Diputado Zubía, ante Investigadora sobre FENAPES.
“María Julia Muñóz y Wilson Netto, ahora deberán responder ante la justicia penal”
Investigaciones de comisión, presumen delito de “fraude” al haberse obtenido un beneficio económico dañando a la Administración, por uso fraudulento de “licencias gremiales.”
Redacción OPINAR
El 2 de marzo 2021, Miriam Arnejo, la ex directora del Liceo Nro. 1 de San José –ya jubilada– reveló en el informativo de Radio Carve, que el profesor de historia Marcel Slamovitz, dirigente de FENAPES, intentó justificar en 2017 más de 140 horas de ausencia de su cargo docente “bajo el encubrimiento de un integrante del Consejo de Educación Secundaria, que dispuso el archivo de una causa abierta en su contra” según denunció el semanario BUSQUEDA en su edición del 20 de enero de este año.
La mencionada docente, directora del Liceo de San José, aseguró a Radio Carve, que la justificación de Slamovitz, era una “práctica sistemática” durante la anterior administración.
La situación denunciada por Arnejo no pasó desapercibida para la cámara de Diputados, que votó una comisión investigadora sobre esta supuesta irregularidad, integrada –entre otros legisladores– por el diputado de Tercera Vía, Gustavo Zubía.
OPINAR conversó con el legislador de Tercera Vía del Partido Colorado, quien por su condición de ex Fiscal, abordó la investigación en forma profesional y apuntando con sus preguntas a develar el entramado en torno a las aparentes irregularidades en las licencias sindicales en el ámbito de FENAPES, de las que a partir de ahora será la justicia quien tome cartas.
LAS DENUNCIAS DE LA DIRECTORA ARNEJO
“Las manifestaciones hechas públicas en 2017 por parte de la directora Miriam Arnejo del Liceo Nro. 1 de San José, en cuanto a serios problemas que tuvo con docentes de esa institución, invocando causales licencias por supuestas actividades gremiales, sobre las que la mencionada directora, tenía dudas, preocuparon a varios diputados” comenzó expresando Zubía a OPNAR, quien aseguró al semanario, que “es obligación de los representantes nacionales investigar estas posibles irregularidades y eventualmente -de encontrar mérito- proceder con dar cuenta a la justicia”. A partir de estas presunciones de la señora Miriam Arnejo, la Cámara de Diputados votó la investigadora que según Zubía “actuó con todas las debidas garantías para los testigos que concurrieron a declarar en forma voluntaria”.
El legislador líder de la Tercera Vía del Partido Colorado, dijo que, de la mitad de los invitados a exponer ante la comisión, concurrió solamente el 50% “algunas personas que en ese período ocupaban cargos de relevancia en la educación como la ex Ministra María Julia Muñóz o el ex presidente del CODICEN, Wilson Netto, no compareciendo antes los legisladores. Lo más grave fueron las explicaciones absurdas que dieron para no asistir. Los ex jerarcas consideraron que su participación no agregaría elementos importantes al trabajo de la comisión investigadora”.
UN CONVENIO QUE JAMÁS SE MOSTRÓ
Una de las “notas” dudosas -según Gustavo Zubía- fue un convenio, invocado por FENAPES para justificar las licencias gremiales “que supuestamente fuera firmado entre el CODICEN y CSEU (Coordinadora de los Gremios de la Enseñanza), pero que en todo el proceso que duró la investigadora, jamás se presentó por lo que naturalmente desconozco sus términos” señaló.
El legislador, explicó que la mayor irregularidad verificada por los legisladores, “fue – luego de escuchar a la señora Arnejo, con respecto a los 140 horas de licencia gremial de Slamovitz- la constatación de la emisión de certificados por licencias gremiales en base a un convenio inexistente, por los que los docentes no concurrían a trabajar, pero igual cobraban sus haberes amparados en el documento de marras que jamás se exhibió en el ámbito de la investigación parlamentaria”.
DENUNCIA PENAL POR FRAUDE AL ESTADO
“Se comprobó que eran certificaciones falsas, que inducían en error a la Administración y eso provocó -entre muchos otros delitos que se investigan- el de fraude, que es engañar a la Administración con certificados truchos, basados en un convenio inexistente, que habilitaba a faltar para actividad gremial. En este caso al haberle cobrado a la Administración esas inasistencias, constituye un delito de fraude al haberse obtenido un beneficio económico dañando a la Administración” denunció Zubía a OPINAR.
Con respecto a la decisión de pasar los obrados a la justicia y efectivizar una “denuncia penal” Zubía explicó que las consecuencias pueden llegar hasta “la formalización de los involucrados en el expediente, por los delitos que los legisladores denunciantes estimamos puedan haber existido o por otros delitos que el Fiscal y el Juez podrán evaluar”.
Para finalizar, dijo confiar en que la justicia podrá tomar otras acciones investigativas que a la comisión de Diputados no les están permitidas “en el ámbito del poder legislativo si un testigo se niega a contestar o a comparecer -como fue el caso de Muñóz y Netto- están amparados, al carecer los legisladores elementos que obliguen a los testigos a declarar” concluyó.
