El juez oscurantista

Fátima Barrutta

Hay que empezar por recordar lo obvio: la democracia uruguaya se fundamenta en la división de poderes que, desde Montesquieu en adelante, mandata que ninguno de los tres poderes pueda dominar a los restantes. En su independencia está la fortaleza del sistema. De modo que no corresponde ni al Ejecutivo ni al Legislativo desacatar un mandato que surja del Poder Judicial.

Dicho esto, debemos recordar también que el sistema se nutre de la libertad de expresión, esto es, la posibilidad de divulgar opiniones sin limitación alguna, más que la que pueda surgir de las leyes vigentes. Por eso el secretario de Presidencia Álvaro Delgado ha dicho con claridad que la decisión de interrumpir el plan de vacunación a menores de hasta 13 años será acatada, pero esto no impide que tanto desde los restantes poderes del Estado, como por parte de la opinión pública, se califique a la medida de un verdadero disparate.

Porque si algo ha logrado la insólita sentencia del juez Alejandro Recarey, fue unir prácticamente a todo el espectro político del país en una misma protesta. Tanto el oficialismo como la oposición, tanto el GACH como el Sindicato Médico del Uruguay, las sociedades de especialidades médicas y el sector científico en general, han sido contestes en el grave daño que esa decisión judicial infiere al exitoso programa de control y prevención del covid que ha desarrollado el gobierno.

Las únicas voces que se alzan a favor de la sentencia provienen de ciertos militantes antivacunas, como el doctor Salle y el diputado Vega, así como de un par de legisladores de Cabildo Abierto que parecen no advertir que a su mismo partido político pertenece uno de los máximos defensores e impulsores de la vacunación, el ministro de Salud Pública Daniel Salinas.

Es verdad lo que muchos dicen: ayer fue un día negro para la salud en Uruguay.

Al cancelarse por sentencia judicial la posibilidad de que 5.800 niños recibieran su segunda dosis, se pone en serio riesgo a aquellos que tienen determinadas comorbilidades, como inmunodeprimidos, oncológicos o con síndrome de Down.

La irresponsabilidad del magistrado pasará a los anales de la justicia uruguaya: no es casual que la noticia se haya replicado en todo el mundo, empañando el prestigio de nuestro país y alentando el oscurantismo criminal de los antivacunas.

Aquí, en Uruguay, son ellos quienes aplauden y festejan la medida.

 Los mismos que en plena pandemia, cuando se avizoraba al fin la llegada de las vacunas, empezaron a hacer manifestaciones pequeñas pero ruidosas, con gente que no usaba mascarillas faciales y que al paso de distintos representantes del gobierno lanzaban insultos antisemitas y homofóbicos. Parecían no advertir que la pandemia (para ellos un invento de “los poderosos” y “la prensa”) mató a 7.000 uruguayos, muchos de ellos jóvenes, por culpa de una propagación que se acentuaba en esas mismas manifestaciones y en la incredulidad de quienes jugaban a un pueril conspiracionismo.

La decisión de ayer llegó al extremo de amparar el derecho de dos ciudadanas extranjeras a entrar al país sin vacunación y sin obligación de someterse a hisopado. Y prohíbe que los niños se vacunen aun cuando los padres así lo decidan, tratándose además de una decisión voluntaria y no coercitiva.

Sorprende y desalienta que en el “cuestionario” que realizó el juez al MSP haya una pregunta sobre si existen “componentes nanotecnológicos” en la formulación de la vacuna Pfizer.

Esa extravagante consulta obedece a que una de las fake news más populares que irresponsablemente viralizaron las redes, en plena pandemia, hablaba de que Bill Gates implantaría un chip microscópico en ella, para controlar a las personas.

Una estupidez mayúscula que personas neófitas repetían, pensando que así pasaban por inteligentes.

Felizmente, ni en Uruguay ni en ningún otro país esa fake news tuvo credibilidad alguna. Gracias a ello, el plan de vacunación fue rápido y exitoso y la letalidad de la pandemia descendió favorablemente.

Todos podemos decir con seguridad que nuevamente, la investigación científica y el desarrollo tecnológico salvan a la humanidad.

Del lado de los oscurantistas, de los que se dejan llevar por las teorías conspirativas más torpes, se logra convencer a un juez que, con su decisión intempestiva, pone en riesgo la salud de los más débiles.

Ojalá la apelación se procese en el menor tiempo posible para que el sentido común vuelva a primar entre los uruguayos.