Empresas trasnacionales y DDHH
La Comisión de Derechos Humanos el 8 de diciembre del año pasado, analizó un tratado vinculante para empresas trasnacionales en materia de derechos humanos En el marco de una propuesta colectiva, que se vincula con lo que se viene haciendo en Naciones Unidas, en la que se problematiza lo que implica la falta de regulación de las empresas transnacionales y la incidencia que tienen los Estados ante la sociedad y los ciudadanos del mundo, concluyó en que en Uruguay no hay una regulación determinada en la acción, en la forma de proceder de estas empresas que son enormes y que en muchos casos tienen ingresos más importantes que los PBI de muchos países como, por ejemplo, Uruguay. Por tanto, se plantea de qué manera se puede generar algún tipo de regulación en esta materia vinculada con la construcción de la agenda de derechos humanos, sobre todo con esa impronta que le ha dado la Organización de Naciones Unidas.
Lo que viene desarrollándose es la calidad de la democracia que tenemos a nivel mundial. Esto tiene que ver con la capacidad de decisión que tienen los Estados, en primer lugar, y los ciudadanos en general, en la medida en que hay cosas a las que, por ahí, no pueden llegar en temas que los afectan realmente. Capaz que el ejemplo de Ecuador es un tema bien gráfico de cómo los afecta la participación o la inclusión en estos Estados, en nuestra realidad de grandes corporaciones a las que no podemos llegar a regular si hubiera alguna situación que lo amerite, que puede ser un impacto ambiental o distintas situaciones que nosotros entendemos que pasan por la calidad de la democracia y cómo podemos, de alguna manera, resolverlas entre nosotros, en este caso, los uruguayos y las uruguayas. Esto tiene su repique a nivel del mundo. Nosotros entendemos que la defensa de la legislación nacional y de la vigencia del Estado nacional, hace a la cuestión de la democracia, porque no hay legislación o no hay ámbito vigente que pueda realmente regular esto de se que estaba hablando, porque las Naciones Unidas también tienen muchas dificultades en esto. Muchas veces, los Estados no se ponen de acuerdo en cómo afrontar distintas situaciones y esto ha quedado a la deriva, con una enorme concentración de poder desde el punto de vista económico que las grandes corporaciones van teniendo. La concentración de enormes corporaciones que tienen miles de millones de dólares es muy importante. Para el Parlamento, con nuestro PBI, con nuestros recursos, no podemos hacerles frente. Eso como un marco de trabajo que tiene que ver, además, con la forma en que nosotros organizamos la civilización actual, cuáles son y cómo ordenamos los factores de poder que existen en cada sociedad y a nivel mundial. El tema es cómo abordamos esas situaciones, más allá de la mirada que podamos tener unos y otros políticamente y desde qué lugar nos paramos. Nosotros entendemos que es una situación que nos es común, en la que todos muchas veces somos víctimas.
SEÑORA REPRESENTANTE GALÁN (Lilián).- Les traje más que mi presencia, un regalito. Se trata de un libro impreso acá en el Parlamento, en la legislatura pasada, por la Escuela de Gobierno. Se hizo un encuentro con actores internacionales y organizaciones nacionales de la sociedad civil para trabajar sobre este tratado vinculante.
Voy a hacer un poco de historia. En el seno de las Naciones Unidas, en Ginebra, se ve la necesidad de crear un tratado jurídicamente vinculante, que obligue a las empresas transnacionales a cumplir los derechos humanos. ¿Por qué esto? Los países que han firmado los tratados internacionales de derechos humanos, obviamente, están obligados por ellos a cumplir con los derechos humanos. Pero ¿qué pasa por parte de las empresas transnacionales? Digo empresas transnacionales porque las empresas nacionales se rigen por la legislación nacional. Por lo tanto, en nuestro país, que tenemos una legislación nacional tan avanzada, las empresas nacionales, cualquiera de ellas, se rige por la legislación nacional. Pero, ¿qué pasa cuando se instala en cualquier país una empresa transnacional? Existen principios rectores a nivel de las Naciones Unidas, pero que no tienen jurídicamente ningún vínculo. Entonces, es como los diez mandamientos: no matarás, no robarás… Pero ¿qué pasa si lo hacen? No pasa nada. No pasa nada y se va a tribunales internacionales a ver qué se decide.
Les cuento esto porque un ejemplo es el caso Chevron. Hace veinticinco años, en Ecuador hubo un accidente de derrame de petróleo que afectó a muchas comunidades, las dejó sin trabajo, y las dejó desplazadas. El gobierno de Ecuador va a los tribunales internacionales a pedirle a la empresa que indemnice a esas comunidades. Cuando a la empresa después de varios años de litigar a nivel internacional le dicen que tiene que indemnizar, ¿qué pasa con Chevron Ecuador? Tenía $ 425 en su cuenta. Claro, el velo corporativo hace que se haya ido contra Chevron Ecuador, pero no contra la matriz. Entonces, Ecuador hace veinticinco años que está litigando como gobierno, como Estado, contra Chevron para que indemnice el daño que generó a la Amazonia, a sus ríos, y a las comunidades afectadas en Ecuador. Si existiera un tratado jurídicamente vinculante, eso no hubiera pasado, porque hubiera estado obligado de entrada a cumplir con los derechos humanos y a no violarlos.
Hay un caso de una empresa transnacional que se instaló en Nepal -pongo este ejemplo porque es bastante gráfico-, donde literalmente se cae la fábrica y mueren una cantidad de niños y mujeres que estaban trabajando en negro. Entonces, ¿quién se hace responsable del cumplimiento de los derechos humanos para que eso no pase? No es que tengan que indemnizarlos después, es para que no pase y, sobre todo, en países como el nuestro, que es muy chiquito. El presidente recién decía que el PBI de cualquier empresa transnacional es el doble, el triple que el producto bruto interno de Uruguay.
