La economía bajo sospecha
César García Acosta
Del “camino de los quileros” a un intendente que en 1958, con camiones municipales y para abaratar los precios de una canasta básica que permitiera revenderlos en Uruguay, al costo brasilero a sus coterráneos, a lo que propone el Intendente de Salto, Andrés Lima, quien promueve una ley que habilite lo que llama “microimportación”, hay una línea delgada línea que separa el derecho de la ausencia del Estado. Disfrazar al contrabando legalizándolo en la frontera con Argentina traspasaría la barrera de las asimetrías regionales. Mientras tanto, la economía uruguaya se desenvuelve entre la reducción parcial y transitoria del IVA a los panificados y las carnes con hueso, o la búsqueda del menor impacto de la inflación sobre los combustibles, a una concertación sobre los precios. Gobernantes y gobernados asisten perplejos al incremento de inflación mundial y esto pone en jaque a la cotidianeidad familiar. Los fijadores de precios en Uruguay se plantan convenientemente tras las bambalinas del remarcado de sus productos en las grandes superficies comerciales, al tiempo que los comerciantes minoristas piden como solución la habilitación municipal de la venta fraccionada: no se trata de incidir en el gasto sino en la cantidad de lo que se comercializa. Todo es incertidumbre y esa es la base del caldo de cultivo de todo proceso inflacionario. Tanto el banco central con sus tasas de interés, como la negociación salarial que pueda darse en el ministerio de trabajo, queda bajo la sospechas de un proceso que deja en evidencia deslices tales como el escaso impacto que pueda tener la reducción del IVA temporal, frente al incremento de un mercado que, bajo la duda, seguramente ajustará al alza las pretensiones de los reclamos laborales como de los precios al consumo. En el comercio local, en los restaurantes, por ejemplo, ya es `vox populi´ que si el consumidor paga al contado en vez de con tarjeta, las rebajas son del 10%, a contrapelo de lo que sucedía hace unos meses donde pagar menos sólo ocurría si se abonada con tarjeta de débito o de crédito. La lucha que encierra precios, formas de pago e intermediación financiera desata actitudes focales como la de los estacioneros de Maldonado, los que solo venden combustible contra dinero en efectivo.
Osiris Rodríguez Castillos, casi con seguridad el mejor pintor de palabras del Uruguay profundo, recreó en versos la frágil realidad económica de un país dependiente de su entorno. Una de sus canciones deja en evidencia el periplo de las vivencias por el tipo de cambio en las fronteras: el “Camino de los Quileros” alude al contrabandista de frontera en Aceguá, Cerro Largo, quien dependiendo de un salario, debe pagar la luz, el agua, sus expensas, el techo y la comida. Por eso el poeta lo describe como un actor necesario, aunque ilegal: “Hay un camino en mi tierra/Del pobre que va por pan,/Camino de los quileros/por la sierra de Aceguá,/tal vez, sin ser bien baqueano/cualquiera lo ha de encontrar,/pues tiene el pecho de piedra/pero el corazón de pan.”
Igual que en Aceguá se vive lo mismo en Rivera o en Bella Unión en los límites con el Brasil, pero también en Salto, Paysandú, Mercedes o Fray Bentos por sus cercanías con Argentina. De este lado del río se siente la variación de los precios por la incidencia de un tipo de cambio que pone en jaque a los gobernantes locales. Desde las tasas de interés de los yanquis como consecuencia de una economía dolarizada, a la incertidumbre de la guerra entre Rusia y Ucrania al otro lado del mundo, la incidencia en el precio de trigo llegó rápido al precio de los bizcochos en los barrios más populares de todas las ciudades del Uruguay.
