Censura y subversión
César García Acosta
La directora del Teatro Solís, Malena Muyala, accedió a ese cargo en forma directa y sin el peso de la sana competencia. El llamado público convocado antes de que fuera contratada, se lo declaró desierto el 14 de diciembre de 2020; apenas 15 días después, el 29 de ese mes, la Intendenta Carolina Cosse rechazó las apelaciones presentadas por varios de los postulantes, abriendo de este modo la puerta a una contratación directa que, lejos de aventar las dudas, desparramó en el «mundillo» cultural más sospechas que certezas. En este contexto desde hace casi tres años, Malena Muyala carente de antecedentes relevantes como gestora cultural, y apenas con el rótulo de interprete tanguera, accedió al máximo cargo de la gobernanza del teatro de mayor relieve del país. Con este episodio la directora del Solís reveló carecer de la formación suficiente para cohabitar en la institucionalidad pública, subvirtiendo el orden legal imponiendo en su gestión su voluntad política por sobre el derecho, afectando tajantemente el principio de la libertad de expresión. Literalmente expuso a un artista a la picota, y a la vergüenza pública, dejando en evidencia la arbitrariedad y las decisiones políticas por sobre las jurídicas.
Al alegar la directora Muyala que un documento del Congreso de Intendentes fue la guía en la que se sostuvo su decisión, dejo en claro que lejos de mirar al arte en su perspectiva cultural, lo ha hecho discrecionalmente designando en un cargo contratado a una militante política.
El documento al que se refería Muyala en sus intervenciones se titula «Guía del lenguaje inclusivo», y su objetivo son las intervenciones del ámbito institucional de cargo de sus funcionarios, el que no afecta –ni debe incidir- sobre las obras, sus críticas, fundamentos o textos constitutivos. La obra de arte, el producto cultural, jamás debe mirarse como parte del arte promovido, sino como componente individual e intransferible de la Administración municipal.
Siguiendo estas pautas, expresa la publicación del Congreso de Intendentes que, como sugerencias para incorporar un lenguaje inclusivo, debería tenerse en cuenta en sus intervenciones públicas –al margen de las obras artístico/culturales- que «para lograr un lenguaje inclusivo en la redacción de un texto, en los documentos y en la información que se publica en los sitios web, deben utilizarse expresiones neutrales en términos de género: elegir un sustantivo neutro o genérico, colectivo y epiceno, es decir conceptos que pueden implicar tanto a hombres como a mujeres, evitando el uso de expresiones que conlleven estereotipos de género.»
En este sentido, la publicación da cuenta que siempre que sea posible la Administración deberá adecuar «la estructura de una frase: buscando modificarla para que sea sensible al género, evitando los adjetivos masculinos genéricos, así como la concordancia gramatical correspondiente.»
Para concretar esta política municipal el Congreso apuntó a que para aplicar esta tendencia en las intervenciones gubernamentales, «otra opción puede ser retener tanto la forma femenina como masculina, utilizando ambos sustantivos y artículos. Es recomendado alternar el orden de los artículos femenino y masculino para dar igual precedencia tanto a uno como a otro.» En general la dirección del Teatro Solís sostiene que las recomendaciones generales, encuadran en recurrir al uso de la voz activa y los verbos activos para mostrar el empoderamiento de las mujeres; y a prestar especial atención al uso del vocabulario que se refiere a la identidad de género y la orientación sexual, así como a los roles / atributos en la sociedad (Fuente: ONU Mujeres).
Considerando estas pautas, y con la mira puesta en la planificación para generar información, la mejor estrategia para generarla con calidad, es trabajar por la igualdad: «buscará aplicar esta mirada específica a cada una de las etapas del ciclo de un proyecto es lo ideal pero también es posible que se aplique al menos en alguna de ellas. Esto en definitiva permite obtener información valiosa sobre la situación específica de las mujeres a las que alcanzará nuestro proyecto. En la medida de lo posible todos los indicadores que se obtengan deberían ser desagregados por sexo, para permitir una comparación adecuada.»
A 36 años del episodio de censura del artista plástico Oscar Larroca, la Intendencia de Montevideo y el MEC vuelven a protagonizar hechos de individualismo político y poco afinados criterios administrativos, que lejos de perderse en el tiempo, reavivan las demandas contra un Estado prepotente. En aquéllos años el Uruguay apenas había ingresado a la nueva democracia, pagando caro el costo de los años de arbitrariedad, sobre todo cultural. Hoy, después de 33 años de gobiernos frenteamplistas, admitir un acto de censura de esta naturaleza, puede resultar un agravio político aún mayor, que podría costarle caro –hacia adentro y hacia afuera de la coalición de izquierdas- a un Frente Amplio rumbo a las elecciones.
