Pasado y presente proyectando futuro
Zósimo Nogueira
Record de denuncias de personas desaparecidas, record de condenas simplificando los caminos de la prueba.
Grandes dificultades y demoras para que defensores puedan concertar entrevistas con los fiscales.
Exceso de subordinación a designios fiscales que dificultan y enlentecen el esclarecimiento de delitos graves y de gran resonancia pública.
La mediatización desmedida de información perjudica y condiciona.
He presenciado con asombro que fiscales concurren rutinariamente a la sede judicial custodiados por policías.
En situación de temor y resguardo no pueden ejercer en plenitud su trascendente función.
Este vigente sistema procesal penal retrocedió en el esclarecimiento de delitos que requieren de tareas de campo, búsqueda de testimonios circunstanciales, saber de vínculos afectivos, de indagatorias hostiles, de desvirtuar coartadas, de validar argumentos para ampararse en figuras y programas como el testigo protegido.
El sistema anterior profundizaba las investigaciones y velaba tanto por denunciantes o damnificados como por los imputados, incriminados o culpables de delitos.
Resulta que si hay desbordes de los funcionarios en un procedimiento debe canalizarse la queja o demanda a instancia de los defensores en otra fiscalía. Para mí, inaudito.
Eso implica responsabilidades que pueden afectar a la investigación misma.
Otrora, el Juez de inmediato disponía indagatorias y búsqueda de pruebas confirmando o descartando acusaciones.
Ninguna investigación puede tratar por separado, ni distanciada en el tiempo acusaciones de apremios o de incriminación fraguada.
Las piezas de una investigación deben relacionarse como en una partida de ajedrez o tablero de damas, sumando verdades, transformando indicios en probanzas que darán certezas para una acusación o sentencia bien fundada.
Buenas investigaciones no aseguran más procesos y condenas pero si mayores aciertos
Menos equivocaciones, mayor profesionalismo, menos juicios contra el estado.
Esto no es culpa de los fiscales que en extensas jornadas hacen lo posible para obtener pruebas e incriminar a los responsables de acciones delictivas.
Es culpa de la norma salida del legislativo, este sistema nació rengo de una pata.
La pata del policía con iniciativa, olfato de investigador y potestad para actuar con autonomía profesional.
Los gestores de este sistema lo han ido corrigiendo por etapas.
Recordamos los enfrentamientos del Ministro del Interior Bonomi con Fiscalía; de ahí la serie de modificaciones del CPP. El propio Dr. Jorge Díaz participo de las correcciones
Pese a destemplados reclamos de retornar al sistema anterior, todo el espectro político se ha conformado con esas modificaciones. Los costos y las cuotas de poder influyen.
Con la LUC se anuló la posibilidad de los juicios abreviados para varios delitos.
Hubo clamor popular y de políticos advirtiendo que delitos graves mediante concertación entre fiscal y defensor variaban la carátula y acordaban menores condenas evitando extensos juicios. La política del regateo.
Ahora surge otro problema, más juicios y menos condenados. Más trabajo para los fiscales. Sin un cambio de rumbo seguiremos oyendo quejas sobre cansancio físico.
Ha crecido en forma superlativa el número de fiscales y en menor grado también el de defensores públicos. Fiscalía es casi que un cuarto poder del Estado.
El presupuesto in crescendo.
Es un órgano subordinado al Ejecutivo. Otro tema delicado, debería estar blindado a todo tipo de subordinación profesional.
El anterior Fiscal general fue muy cuestionado por la permanente elaboración de instrucciones generales.
La LUC introdujo una variable para mejorar la acción del Estado en materia de seguridad
Habilito a la policía a identificar e indagar personas ante la presunción de delitos, realizar detenciones disponiendo de hasta 4 horas para informar al Fiscal.
Tiempo que puede disponer para reunir testimonios, elementos incriminatorios e indiciarios que permitan hacerse una composición del suceso con apariencia delictiva.
Eso que no es la panacea pero ayuda. Informado el fiscal finaliza la iniciativa policial.