A tal punto el debate inflacionario copó la literatura internacional como la nuestra, que en Uruguay el Gobierno y el Parlamento se enfrascaron –como si fuera el más importante de los debates a tener- en la quita del IVA a los productos de primera necesidad como los panificados o algunas carnes, apenas por 30 días. Aunque parezca paradójico, las grandes superficies en la contracara de estas medidas, han venido remarcando descaradamente sus precios ante la pasividad de todos, haciéndolo, incluso, en contra de la máxima que indica que sólo un aumento en el poder adquisitivo es quien amerita un mayor consumo, el crecimiento de la economía y con ello la mejora en la recaudación impositiva.
Pero para que esto ocurra debería haber quien pague ese crecimiento. Si no es así, como sucede en Uruguay, la suba de los precios acarrea una burbuja para la desocupación que produce el efecto contrario: la baja del consumo. Ignorar las leyes de la economía puede tener consecuencias como las que están ocurriendo en Argentina, donde la inflación de marzo trepó al 6,7% que al año significa un 16,1%, lo que determina una pobreza de 37% que revela una indigencia de 10%.
Por eso, cuando vemos la luz amarilla de la advertencia en el semáforo imaginario de la economía, debemos mirar con atención informes como el de la consultora Radar Scanntech, que hace unas horas dio cuenta que cayeron las compras en los 19 departamentos del país para todas las “familias de productos”. Las ventas se vieron golpeadas de manera puntual durante el tercer mes del año. En el primer trimestre de 2022 se registró una caída del 3% del consumo en supermercados y autoservicios del país.
El informe también refleja un descenso en el volumen de las ventas del orden del 6% en comparación con el mismo período del año anterior. Sin embargo, la facturación mostró un crecimiento de 8% en el primer trimestre del año, en comparación con el mismo período.
Los indicadores de la inflación de 2022 han sido mayores a los correspondientes al mismo mes del año anterior. Por primera vez en el año la inflación en los últimos 12 meses es superior a la de los 12 meses del año móvil cerrado el mes anterior. Las consecuencias de la guerra se reflejan en ese indicador de marzo. Las principales incidencias en la evolución mensual han estado dadas por Alimentos y Bebidas no Alcohólicas. Después aparecen Transporte, Recreación y Cultura, Educación, Restaurantes y Hoteles y Bienes y Servicios diversos, todos ellos varios escalones más abajo que los Alimentos. Dentro de los Alimentos es notable la suba de los panificados, de la carne, de la leche, huevos y quesos, de las legumbres y hortalizas, y de las frutas.
En este contexto las medidas del gobierno sobre la postergación del IVA y del volumen del aumento de los combustibles y las tarifas, son algo así como sumergirse en el fondo de las aguas de una piscina, para tomar fuerza para relanzarse hacia la superficie, o bajar un escalón para volver a subirlo. Esta quita del IVA, se sabe, de antemano, es algo transitorio que no constituirá la baja del pan o de las carnes en un 10%, sino que apenas oficiará como palanca para que ese porcentaje no suba los precios como estaban proyectados.
Mientras esto sucede el Intendente de Salto, Andrés Lima, lanzó una serie de propuestas que mucho se aproximan a las que en 1958 llevaron a `Nano´ Pérez a la Intendencia de Cerro Largo. Saviniano Pérez (Nano), cuenta la historia, llegó a firmar decretos municipales en papel de estraza. En su primera Intendencia, impresionado por la pobreza que sufría la gente de los barrios, halló una peculiar forma de abaratar el costo de vida: utilizó los camiones de la Intendencia para traer mercadería desde Brasil (de contrabando), que luego vendía al costo en puestos municipales.
Los ejes de la propuesta de Lima, al igual que las de Nano en 1958, sobre la base de una microimportación de productos básicos, en buen romance constituyen una alteración del mercado, para que el pequeño comerciante de frontera pueda comprar mercadería del lado argentino y revenderla en nuestro país con pequeño arancel del 5% para equilibrar los valores de los alimentos. De esa manera, el comercio del litoral podría competir en otras condiciones bastante similares a las del “camino de los quileros”. La idea del `bagashopping´ salteño se perfecciona sobre la base de las asimetrías fronterizas que en realidad alcanzan a nueve de los diecinueve departamentos del país.
