al depósito de los fondos de organizaciones sindicales de cualquier naturaleza y de asociaciones civiles con personería jurídica reconocida (ONGs) en instituciones bancarias y a la publicación anual de los Balances y Rendiciones de Cuentas de estas entidades, siguiendo las normas contables que se les exigen a los partidos políticos. De esa forma, sería realmente transparente para los trabajadores que pagan su cuota sindical y para los asociados de las asociaciones civiles, que destino tienen los importantes fondos que manejan y también se podría controlar que no se realicen donaciones encubiertas hacia los partidos políticos.

Sería largo analizar aquí cada uno de los artículos del proyecto, pero podríamos resumir la opinión contraria que tenemos al mismo en lo siguiente:

*A pesar de que se titula “De Partidos Políticos” es una ley ómnibus que  abarca múltiples materias (retenciones salariales y pasividades, inclusión financiera, publicidad electoral, medios de comunicación, competencias de organismos de contralor, etc.) abordándolas sin rigor.

*Se restringen exageradamente las posibilidades del financiamiento propio de los candidatos. Si los fondos son legítimos. ¿Cuál es la razón de la limitación? ¿Se trata de socializar campañas? ¿Miedo a un Sartori?

*Se tiende a prohibir las contribuciones anónimas lo que tiene sentido en el caso de grandes sumas pero no de pequeños aportes como los que pueden realizarse mediante una campaña en Internet.

*Establece prohibiciones disparatadas a los medios de comunicación, atentando contra el libre giro comercial de sus propietarios y con sanciones de “caducidad de la autorización para prestar servicios…” Goebbels no podría haberlo imaginado mejor.

*Impone, de forma inconstitucional,  la concesión de espacios gratuitos a los medios de comunicación.

*La asignación de porcentajes – para el caso de que existan espacios gratuitos que deberían ser solventados por el Estado – es un “vamos a repartirnos la torta entre nosotros” y la asignación de casi la mitad sólo a los partidos que hayan comparecido en las elecciones anteriores y tengan representación parlamentaria lo demuestra. Por otra parte el establecimiento de diferenciales en virtud de los votos obtenidos en la elección pasada, de la otra casi mitad, tampoco tiene sentido.

El que resultó más votado en la elección anterior, obtuvo más cargos que el resto y estos cargos también se traducen en más aportes. No hay por qué concederles una ventaja adicional en la siguiente contienda electoral. De lograrse que existan espacios gratuitos deberán ser iguales para cada partido legalmente constituido.

Ejemplifiquemos por el absurdo: si se tratara de una competencia de turf, al caballo 1 se le dejará salir 60 mts. más adelante porque antes ganó tres carreras, al caballo 2 se le dejará partir 30 mts antes porque previamente ganó una carrera y finalmente el caballo 3 – aunque sea un futuro Yatasto – tendrá que completar toda la distancia porque es la primera vez que corre.

Este es un desembozado intento del actual “establishment” partidario de cerrarle las puertas a cualquier intento de nuevos surgimientos partidarios lo que lesiona las posibilidades de futuros legibles, y atenta contra los propios principios del funcionamiento democrático.

*A la Corte Electoral y al Tribunal de Cuentas (también a la URSEC, etc.) se les imponen una serie de complejas tareas que no están en condiciones de cumplir adecuadamente ni por organización ni por especialidad ni por los recursos humanos y materiales de que disponen.

*Se establece un régimen de sanciones sin procedimientos claros para el ejercicio del derecho de defensa.

*Está plagado de vaguedades e imprecisiones de distinta naturaleza y alcance.

En RESUMEN: Un mal proyecto de ley que debería ser descartado, para considerar otro en la próxima legislatura, que cuente con una amplia base de acuerdo pluripartidario, que amplié la transparencia a otras organizaciones para bloquear cualquier desvío oblicuo de fondos, ajustado a la Constitución y discutido en un momento alejado de la realización de elecciones.