Hoy más que nunca: libertad de prensa

Fátima Barrutta

Ayer viernes escribíamos la primera versión de esta columna, intentando transmitir una visión equilibrada sobre la polémica de los audios difundidos por el periodista Ignacio Álvarez en su programa de Azul FM La Pecera.

En tiempos de redes sociales, lo obvio y natural es que la gente se atrinchere detrás de posiciones extremas e irreconciliables, y este caso no daba para eso.

Ayer comprobaba que toda la razón no podía estar de ninguno de los dos lados. Porque es muy cierto que el periodista incurrió en una indebida divulgación de documentos íntimos, que condujeron a la revictimización de la mujer denunciante.

Pero también es cierto que la presión social generada por el hecho, aún bien intencionada, avasalló la presunción de inocencia de los imputados y los expuso prematuramente a un escarnio público que era justo relativizar con estas nuevas evidencias.

En ese intento de hacer un análisis ecuánime, desapasionado y sin prejuicios estaba en la tarde de ayer, cuando trascendió la noticia de que por orden judicial se había allanado la radio Azul FM, retirando equipos y documentos, y se mandató un procedimiento similar en la casa del periodista Ignacio Álvarez.

Creo no ser la única compatriota a quien le corrió un sudor frío por la espalda, evocando épocas lejanas en que un gobierno dictatorial allanaba domicilios, instituciones culturales y medios de comunicación, censurando y persiguiendo periodistas y clausurando publicaciones de prensa.

Es absolutamente increíble, imposible, tamaña malinterpretación del artículo 92 de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género. Una cosa es divulgar y difundir videos o grabaciones íntimas sin consentimiento, un extremo que la ley prevé ante la realidad de varones y mujeres que por venganza a ex parejas las exponen de ese modo, y otra muy distinta es poner en conocimiento de la gente un elemento probatorio que resulta relevante en una discusión pública.

 El hecho es aún más grave porque arranca desde la denuncia de un conjunto de legisladores y dirigentes de un mismo partido político, que casualmente es quien más ha sido denunciado por el periodista en cuestión, a raíz de irregularidades de gestión y actos de corrupción de variada índole.

No existe ley alguna que pueda hacer caer una garantía constitucional como la que consagra la libertad de prensa. Y no lo decimos nosotros, lo acaban de confirmar en estos días destacados juristas. Bien se recordaba en estos días que ni siquiera en 1994, cuando la radio CX 44 Panamericana, que pertenecía al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, alentaba a una asonada contra la institucionalidad, ni siquiera entonces se realizaron allanamientos ni incautaciones a ese medio de prensa. Y no es casual que los dirigentes políticos del Frente Amplio que hoy aplauden esta acción aberrante, sean los mismos que otorgan legitimidad a gobiernos como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que hacen de los allanamientos a los medios y la persecución de periodistas una práctica cotidiana y sistemática.

Porque avasallar el derecho a la libre expresión no es propio de un país democrático como el nuestro; es realmente preocupante que del Poder Judicial salga tamaño error interpretativo de las leyes y semejante atentado contra la institucionalidad.

Un atentado perpetrado con el aliento de quienes nuevamente, desde el sistema político, demuestran su escaso apego a la defensa de libertades fundamentales, cuando estas contradicen sus convicciones.

En tanto, la justicia determinará si los hechos de la vivienda del barrio de Cordón fueron o no una violación grupal. No compete a ningún ciudadano prejuzgar al respecto, con base en sus propias intuiciones o prejuicios.

Lo que sí nos compete a todos es expresar fuerte y claro nuestro más enérgico rechazo a cualquier iniciativa que, agravada por motivaciones políticas, menoscabe la vigencia de la libertad de prensa.