El caso Pluna en los tribunales internacionales
Condena a un negocio indecente
César García Acosta
El Estado uruguayo fue condenado a pagar a la empresa panameña Latin American Regional Aviation Holdings (Larah) 30 millones de dólares, más intereses que elevan ese monto a unos 80 millones de dólares, por el cierre de la aerolínea de bandera PLUNA, en el año 2012. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal arbitral del Banco Mundial, falló a favor de Larah, que había reclamado una compensación por la liquidación de PLUNA, en la que una empresa de su propiedad tenía acciones junto con el Estado uruguayo. De esta demanda y juicio perdido, si algo debe quedar claro, no es que estos dineros vayan a manos de trabajadores indemnizados en sus derechos, sino a las arcas de una empresa panameña creada para generarle al Uruguay obligaciones ineludibles por haberse transformado en su garante, para terminar quebrándola a los pocos días. Un episodio con un ministro de economía y el presidente del banco de la República condenados por la Justicia, son prueba suficiente de la antipolítica. Este fallo no puede merecer la justificación simple y llana, sino el más amplio cuestionamiento por la acción indebida de un gobierno que lejos de mostrarse progresista en sus ideas, no fue más que un instrumento del poder económico internacional.
En su fallo, el Ciadi señaló que el Gobierno de José Mujica, «vulneró los derechos de la compañía Larah y violó sus obligaciones internacionales mediante un trato injusto, no equitativo y expropiatorio» respecto a la aerolínea y su inversor, Latin American Regional Aviation Holding. La empresa panameña había presentado un recurso ante el Ciadi en mayo de 2019, en el que solicitaba el resarcimiento por 860 millones de dólares por la clausura de la aerolínea en 2012.
Conocido este fallo, Mujica se pronunció alegando que «es el precio que pagamos por la dependencia, los latinoamericanos hemos logrado hacer una corte sobre derechos humanos, pero en materia de derecho comercial dependemos de los fallos en la justicia del mundo rico», (VTV Noticias).
Mujica defendió el cierre de la aerolínea como la única solución posible para enfrentar la situación que atravesaba, diciendo que «Pluna era una cosa que estaba muerta hace una década», dando a entender, a modo de defensa, que todo lo que se había hecho en gobiernos anteriores para tratar salvarla, como la asociación con Varig, lo único que hizo fue agravar el asunto.
«Los gobiernos son responsables, pero con eso no arreglamos nada, porque es una pérdida de valor para el gobierno uruguayo», remarcó, agregando –a modo de justificación- que «algún día puede ser que las generaciones que vienen se aviven y se pueda crear una corte de derecho que obligue a las empresas multinacionales y a la inversión de afuera a pleitear acá».
La historia de PLUNA
En 1936 se creó la empresa Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea (Pluna) la que fue estatizada en 1951, la que volvió a incorporar capitales privados en 1995 cuando se asoció con la brasileña Varig. En 2006, durante el primer mandato del presidente Tabaré Vázquez, Varig quebró y el Estado uruguayo absorbió el 49% del paquete accionario que la brasileña poseía en Pluna.
En 2007, el 75% de las acciones de Pluna fue adquirido por la firma de inversiones Leadgate y el 25% restante quedó en manos de un ente estatal. Pero cinco años después, ya bajo la presidencia de Mujica, Leadgate anunció su retiro de Pluna, que pasó a un fideicomiso mientras el Estado uruguayo buscaba un socio para capitalizar a la compañía.
El 6 de julio de 2012 el gobierno de Mujica decidió liquidar la aerolínea por insolvencia financiera. El reclamo ante el Ciadi se registró el 23 de mayo de 2019, bajo el segundo gobierno de Vázquez. Larah, entonces propietaria de Leadgate y domiciliada en Panamá, demandó al Estado uruguayo ante el tribunal arbitral internacional invocando la violación del Convenio de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Uruguay y Panamá, de 1998.
Haber promovido una empresa gestora -como Leadgate- a la que se garantizó su operativa de compra de los aviones afectados a PLUNA más el suministro a cuenta abierta del combustible para sus aviones, es lo que la Justicia terminó mirando con una visión muy crítica a la hora de imputarle al gobierno una manifiesta responsabilidad.
