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Desnudan cruda realidad

Marcelo Gioscia Civitate El documentado informe -que tomara estado público hace unas horas- brindado  por el Lic. Diego Sanjurjo, coordinador del Programa Integral de Seguridad Ciudadana, que tiene la finalidad de “coordinar estrategias focalizadas en la prevención policial del delito” del Ministerio del Interior, en evento que contó con la presencia del titular de esta cartera ministerial, puso de manifiesto una dura y cruda realidad sobre la reincidencia delictiva, tema que en definitiva, nos concierne a todos como sociedad. Por vez primera, los resultados de un estudio técnico profesional de estas características, dejan al descubierto datos estadísticamente comprobados. Una vez conocidos, debieran tomarse en cuenta en forma urgente y sin excusas, para lograr la verdadera disminución del delito. La valiente iniciativa, apoyada por el Ministro Heber, que pone sobre el tapete los resultados de este análisis, muestra a las claras cuán lejos nos encontramos de cumplir con el mandato constitucional consagrado en el artículo 26 de la Carta Magna, donde nuestro legislador constituyente, además de prohibir la pena de muerte, dispone que : “en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”. Del estudio a que hacemos referencia, surge que siete de cada diez personas que cometieron delitos y pasaron por nuestro sistema procesal penitenciario, reinciden, esto es un 70% de estas personas cometerán un nuevo delito y volverán a prisión y… esta tendencia en las condiciones actuales, se proyecta en el tiempo. Lo grave es además que, un 84% de los jóvenes varones de hasta 34 años, que cumplieron penas cortas, reincidirá y volverá a la cárcel dentro del primer año de haber obtenido su libertad. A medida que aumenta la edad del excarcelado, disminuye el porcentaje de reincidencia y el tiempo en que demoran en regresar a los establecimientos de detención. El estudio tomó datos desde el año 2019 y también comprobó que los uruguayos reinciden “un poco más” que los extranjeros y los hombres “mucho más” que las mujeres; de los varones excarcelados en el año 2019, un 45% de los mismos reincidió en el primer año, mientras que lo mismo hizo un 25% de las mujeres, y esta distancia se mantiene en los años siguientes. Los datos revelados demuestran a todas luces, la imperiosa necesidad de orientar las políticas públicas a evitar la reincidencia en los menores de 34 años, pues si efectivamente se lograra su reeducación, y se apuntara a la verdadera “profilaxis” del delito, disminuiría en gran forma la comisión de los mismos. Esta aspiración de nuestro constituyente, supone fortalecer y llevar a la práctica acciones tendientes a prevenir los delitos y disuadir a quienes delinquen, lo que implica no otra cosa que aplicar la ley y la justicia penal, en un marco de una coordinada, eficiente y efectiva política criminal. Los indicadores puestos ahora de manifiesto, referidos al estudio de la reincidencia y que debieran haberse tenido en cuenta desde mucho tiempo atrás, demuestran lo difícil que es auditar la actividad pública, esto es el propio trabajo en esta área tan sensible, que hace nada menos que a nuestra calidad de vida en sociedad. Pero y además, también implican un punto de partida que, a mi leal entender, debiera considerarse “histórico”, el que demandará no sólo voluntad política, sino también recursos humanos y financieros para poder implementar y focalizar estas estrategias de prevención y disuasión, las que debieran ser base necesaria e ineludible, de una política de Estado.

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