Libertad sindical o patente de corso

Los corsarios del sindicalismo

Daniel Manduré

La patente de corso era ese poder que brindaba autorización para perseguir a embarcaciones enemigas. En los siglos XVI Y XVII los reyes ingleses y franceses les entregaban esa patente a los piratas para realizar todo tipo de desmanes, barbaridades y delitos. Es el caso por ejemplo de la Reina Isabel I de Inglaterra, que le otorgó ese “permiso” a Francis Drake. Con ese documento se adquiría legalmente la libertad de robar y saquear navíos y puertos de naciones extranjeras, con la condición de que parte del botín se le entregara a los reyes. A quienes realizaban este tipo de tropelías se les denominaba corsarios.

Con este origen, el término “patente de corso” se sigue utilizando en nuestros días para señalar a aquellos que pretenden adjudicarse el derecho para cometer ilícitos con absoluta impunidad. Realizar actos abusivos, irresponsables o hasta delictivos y pretender no ser castigados por ello.

Algo de ese sucede con algunos actores en el terreno sindical, que, alimentado por socio político, Frente Amplio, en estos últimos 15 años han creído que los derechos dentro de una república, una sociedad democrática y liberal se pueden estirar como goma de mascar. Parecen creer que la ley no los abarcara. Recordemos el caso reciente de las licencias sindicales en la enseñanza con certificados truchos. Parece que cada uno puede hacer lo que le plazca, incluso cometer actos ilícitos, pisoteando la ley, el derecho de otros o su seguridad.

Hace unos días la justicia anunció a través de la fiscal de flagrancia Gabriela Fossati  que pedirá la imputación del presidente del sindicato de FFOSE, Kreimerman, por un delito de “atentado especialmente agravado” luego de ser identificado como el autor de encender dentro de las oficinas de ese organismo del estado, de bombas de humo.

Varias funcionarias embarazadas y un trabajador con problemas de visión debieron ser atendidos por un médico. A su vez en ese horario funcionaba también una guardería que alberga a hijos de los propios trabajadores, local que estaba repleta de niños en ese momento, por estar desarrollándose en esos días las vacaciones de julio.

El motivo era impedir y obstaculizar, como ellos mismo lo declararon públicamente, la apertura de ofertas para la licitación del Proyecto Arazatì.

En primera instancia el presidente del sindicato mintió negando ser él quien tirara una de esas bombas, para luego, con filmaciones contundentes, debió reconocerlo.

Como pasa siempre la central obrera, Pit Cnt, diferentes sindicatos y dirigentes políticos frenteamplistas, salieron a poner el grito en el cielo, invirtiendo los conceptos y los valores. Intentando disfrazar de derechos al abuso. Travistiendo de libertad la ilicitud. Esforzándose por normalizar un hecho anormal. De legalizar lo ilegal. Pretendiendo transformar en patente de corso la lucha por las justas reivindicaciones.

No es un hecho aislado forma parte de una serie organizada de hechos ilegales, como las ocupaciones de centros de estudio.

Acá invocando libertad sindical, parece que cualquiera puede hacer cualquier cosa, incluso tirar bombas de humo en un espacio cerrado, con más de 800 funcionarios en el edificio en ese momento.

No hubo ningún lesionado y nada se destruyó, alegaron los involucrados como defensa. ¿Y si los hubiera habido?

Cualquiera de nosotros, como ciudadano común, que realice un acto de esta naturaleza sería sometido seguramente a la justicia, o por lo menos con consecuencias laborales graves en el ámbito privado y con el inicio de un sumario en el sector público. ¿Por qué va a ser diferente con un dirigente sindical? Sobre todo, con la gravedad de que se trata nada más ni nada menos que del presidente del sindicato, con la mayor responsabilidad que ello significa.

Hablan de ataque a las libertades sindicales y de la judicialización de la acción sindical y les parece el colmo que la justicia deba dirimir cuales son los límites en el sindicalismo. ¿Y quién si no la justicia para hacerlo?

Parar, manifestar, cacerolear, realizar cánticos, portar banderas, colgar pasacalles con frases reivindicativas, todo eso es válido, lo vemos a diario, dentro de un país con las más amplias libertades. ¿Pero tirar bombas en ámbitos públicos cerrados?

¿si nada tuviera de malo y la ley lo ampara, porque Kreimenrman lo negó inicialmente?

El art. 171 es claro (Atentado), con el objetivo de impedir, obstaculizar o estorbar la labor del funcionario o que tenga esa intención y de comprobarse tal delito la pena irá de tres meses de prisión a tres años de penitenciaria.

Hablan de que con esto se quiere desviar el centro de la discusión, que sería para ellos la privatización de OSE a través de la entrega a privados con el Proyecto Arazatì. Culpan de ello al gobierno e incluso a la prensa. Cuando son ellos con estos actos de violencia e intolerancia los que atentan y debilitan las reivindicaciones por las que dicen luchar. 

Ya en el 2013, gobernaba el Frente Amplio. varios sindicalistas fueron procesados, basándose en este mismo artículo del código penal por irrumpir en forma violenta al edificio del la Suprema Corte de Justicia manifestándose contrarios al traslado de la Dra. Mariana Motta. En aquel momento la acción desarrollada por los encausados configuró efectivamente el ilícito previsto en ese artículo del código, por la Dra. de Salterain. Basándose dicha profesional en actos de violencia, amenazas, prepotencia y menosprecio a la autoridad por parte de los acusados.

La justicia se expedirá libremente en este caso y debería hacerlo sin presiones, ella determinará si hubo o no delito. Ante ella nos rendimos, aun pudiendo no estar de acuerdo con sus decisiones.

Lo que si es seguro que Federico Kreimerman y compañía “se les fue la moto”. Esa soberbia que brinda ese poder mal entendido, ese tono desafiante del que se cree intocable, del pretender desconocer que el vivir en una sociedad democrática, de respeto a la ley, hay límites que no se pueden cruzar, esos límites que justamente los adjudica la ley. Esa ley que es para todos, incluso para los sindicalistas. Para defenderlos cuando sea necesario, garantizando sus más amplias libertades, como para acusarlos si se considera que cometieron un delito. Como a cualquier hijo de vecino, ni más ni menos.

Estaremos siempre defendiendo la libertad sindical y los derechos del trabajador a luchar por sus reivindicaciones. Pero no a los que pretenden tener patente de corso.

No quiero ver corsarios en ningún terreno de la vida democrática del país.