La isla de Punta Gorda

Ante la duda, más libertad

César García Acosta

La construcción de una isla artificial en Punta Gorda, al este de Montevideo, disparó discrepancias entre la Intendencia de Montevideo (IM) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Mtop). Mientras para el gobierno nacional se está ante un proyecto privado para incentivar, para el gobierno de Montevideo es una idea para desechar. La Intendencia para anunciar su decisión sobre un proyecto que conocía de antemano, aunque alegó no haber sido consultada por el gobierno, rechazó la viabilidad de la propuesta llamada “MVD 360”. Esta iniciativa privada anunciaba una inversión de 2.300 millones de dólares en 10 años para construir una isla de 36 hectáreas, que conectaría a la rambla por un puente de 450 metros de largo, sobre la que se instalaría un puesto deportivo de 300 amarras, lotes inmobiliarios para comercios, residencias y oficinas, parques recreativos de uso público y un estacionamiento subterráneo también público.

El director de Planificación de la IM, el arquitecto Luis Oreggioni, explicó que la decisión de la IM se basó en que “el desarrollo planteado concentraría en un único lugar de la capital una enorme cantidad de viviendas, oficinas y comercios; las personas y actividades que ocupan ese espacio saldrían de la ciudad que ya existe.  No vamos a fabricar nueva población, nos preocupa el desplazamiento de la vida comercial y el trabajo, esto afectaría procesos que tienen que ver con la vida de centralidad montevideana”.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, por su parte, cuestionó –no la posición de la IM- sino la velocidad con la que la que adoptó su decisión, y la instó a rediscutir la propuesta con los inversores. Igual camino debería emprender el ministro de Ambiente, Adrián Peña, que también adujo desconocer un proyecto que a estas alturas es un “secreto a voces”.

Para Oreggioni “este sería un proyecto de alto impacto para Montevideo”, agregando que la discusión que llevó adelante Presidencia sobre esta iniciativa “nunca se hizo en conjunto con la IM”.

Desde Intendencia, se tomó contacto con la propuesta hace “más de un año” porque los inversores “nos la presentaron”, y, en ese dijo Orregioni, “accedimos al paquete completo”. El arquitecto que ocupa un cargo político en la IM consideró que no se puede dar curso a esta iniciativa “sin tener una conversación institucional”, y aseguró que no hubo ningún contacto con el Poder Ejecutivo.

Por otro lado, destacó que los aspectos ambientales y paisajísticos “no fueron considerados”. Dijo que la IM analizó las cuestiones “centrales” y lo calificó como “altamente inconveniente” para la capital del país. Al respecto precisó que esta propuesta de “gran envergadura”, implica un “cambio de desarrollo» a nivel departamental.

En el programa radial EN PERSPECTIVA, Oreggioni amplió sus conceptos en términos que conviene repasar: “El concepto de isla y el concepto de aislamiento, que van de la mano, con una altísima concentración de inversión de metros cuadrados en un formato que, más allá de sus ofertas públicas, tiende a la homogeneidad en un territorio como lo es el de Montevideo que está caracterizado por ir tendiendo a disgregarse y a fracturarnos en sectores homogéneos y a tratar de relacionarlos entre iguales y protegernos de los diferentes, un impacto de semejante envergadura es como una especie de agujero negro para Montevideo en el sentido de que esto no va a fabricar sino que va a succionar actividades que están dispersas en todo el territorio del departamento”.

Enfatizando en el concepto político manejado por él, el arquitecto sentenció: “se sugiere la idea de que este va a ser un lugar reservado a un público de altísimo nivel … es una oportunidad para darle lugar a los más ricos que empiezan a no tener lugar en Montevideo” y expresó preocupación por “cualquier enclave homogéneo de cualquier tipo”.

“Eso sería una mala señal de Montevideo para el mundo, en términos de lo que es Montevideo diferente a otros lugares. Si uno quiere elegir una vida aislada, seguramente tenga ciudades como San Pablo, Buenos Aires, México, Lima, Santiago…”, determinó.

Para Oreggioni, la lógica urbana tiende a que haya barrios que son caracterizados por su nivel socioeconómico. “Si nosotros fabricamos un sector de ciudad nuevo y ese sector está asignado por una lógica de alta concentración de personas de alto poder adquisitivo, estamos dándole un golpe de gracia a las posibilidades de que Montevideo pueda defender sus mejores valores”.

En la capital del país ya existen proyectos de viviendas y de oficinas. En esta línea, el experto explicó que se hacen «sobre la ciudad que ya existe: entran dentro de ciertas reglas que la ciudad puede establecer”. Estos proyectos “conforman esta estructura que ya tenemos”, citando el ejemplo del emprendimiento inmobiliario en la zona de Capurro “Montevideo Harbour”.

Sobre esto el director de la IM dijo que ese proyecto tuvo una autorización pero que “se inscribió en una lógica planificadora de la ciudad” con el objetivo de “recuperar a la bahía como un espacio de disfrute, no solo como un espacio operativo del mundo portuario” y agregó que, además, tiene una rambla pública. Donde necesitamos más rambla es en Capurro, en el Cerro, y eso busca redefinir el perfil y volver a encontrar una nueva vista de la ciudad y de la bahía de Montevideo”, consideró.

Procesos de urbanización en Montevideo hay muchos. Vacíos urbanos también se han constatado en forma recurrente y es natural que puedan generarse en la ciudad por efecto de su Plan de Ordenamiento Territorial. Aquél proyecto inicial de Montevideo de los años noventa, fue el que instaló el concepto de los “informes de impacto” tanto para lo ambiental, del tránsito o de la planificación estructural de la ciudad. Con esto digo que podría ser válida la postura de la IM si se alegara la generación de un vacío urbano por romper, como por ejemplo, el conformado por la franja costera en el marco de una actividad distinta de la que le es propia o histórica. Pero este no es el caso de esta nota. Aquí el tema parece ser ideológico, conceptualmente político y avasallador de un concepto ligado más que la ciudad, a la libertad republicana, porque suponiendo que o que se pretende es defender un derecho general, como el del uso de la rambla como estampa ciudadana, eso no puede ni debe inhibir de cualquier otra planificación que mejore la calidad de vida de quienes residimos en ella.

Si los proventos de un proyecto de esta envergadura sirvieran para mejorar la accesibilidad a la ciudad, y con ello evitar los embotellamientos vehiculares de las siete de la tarde, la vida sería más sencilla, igual que se la IM se decidiera a proyectar otro modo de fomento del transporte colectivo capaz de competir con el automóvil. Pero no estamos ante eso sino condenados al criterio de “un auto/un pasajero”, perdiendo de vista la importancia social de colectivizar servicios de excelencia que no se van a conseguir con un decretazo desde el Palacio de Ladrillo.

Por eso es que vemos que esta afirmación es políticamente incorrecta: porque fue una mala señal que revela no a un Estado presente, sino un Estado prepotente y portador de una inexistente política interinstitucional, que cada vez que tiene que desperezarse se mete en líos sobre un debate medular para la democracia: la libertad como texto y contexto.

Ante la duda sobre decidir al límite de la discrecionalidad, en lo personal opto por lo que Jorge Batlle argumentaba con insistencia: ante la duda siempre debemos optar por más libertad.