Cumplan promesas, no promuevan nuevos errores

Zósimo Nogueira

En los últimos tres lustros o periodos de gobierno, se elaboraron normas que modificaron la gestión del Ministerio del Interior-policía, Fiscalía-defensores letrados y poder judicial.

También de los centros de reclusión, albergues de menores y del Comisionado Parlamentario.

Se hicieron cosas positivas, equivocadas o intrascendentes y promesas electorales que no se han cumplido o no se han sostenido en el tiempo.

La realidad es dinámica y cambiante.

Para algunas situaciones es positivo poner el pie en el freno y cambiar de ruta, pero hay cosas que requieren del acelerador.

Cuestiones de fondo no salieron bien, no cumplieron con las expectativas.

El Frente Amplio llego al poder como fuerza renovadora, no contaminada e innovadora y con la afirmación de Tabaré Vázquez de “el que mete la mano en la lata se la corta”.

Esto no pasó de un enunciado, de cumplirse habría muchos amputados.

La falta de idoneidad o impericia para gestionar fue la única razón para no criminalizar conductas que causaron grandes pérdidas al erario público comprometiendo seriamente nuestra economía.

Títulos invocados, validados e inexistentes; tráfico de influencias con concesiones personales, a núcleos de familiares y amigos.

Muchos organismos del Estado fueron manejados como propios.

En el Ministerio del Interior se impulsó el retiro de los cuadros superiores con escusas de resabios dictatoriales, cuando la policía no fue un socio del poder sino un simple componente y en algunos casos una víctima más.

Luego esa trasformación, una policía que sin los atributos legales que poseía perdió poder. Se promovió su sindicalización e intentó partidizar a sus efectivos.  Disminuyo la disciplina, se debilitaron los mandos.  

Con el CPP la policía se tornó inoperante y solo activa para casos de flagrancia. 

Inoperancia por el rol secundario que se le impuso; con dependencia casi absoluta de los fiscales.

Fiscalía General procuro corregir por medio de instrucciones generales a los fiscales para reducir los problemas de seguridad que se agravaban.

Con su interpretación del CPP el Fiscal General Dr. Díaz arropó a la policía; decía que mantenía sus atributos y potestades.

No obstante y a impulsos del Ministro Bonomi se legisló modificando el CPP que antes impulsó. No aporto las armas legales que pretendía para una eficaz gestión.

Debemos reconocer lo valioso que es saber retroceder y cambiar criterios.

No alcanzan, faltan cambios. Todo éste proceso lo hemos criticado pero también valoramos lo positivo.  

Nuestra policía continúa distanciada de la comunidad por carecer de los atributos para responder a sus demandas.

Hay problemas de organización que impiden una mejor gestión y una inoperancia de los centros referentes barriales “las Comisarias”

Esto es la mayor causa de distanciamiento entre la comunidad, y la policía.

Decía una persona. Fui víctima de un delito, tengo información de relevancia, he ido innumerables veces a la Comisaria y no puedo hablar con el Comisario para trasmitirle. Pasa el tiempo, y la información pierde relevancia.

Se le dijo vaya a la zona operacional, si no tiene respuesta hágalo a la Jefatura.

Habrá negligencia, o simple coincidencia de no encontrar a los mandos de la unidad policial. Lo desconozco.

Pero esto es consecuencia de que las Comisarias continúan despobladas y con falta de capacidad de respuesta.

Esto antes no ocurría, si no estaba el Comisario, estaba el Sub Comisario o algún Oficial y si la información era relevante se procedía y luego se informaba a la autoridad judicial.

Ahora con esa dependencia de los fiscales, destrabada a medias por la LUC, las respuestas a la comunidad continúan lentas o inexistentes.   

En todo esto el CPP ha actuado como una bomba de largo alcance, y con responsabilidad de todos los partidos políticos, todos dieron sus votos.

Por estos días hubo trascendidos periodísticos sobre el funcionamiento del sistema de proceso penal.

El Joven militante comunista Andrés Pereira fue ultimado en 2014.

