La Honestidad en negro

Ricardo Acosta

Hace años que la política uruguaya arrastra un desgaste de credibilidad, pero pocas veces como ahora ese deterioro se ha expresado con tanto cinismo. La ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, es la protagonista de una situación que cualquier ciudadano común jamás podría permitirse: una casa con construcción irregular, sin declarar, sin pagar tributos municipales, sin abonar la contribución inmobiliaria, sin cumplir con los aportes al BPS ni con la obligación de tributar a Primaria.

No se trata de un error, de un descuido o de una omisión aislada. Se trata de una conducta sistemática que parece haber tenido como único fin evitar impuestos, evadir responsabilidades, burlar la ley. Lo más grave no es el hecho en sí ,que ya es grave, sino la actitud de impunidad con la que se lo afronta. Porque Cairo no solo sigue en funciones, sino que cuenta con el respaldo de su fuerza política. Porque lo que está mal en otros, parece ser apenas un “detalle” cuando ocurre puertas adentro del Frente Amplio.

A esta altura, ni siquiera sorprende. Recordamos a Óscar Andrade, senador de la República y referente sindical, enfrentando una situación similar tiempo atrás, con trabajadores en negro y obras sin regularizar. ¿Cuál fue la sanción? Ninguna. ¿Cuál fue la autocrítica? Nula. ¿Dónde quedó la prédica moral? Guardada, como siempre, en un cajón que solo se abre cuando se trata de criticar al adversario.

No es menor el símbolo. El Frente Amplio ganó las elecciones bajo la consigna de “que gobierne la honestidad”. Hoy gobierna la complicidad. Y lo que debería escandalizar a cualquier ciudadano, más allá de su color político, se transforma en motivo de justificación, cuando no en silencio cómplice.

Porque lo verdaderamente preocupante no son solo los hechos en sí, sino el doble estándar con el que se los juzga. La moral selectiva, que indigna cuando el responsable es un adversario y que relativiza cuando el involucrado es “uno de los nuestros”. El Uruguay decente que supieron prometer se diluye entre permisos que nunca se pidieron, impuestos que nunca se pagaron y responsabilidades que jamás se asumieron.

Al momento de cerrar esta edición, no se había definido si la ministra sería llamada a sala o si daría un paso al costado por decisión propia o de su fuerza política. Lo que sí está claro es que la coherencia, esa que prometieron gobernando con “honestidad”, está ausente, y que el silencio se vuelve cada vez más incómodo para quienes aún creen en las viejas consignas del Frente Amplio.

En declaraciones públicas, Cairo intentó defenderse afirmando: “No cometí ningún delito, tengo una deuda y la voy a pagar”, minimizando la situación como si se tratara de un simple olvido, equiparable a la conducta de cualquier ciudadano común. Pero su afirmación no hizo más que confirmar el problema: no hay delito, pero hay fraude ético; no hay condena judicial, pero hay una falta política. Y eso, en cualquier democracia sana, debería ser suficiente.

Mientras tanto, el oficialismo vive su propia tensión interna. Sectores como el MPP resisten su salida, mientras otros entienden que el costo político es insostenible. Yamandú Orsi, en quien recae la decisión final, evita pronunciarse con claridad. Pero cuanto más se dilata la definición, más crece la sensación de impunidad y más difícil será recomponer la credibilidad. Porque no se trata solo de una ministra. Se trata de la promesa traicionada de que algún día, efectivamente, gobernaría la honestidad.