Cómo reducir la criminalidad y el número de homicidios

Zósimo Nogueira

Actuando coordinados todos los involucrados en el combate al delito, policía, fiscales y jueces.

Soltando verdaderamente el freno a la Policía, asignación de más recursos humanos debidamente entrenados, reorganizando unidades imprescindibles, redistribuyendo efectivos y combatiendo el delito en todas sus manifestaciones.

Todo esto es posible solo si se le otorga un más amplio espacio de discernimiento e iniciativa.

Es necesario que exista inmediatez para que la acción policial sea efectiva.

Los delitos menores que no son atendidos y combatidos en tiempo y forma generan desanimo de las víctimas o perjudicados y eso se transforma en descredito de la autoridad y del sistema, sensación de impunidad para unos; enojo, cólera y violencia para otros.

En tiempos cercanos hemos visto varios hechos de justicia por mano propia y muchos más no son advertidos pero son parte del actual cotidiano.

Pocos individuos, víctimas de esos actos de justicia por mano propia están en condiciones de denunciar pues son conscientes de que cometieron delito.

Seguramente alguno de esos tantos homicidios sin aclarar estará encuadrado en ésta figura delictiva. Un exceso de ajuste de cuentas.

No todos realizan arrestos ciudadanos, ni todos actúan a vista de otros.

Se dice que la oportunidad hace al ladrón, ocurre lo mismo con los pseudo justicieros

La oportunidad hace al abuso, rompe barreras, rompe límites.

El aumento del número de muertes de agosto último ha generado alarma; el Gobierno reconoce 34 homicidios que según en Frente Amplio serían 41. 

Hubo un día con 7 homicidios. No siempre es posible determinar con precisión la fecha del evento criminal, pero si la fecha de constatación.

Ese día, en un cañaveral de la zona de Peñarol apareció el cuerpo de dos hombres y una mujer con múltiples impactos de balas. Otros dos masculinos en Piedras Blancas y en Manga una mujer y su hija menor. (El matador se suicido)

El Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del M.I. Santiago González dice que la mitad de los homicidios son por conflictos entre criminales vinculados al tráfico de drogas, y los demás por líos del momento, conflictos familiares o rapiñas.

El 50% de estos homicidios no se resuelve.

Esto significa que la mayoría de los homicidios entre criminales no son resueltos.

Los participes de conflictos familiares son fáciles de identificar; los enfrentamientos por cuestiones del momento normalmente ocurren en sus lugares de actividad o frente a testigos.

De éste 50% los que presentan mayor dificultad son los que ocurren durante rapiñas, aunque normalmente la víctima o testigos aportan información, o registros fílmicos de cámaras.

En síntesis, los conflictos entre criminales no están siendo aclarados por falta de indicios o falta de seguimiento e interés. 

En nota del Diario el País el Sicólogo Paternain analista y asesor en política de seguridad del FA y la docente de Ciencias Sociales Nibia Viscardi difieren con esas conclusiones de que esa mitad de homicidios entre criminales son por ajuste de cuentas y espacios territoriales.

Paternain dice que esos enfrentamientos están vinculados a clanes y vínculos familiares. Viscardi los conecta a quien produce o introduce la droga; y a los vínculos con el lavado de dinero.

Mariana Pomies de Cifra dice que hay más  violencia y ello aumenta la inseguridad.

Una encuesta de Opción Consultores indica que un 36% de la población aprueba la gestión en seguridad y que un 38% desaprueba.

Hay un importante número de personas que no opina, pero la inseguridad fue determinante del cambio de gobierno y si no se soluciona puede haber un retroceso y nuevo cambio de orientación de gobierno.

Dice el Presidente Dr Lacalle que se insistirá con el plan trazado para mejorar la seguridad. Cabildo Abierto ha dicho reiteradamente que no está de acuerdo con lo que se hace, que no conoce el plan y que tiene ideas y personas capaces para una mejor gestión.

