El Partido Colorado y su dinámica de silencio
César García Acosta
Se dice -antes y después de cada elección- que la clave siempre debe ser consensuar las “Políticas de Estado”; sin embargo, la menor inversión de los partidos políticos -de todos, sean o no gobierno- precisamente se centra en la omisión para conformar elencos estables más dedicados a las ideas, que a las acciones de gobierno. De dedicarle más tiempo al debate de las ideas, habría muchas más instancias de diálogo para acordar lo posible en el contexto de lo necesario. El Partido Colorado con muchos de sus silencios no está perdiendo identidad, sino construyendo un espacio nuevo más moderno y de alternativa gubernamental.
Pero las voces agitadas existen y quizá por eso resulta tan reiterativo en el mundillo de la política, que ante cada elección alguien alegue en favor de esa manía reformista de la Constitución de la República, como panacea para la solución de todos los males que aquejan al país.
CABILDO ABIERTO en su afán por posicionarse deliberadamente por el costado de la coalición de gobierno, ha insinuando durante meses -y ahora lo ha concretado- hacer una consulta popular para reformar la Constitución para limitar el mentado tema la usura, los intereses bancarios desmedidos y las vías de apremio que adoptan como mecanismo de cobro, los prestamistas que por fuera del sistema financiero tradicional, léase los bancos, crean financieras que desoyendo al clearing de informes o al sistema valorativo del crédito del Banco Central, califican a los potenciales clientes que se acercan a sabiendas que al término de 12 meses pagarán más por intereses que por el capital inicial al que accedieron.
Pero para lograr un objetivo ineludiblemente hay que instrumentar primero el canal que se adoptará para que tanto “medios” como “fines”, no se transformen en un boomerang imposible de eludir. Si regular el crédito supone imponer al mercado financiero reglas -desde el Estado- para limitar su desmedido accionar, eso sólo restringirá el acceso a la voluntad de otorgarlo, porque ese mismo Estado que pretende proteger al más vulnerable, en este caso el consumidor del crédito, no estará permitiendo el libre relacionamiento de las partes de un contrato que deben interactuar en plena libertad de acción. El Estado debe proteger y para hacerlo debe insertarse en el derecho como un agente más sujeto a tutela. Por eso, el Estado, más que imponer, lo que debe hacer es apelar a la información y denunciar los excesos con nombre y apellido, no ocultando los nombres de las financieras y de sus propietarios cuando éstos se exceden para obtener por renta más de lo que se considera razonable.
No hay juez, diputado, senador o presidente que pueda más que una potente campaña de información ciudadana; y no habrá mejor socio para quien haya caído en la depresión financiera, que el otorgamiento de reglas firmes a futuro.
No habrá ley que pueda sacar del ostracismo a quienes hoy están en el clearing o son deudores contumaces, simplemente porque la ley no puede ser retroactiva y porque de serlo sería tan inconstitucional como la materia que pretende regular.
Decía Enrique Tarigo en referencia a las manías reformistas de los uruguayos en materia constitucional, que “los grandes partidos políticos que han hecho el país desde que el país existe, incurrieron, con buenas razones alguna vez, con razones equivocadas otras, en esta manía reformista, una y otra vez, en 1918, en 1934, en 1942, 1951. El régimen de ipso se incorporó a esta alegre tesitura de que para mejorar las tantas cosas que hay que mejorar en el país es necesario reformar la Constitución, una Constitución que para entonces ni regía ni se cumplía.
Recordaba Tarigo que “un sistema de instituciones tiene siempre un alma, un espíritu, y ningún sistema de instituciones funciona bien en cuanto los hombres llamados a ejercer el poder no comprendan con exactitud cuál es el espíritu o el alma de ese sistema”, decía Aréchaga a propósito de la Carta de 1942, agregando poco después que “todo sistema democrático a base de partidos requiere de los partidos de la oposición que no confundan el ejercicio del contralor bien intencionado sobre los actos de gobierno, con el escándalo sistemático que compromete el prestigio de las instituciones”.
Volviendo al Uruguay de la COALICIÓN REPUBLICANA, el de julio de 2023, cada uno de sus integrantes deberían velar más por retomar la senda de los acuerdos y de las relaciones horizontales, dejando la verticalidad -que es la otra opción de las relaciones interpersonales- para instancias de ruptura que poco o nada tienen que ver con la cohabitación política.
A nadie en su sano juicio debería ocurrírsele verticalizar las acciones políticas en una coalición, y tampoco los silencios deben constituirse como una estrategia ante el embate encarnizado de quiénes sabiéndose minoría, optan por tener más voz que aquellos más legitimados por el voto ciudadano.
De ahí la actitud colorada y lo que damos en llamar “la dinámica del silencio”, la que lejos de constituirse en una debilidad, debe observarse desde una perspectiva vanguardista que con su sola existencia, al igual que en cualquier música, los silencios bien aplicados conforman parte esencial de cualquier melodía.
