Pretenden derogar la luc en base a falacias

Marcelo Gioscia Civitate

En el último domingo del próximo mes de Marzo, el Cuerpo Electoral de nuestro país habrá de definir mediante el mecanismo de democracia directa prevista en la Constitución de la República, si deroga o mantiene 135 artículos contenidos en la Ley de Urgente Consideración. Con papeletas por el SI o por el NO, la ciudadanía habrá de manifestar su voluntad soberana por mantener la norma en su totalidad o derogar los artículos impugnados. Pese a haber sido ampliamente publicitado el contenido de la Ley de referencia  y que muchos de sus artículos fueran votados por los legisladores de los propios impugnantes, se intentan derogar normas que son en sí mismas parte del Programa de Gobierno de la coalición de partidos políticos, por la que la ciudadanía optó en las elecciones de 2019. Con argumentos que a nuestro leal saber y entender son falaces, la oposición pretende lograr una victoria en esta consulta ciudadana, para aquilatar esta pulseada de cara a su intento por volver al poder en el que estuvieron tres lustros. Mal que les pese, los artículos referidos a seguridad pública que impugnan, no han generado los desbordes pronosticados, por el contrario han servido para fortalecer el principio de autoridad y respeto a las fuerzas del orden y mejorar en la materia. Se ha logrado revertir la tendencia creciente de los delitos y recuperado la confianza en la policía. Señalemos que, de esos 135 artículos casi 80 de ellos, refieren a la Educación y no resulta menor referirnos a la publicidad engañosa de quienes buscan derogar esas normas, que a nuestro criterio, pretenden volver a posicionar la educación pública de nuestro país entre las mejores del continente. Pues muy sueltos de cuerpo, afirman que se pretende privatizar la educación pública. Nada más alejado de la realidad, en ninguno de los artículos que se impugnan se establece algo parecido. Tal vez pretenden que, la incorporación de representantes de la educación privada en los organismos de coordinación signifique privatizar, cuando se buscó hacer participar a actores que poseen una parte no menor del alumnado en nuestro país. Al tiempo que se respetan las autonomías reconocidas constitucionalmente, se fortalece la capacidad de decisión del CODICEN como órgano rector de la ANEP y además se confiere un mayor protagonismo institucional y en materia cultural al MEC y el INEED tiene una total independencia de las instituciones evaluadas. Se argumenta también que se limita el derecho de huelga y el de ocupación de los lugares de trabajo, cuando lo que se garantiza es el derecho al trabajo y a la libre circulación de personas, bienes y servicios en los espacios públicos o privados de uso público, por esa misma razón se declaran ilegítimos los piquetes que pretenden impedirla. La ciudadanía debiera expresarse en favor de mantener en un todo los derechos, libertades y modificaciones de normas penales que esta Ley consagra, para seguir transitando –pese a la emergencia sanitaria- la senda del crecimiento, con seguridad jurídica y por sobre todo, en libre ejercicio y goce de derechos tan caros a nuestra individualidad nacional.