Reiteró lo del seranazgo con militares y policías, insiste en revitalizar las comisarias y habla de policía comunitaria para acercarse a la comunidad.

La Policía Comunitaria, el vecino alerta y las comisiones barriales tuvieron auge y protagonismo en la gestión del Ministro Guillermo Stirling.  Otro tiempo, otra legislación y otros recursos humanos.

En ésta prolongada época de crisis y violencia y en base a las promesas electorales lo primero es repoblar a las comisarias y motivar al policía para que sea un “todo terreno multifuncional”.

La policía comunitaria tiene ciertas limitaciones. Toma conocimiento del problema y de la demanda pero carece de medios para la respuesta.

Es necesario que todo funcione dentro de la verticalidad del mando. Mucho patrullaje en vehículos y pie a tierra, interactuar con vecinos, comerciantes y la comunidad posible.

No todos son receptivos. Conocer la movilidad de la jurisdicción. De esta manera se pueden instrumentar mecanismos de prevención del delito y planificar operaciones.

Cuando la situación amerite pasar la información a las unidades especializadas.

La cuestión es neutralizar prestamente todo hecho de apariencia delictiva y acudir a las demandas de auxilio de la población. Eso evita violencia y muertes.

Se crearon en el anterior periodo unidades como URPM o el programa PADO, para una estrategia policial que no dio el resultado.

Sus capacidades pueden y deben potenciarse dentro de otro formato operacional.

Estas unidades han sido muy eficientes para casos de flagrancia y para el socorro inmediato.

Lo mismo para operativos focalizados o de saturación.

Pero si ese personal es asignado a una jurisdicción habitual y permanente, puede capitalizar toda la información que recoge y hoy en gran parte se desperdicia.

Al ser movible resulta difícil constatar o confirmar una situación sospechosa. La observación constante lo permite.

También determina áreas de responsabilidad, disminuye omisiones a los deberes del cargo.    

En la actualidad las Comisarias carecen de personal y medios para una respuesta operativa.

Esta situación es parecida en todo el país, sea zona urbana o rural. Idénticas soluciones.   

Mis disculpas al Director Nacional de la Guardia Republicana. Considero demasiada concentración de poder en esa unidad.

Siendo por mandato de la ley, cada Jefe de Policía responsable de su Departamento, debe contar con subordinados para  control de disturbios civiles y operaciones de impacto; no depender de apoyos.

Puede solucionarse con traslados efectivos o pases en comisión; de la Guardia Republicana a las jefaturas Departamentales.

Esto aporta celeridad y economía. Evita costos por traslados de personal, vehículos y logística.

Los jerarcas tomadores de decisión proclives a crear nuevas unidades deben considerar que cada nueva unidad debe destinar personal a tareas administrativas, de vigilancia y mantenimiento. Resta personal operativo.

Las Comisarias seccionales deben concentrar el máximo posible de la actividad policial de la Jurisdicción.

Mucho se ha hecho, pero resta desactivar y recuperar recursos humanos en muchos servicios de prestación de garantías por problemas domésticos, que se pueden subsanar con pulseras electrónicas, sistemas de monitoreo y patrullaje conectado.

La LUC habilito el ingreso de 1000 policías retirados, no tenemos noticias sobre el éxito de la convocatoria, pero sus desempeños están condicionados por las limitaciones propias de la edad

Formar nuevos policías es una tarea ardua y lenta. Propongo el ingreso de esa enorme cantidad de policías eventuales que se están desempeñando en Intendencias como la de Montevideo, Instituciones Bancarias, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

Y así, de paso desandar la política equivocada de policías paralelas por dependencia y retribuciones salariales de su empleador.

Que la prestación de garantías se vuelvan a realizar por 222 y para eso se habiliten policías retirados. Son situaciones de menos riesgo y/o esfuerzo físico para la que están capacitados.

Principio deben tener las cosas, repoblar y dinamizar las míticas comisarias.