El hecho ocurrió en Punta de Espinillo durante un campamento recreativo del nuevo Partido Comunista. Por este hecho fueron procesadas 4 personas en 2017 y recién ahora son condenados.

 Cobran fuerza y generan revuelo los dichos del Dr. Fagúndez, Presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, sobre las dificultades para afrontar una defensa adecuada y profesional de sus defendidos.

Se dicen en desventaja con fiscalía cuando  sus clientes son objeto de prolongadas investigaciones, con un cumulo de actuaciones y los fiscales concluyen con una acusación intempestiva de un momento a otro.

Eso dificulta la defensa.

A eso le agrego imprevistos e imponderables. Cuantas personas fallecen en el curso de esos expedientes, testigos, victimas o incriminados, cuanta cosa cambio, cuantos testimonios dejaron huellas no probadas pero imposibles de cuestionar, cuantas cosas han sido desestimadas por una de las partes sin conocimiento de la otra.

Es todo un tema, y lo que está en juego es de un valor inmenso “la libertad y la condena” Ningún caso puede dilatarse tanto en el tiempo.

En otro caso reciente en Bella Unión, discrepan con la sentencia recaída sobre quién alcoholizado y drogado conduciendo un auto sin estar habilitado atropello y mato a un familiar.

Muy enojados por la benignidad de un acuerdo entre Fiscal y defensor.

Un año y medio de prisión efectiva y 6 meses de libertad a prueba con tareas comunitarias y tratamiento para desintoxicación.

Cuánto dinero costó la implementación del actual Código de Proceso Penal,  cuantos cargos se crearon, cuanto creció la burocracia del Estado Con todos estos inconvenientes y aspectos negativos; se justifica este CPP con su actual redacción su por aquello de:

 “Muchos presos en las cárceles liberados antes de ser condenados”.

“El juez no puede ser parte del proceso penal”.

¿Fue beneficioso limitar la actuación policial y remplazarla por la de fiscales?  Están intelectual, numérica y físicamente imposibilitados de realizar en tiempo y forma la tarea que antes desempeñaba la policía.

Con tanta encuesta y medición sobre políticos, debiera hacerse sobre éste CPP.

Hace poco se hablaba allanamientos nocturnos contrariando un plebiscito y ahora quieren crear un Ministerio de Justicia que incluirían los registros y otras dependencias del Ministerio de Cultura; las cárceles y toda la parte organizativa del poder judicial.

Todo surge a instancia de una resolución de la Suprema Corte de Justicia suprimiendo varios juzgados de Paz

Una decisión equivocada pero austera para reducir gastos que algunos legisladores y personas la quieren trasformar en otro conglomerado de cargos públicos. Continuar agrandando el Estado.

Un doble discurso, siempre se habla de achicar, de reducir gastos.

Superpoblación burocrática en un país que necesita invertir en ciencia y tecnología, que es lo único que puede marcar la diferencia e igualar  a un país chico respeto de los grandes y poderosos.

Considero irrespectuoso planear la creación de un Ministerio de Justicia, limitando y reduciendo capacidades de otro poder del Estado.

Cada nueva institución demanda gastos estructurales, locativos y una pléyade de nombramientos presupuestales. Nada se hace sin dinero.

Se hablo de trasformar en un órgano plural la Fiscalía y no hubo eco y planean otro Ministerio, cuando lo sensato sería reducir y unir cometidos aprovechando las nuevas tecnologías.

Siempre se maneja erróneamente a las cárceles fuera del Ministerio del Interior. Las cárceles son parte de la seguridad pública. Necesitan de una organización disciplinada y jerárquica.

Su primera función es cumplir el mandato judicial de privación de libertad.

Sus funcionarios deben estar habilitados al uso de la fuerza y en su caso armas.

Su personal debe ser especializado; depender del Ministerio del Interior permite mayor entendimiento con la policía.

De lo contrario se dificulta el conocimiento de la actualidad delictiva, de los reclusos y sus vínculos con el mundo externo.   

Denle mayores recursos al poder Judicial y olviden duplicar funciones.