Defensa inaceptable e inadmisible
Marcelo Gioscia
Una vez más el conglomerado de izquierdas que compone el Partido de gobierno -a través de sus más encumbrados cuadros- se abroquela para defender lo indefendible. Trata de formular un relato entre romántico y omnicomprensivo, entre clasista y pobrista, en el que incluye al millón de uruguayos deudores, que no han podido cumplir con sus deudas por diversos motivos, con el que pretende banalizar las irregularidades cometidas por una de los suyos, aceptando que ha reconocido su error, que no ha cometido delito y que regularizará la situación.
Con cara de nada, argumentan que su conducta no merece reproche penal alguno, sin expresar que la contumaz incumplidora, haya gozado de un muy buen salario como legisladora durante años y que, pese a ello, ha omitido regularizar las construcciones existentes en un predio de su propiedad (que figura como baldío, pese a que existen allí tres viviendas y un contenedor) y no ha pagado los impuestos desde hace más de veinte años. Nada más alejado a lo prometido en la reciente campaña electoral, donde la imagen del actual titular del Poder Ejecutivo manifestaba “que gobierne la honestidad”, sin lugar a duda, esta situación que se ha hecho pública dejará al descubierto quién es el que gobierna. Pues si quien ocupa un lugar en su gabinete, no está dispuesta a renunciar, como debiera ocurrir, tendrá que ser él quien le solicite deje tan alto puesto que se le ha confiado. Felizmente, algunas pocas voces de este Partido de gobierno ya han manifestado su discrepancia con esta defensa a ultranza de la militante –que según manifestó tuvo otras prioridades- hoy convertida en ministro de Estado (nada menos que de vivienda y ordenamiento territorial) argumentaron no sólo que no se debía “banalizar” el asunto, ni menos “intentar tapar el sol con un dedo”, pero fueron los menos. La generalización de la irregular situación puesta al descubierto no hace más que ofender a la mayoría de los ciudadanos que con gran sacrificio, han podido construir sus viviendas, o logrado adquirirlas a través de cuotas hipotecarias casi eternas, pero que han sabido cumplir, a costa de muchas privaciones, con sus obligaciones tributarias. No sólo se trata de “un error”, de quien según manifestó “a veces se olvida que es ministra”, sino de actuar con total impunidad durante décadas, soslayando las normas y logrando un enriquecimiento injusto a costa del erario público, y de la propia institucionalidad que debiera respetar y defender como funcionaria pública. ¿Cuál será su autoridad moral para exigir al conjunto de contribuyentes, lo que ella no ha cumplido desde hace tanto tiempo? ¿Cuál es el ejemplo que su conducta brinda a la población? A nuestro leal entender, tendrá que asumir con responsabilidad y con su propio peculio, naturalmente, el costo de la regularización de esas construcciones con más el resarcimiento con intereses, multas y recargos de lo que no pagó al Estado y al Gobierno Departamental donde las mismas se ubican y en bien del interés general, y de la institucionalidad republicana, dar un paso al costado.