La LUC generó un cambio de actitud de la policía, respaldo legal y político institucional.
Recordemos la emblemática frase del extinto Dr. Larrañaga “Hay orden de no aflojar”.
Pero de aprobarse el referéndum contra la LUC retrocederemos.
Volveremos a una policía limitada. Volveremos a una policía de flagrancia.
Fortalezas y fallas del sistema.
Continúan habiendo muchas denuncias sobre personas desaparecidas, pero con la LUC, hubo mayor y más rápida respuesta de búsqueda.
Continúan las absoluciones o condenas de inculpados basadas en indicios obtenidos mediante el uso de tecnologías o análisis de documentación.
Es clara la relevancia de una filmación, grabación sonora, una pericia criminalística.
Pero las certezas requieren de trabajo de campo que los fiscales no lo hacen, por lo general no están capacitados y carecen de medios y tiempo para realizar.
No basta la posesión de un arma probadamente utilizada en una acción criminal, ni siquiera una muestra de ADN o una huella digital.
Se debe procurar la confesión del sospechado, de testimonios.
Coincidir los indicios en tiempo y espacio.
Establecer la presencia del incriminado en el momento y lugar del evento criminal. El móvil delictivo.
La figura central de una investigación no puede ser ni el perito en criminalística ni el fiscal que aplicará una figura jurídica.
Debe serlo el investigador que va atando cabos y develando incógnitas.
Los marginales lo saben, los defensores lo saben y todo esto ha generado incremento de testimonios que invocan riesgos y solicitan declarar como testigos protegidos; y por otro lado acusados de crimen que optan por el silencio y no brindan declaración.
Estas acciones también perjudican el esclarecimiento de los delitos y deben ser objeto de análisis y correcciones.
Toda esta dilatoria procesal genera un aumento de actividad criminal en procura de direccionar o acallar testimonios.
La solución está ahí; empoderar y responsabilizar a la policía de la investigación de los delitos.
El policía no puede ser limitado en tareas de prevención e investigación. Claro que informando al fiscal al constatar o reprimir una acción presuntamente delictiva.
Todo el sistema de represión y protección penal no puede aguardar que todo parta de la iniciativa y sagacidad del fiscal.
Vemos que la mayoría de los formalizados, lo son en base a pericias y documentos, a interrogatorios entre cuatro paredes con poca información del terreno, al análisis de cámaras y videos. A la acusación de un informante, a la letra fría de una ley.
Otro fenómeno actual consiste en que los abogados defensores para desvirtuar acusaciones fiscales deben hacer de policía investigador en los lugares de los hechos con todos los riesgos que eso conlleva.
Buscan testimonios favorables a su cliente o buscan desacreditar a testigos incriminatorios.
Es la vida real; el fiscal no puede constituirse en todos los lugares en que ocurren los delitos, tampoco puede disponer discrecionalmente de los recursos humanos policiales y debe condicionarse a la buena sintonía que logre entre fiscal-policía.
Por eso, la contínua demanda de más fiscales invocando stress y cansancio físico.
Con el anterior sistema inquisitivo, con la mayor carga laboral en policía y Justicia no había lamentos de cansancio, de stress; ni esa situación de custodias para quien aplicaba la ley.
Los jueces con sus Actuarios y Secretario trabajaban apoyados por la policía que podía recibir denuncias, indagar, documentar y detener con obligación de informar dentro de las 24 horas de efectuadas las detenciones.
La policía porta armas, conoce su jurisdicción, cuenta con medios de transporte, comunicación y apoyos. Función permanente, dispone de relevos, un instituto jerárquico con relaciones de subordinación y dependencia, según el rango.
Los fiscales son abogados, conocen de la ley y su aplicación.
Deberían actuar como nexo entre policías y jueces pero nunca asumiendo sus roles.
Es imperioso legislar; que la policía recobre su rol existencial de auxiliar de la justicia con la intermediación o evaluación indiciaria de Fiscalía.
Seamos creativos e innovadores, la comunidad lo necesita.
Ahora a promover la defensa de la LUC. Votemos Celeste, votemos NO