Algo más que una anécdota
Antonio Álvarez Hernández, dueño de Cosmo, una pequeña aerolínea uruguaya con solo dos aviones, que ofertó en 2012 un total de 137 millones de dólares por las naves de Pluna y luego desapareció, sostuvo que participó como testaferro de la subasta en un plan que involucra al gobierno uruguayo y al empresario argentino dueño de Buquebus, Juan Carlos López Mena. Ahora los denuncia porque no le pagaron la comisión que le prometieron.
Según el diario El País, Álvarez Hernández sostuvo que accedió a prestar el nombre de su empresa a cambio de u$s 13,7 millones, pero como solamente recibió u$s 500 mil, entonces decidió denunciar públicamente lo que, siempre según su versión, fue un negocio arreglado entre el gobierno uruguayo y el empresario López Mena, al que fue invitado a participar.
Álvarez Hernández dijo que en 2012, el empresario Calvo Sánchez, que residía en España, le ofreció un negocio en nombre de López Mena. La operación consistía en que Álvarez Hernández prestara el nombre de su empresa Cosmo para fingir la compra de siete aviones de una liquidada aerolínea uruguaya. Dijo que aceptó ser parte del negocio porque a cambio recibiría u$ 13,7 millones, una cifra que era similar a lo que Cosmo facturaba en un año.
“Él (Juan Carlos López Mena) no los podía comprar porque el gobierno se los quería vender con deuda y empleados. Y evidentemente Buquebus quería solo los aviones. Entonces, aparece Cosmo que los compra pero se los lleva de Uruguay. Ahí aparece en escena López Mena que se ofrece a comprar los aviones para que se queden en Uruguay pero por menos dinero”, sostuvo.
Álvarez Hernández reconoció que aceptó el negocio “por dinero” y porque era “bueno para todo el mundo”. “Para mí no era un negocio sucio, solo tenía que poner la cara y a cambio me llevaba 13,7 millones de dólares. Yo tenía que comprar, pero antes de hacerlo me los recompraban a mí”, explicó.
Volviendo a Leadgate
Leadgate, el accionista privado, depositó sus acciones (75%) en un fidecomiso de administración a cargo de la bolsa de valores de Montevideo. «Lo harán por su voluntad y también le darán la instrucción a fiduciario de actuar por instrucción de Pluna Ente Autónomo. El socio privado entregará las acciones y no va a recibir precio alguno por ellas», señaló.
En el memorándum también se establece que Jazz tiene 30 días para decidir si compra el total del capital accionario del privado.
Además, con esto –y quedó probado a todas luces- se pretendió asegurar indemnidad e impunidad a la empresa y sus directores ante la Justicia Civil. «No vamos a tranzar en las situaciones donde haya alguna situación delictiva. Lo demás es pasible de juicio moral, pero no legal. Uruguay está lleno de gente que hace buenos negocios y malos negocios. Los que hacen malos negocios no tienen responsabilidad por eso, salvo en las pérdidas que tienen. La principal responsabilidad que está pagando es Leadgate es que sus acciones son entregadas a un fidecomiso a cambio de nada. Esa es la mayor penalidad que pueden recibir. También su gerente general ha sido despedido de la empresa», sostuvo el titular de la época del Mtop.
El nuevo directorio se integró con seis miembros. Tres eran los directores de Pluna Ente Autónomo, a quienes se sumaron el entonces presidente Fernando Pasadore, el vicepresidente Ignacio Berti y el director de la oposición, Daniel Delgado Sicco. Junto a ellos se sumaron el director general del Mtop, Pablo Ferrer, el director general del Mef, Pedro Apezteguía, y el asesor de Pluna Ente Autónomo, Marcelo Alonso.
Sin embargo, el lugar del gerente general de la empresa, Matías Campiani, fue ocupado por Sebastian Hirsch, su número dos. Esta integración es la que se entendió en su momento que generaba indemnidad, porque de hecho con una integración de este porte se restringió la posibilidad de las debidas acciones contra el socio privado que se fue de la empresa.