Siempre estamos necesitados de inversiones; entonces, tenemos que ver de qué manera los países pueden atraer inversiones sin violar los derechos humanos. Nos peleamos -en el buen sentido- por atraer inversiones porque las necesitamos. Entonces, no va a haber competencia por la atracción de inversiones porque todos estamos bajo un tratado jurídicamente vinculante desde el punto de vista internacional. Por tanto, cuando vengan inversiones a Uruguay, Argentina, Chile -nos peleamos con los vecinos muchas veces por atraer inversiones-, vamos a estar todos en las mismas condiciones para recibirlas. O sea, las empresas transnacionales van a estar jurídicamente vinculadas a cumplir con los derechos humanos. De esta manera, no va a pasar lo que pasó en Nepal. Creo que la empresa transnacional que se instaló en Nepal era de ropa y de calzado deportivo. Allí se necesita trabajo e inversiones, pero esto fue a costa de la vida de niños y mujeres que murieron por ese accidente que sucedió en la fábrica. Queremos que esas cosas no pasen.
Efectivamente, tenemos la resolución 26/9 de 2014 de las Naciones Unidas. A partir de un llamado de Ecuador y de Sudáfrica, que fueron los que tomaron la iniciativa, todos los países se suman -porque indudablemente en Naciones Unidas todos los países están sentados allí- a este grupo de trabajo para llegar a un tratado vinculante.
Todos los octubres a partir de esa fecha, se juntan en Naciones Unidas todos los países -evidentemente, Uruguay está participando- y han venido trabajando primero con insumos, después, con un borrador cero, y ahora ya estamos en el borrador tercero. Lo tendría que haber impreso para traérselos pero lo olvidé; lo voy a hacer llegar a los despachos o a la secretaría. Es interesante ver cómo se ha avanzado en la redacción de ese borrador. Evidentemente, para que salga, todos los países tienen que estar de acuerdo y deben firmar este tratado, así como se firman los tratados de derechos humanos, precisamente, en el seno de las Naciones Unidas.
Uruguay siempre ha tenido una posición muy a favor de este tratado vinculante. Ahora la Cancillería uruguaya está trabajando junto a la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, junto al resto de los ministerios que tienen que ver con este tema -Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Industria, Energía y Minería; obviamente, Ministerio de Economía y Finanzas, y creo que el Ministerio de Ambiente- en un grupo de trabajo al que esta Comisión está invitada a sumarse. Ya llegó la invitación hace dos jueves. Este próximo jueves, a la hora 17 y 30, en la institución de Derechos Humanos, se vuelve a reunir este grupo de trabajo que ya fijó una agenda. Obviamente, nuestra Cancillería y estos ministerios están sentados en ese grupo de trabajo que lidera la institución de Derechos Humanos, porque este es un tema de derechos humanos. Más allá de lo económico, es un tema que tiene que ver con los derechos humanos de nuestras poblaciones y de la población a nivel mundial. Por eso, allí están sentadas las instituciones gubernamentales.
Me olvidé también de nombrar a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, pero, obviamente, es fundamental la Cancillería. Como decía, las instituciones de nuestro gobierno tienen que estar sentadas allí y es muy importante que esté el Parlamento.
Yo estoy participando, pero lo hago por la Red Mundial de Parlamentarios en apoyo al Tratado Vinculante, a la cual están invitados a sumarse. Es una red a nivel mundial de parlamentarios que están a favor del tratado vinculante y que han participado con sus gobiernos en las Naciones Unidas.
Ahí, en la institución de Derechos Humanos está sentado el gobierno, pero también las organizaciones sociales que vienen trabajando a favor del tratado vinculante. Por ejemplo, Amnesty y Redes -Amigos de la Tierra.
A nivel mundial, por ejemplo, hay organizaciones de derechos humanos que tienen una mirada de género con respecto a este tema: en la invitación que llegó a esta Comisión están especificadas todas -son como veinte-, sumadas a las organizaciones gubernamentales.
Quería venir a exponer este tema, porque me parece muy importante que la Cámara de Diputados y una Comisión tan importante como la de Derechos Humanos esté sentada en este grupo de trabajo, participe y, como dice la doctora Sande -quien es la directora de Derechos Humanos de Cancillería-, es preciso que Uruguay tenga una posición país sobre este tema. Esa posición país se construye entre todos, con la interacción de los ministerios, conversando con las organizaciones sociales.
Uruguay ha participado muy activamente durante todos estos años. Este año, en octubre, nuestro país estuvo allí e hizo aportes a este tratado vinculante y la verdad es que siempre se ha venido trabajando de esta forma. Antes, la reunión era en Cancillería. Después, nos pareció que era importante que tomara la palabra la institución de Derechos Humanos y que se creara un grupo de trabajo con economistas y con las instituciones que ya nombré para hacer aportes valederos. Este año estamos haciendo aportes sobre el tercer borrador del tratado vinculante, porque el año que viene, en octubre, se va a trabajar a partir de este borrador, agregando, sacando, artículo por artículo, como se trabaja en el seno de las Naciones Unidas. En algún momento llegaremos al tratado definitivo, cuando todos los países se pongan de acuerdo, pero es muy importante que ya tengamos un tercer borrador de trabajo, porque el acumulado de estos años ha sido grande, importante y estamos trabajando sobre artículos concretos.
Digo una vez más que es muy importante que Uruguay tenga una posición país. Y me parece relevante que el Parlamento Nacional, cuando se habla de un tratado que se va a tener que votar aquí, tenga algo para decir.
