Montevideo en Deuda
César García Acosta
La defensa del Frente Amplio a su proyecto político de lograr mediante un financiamiento externo, de corte bancario, con un endeudamiento de cancelación intergeneracional, de largo plazo, y por ende con un repago que ocurrirá más allá en el tiempo que su mandato como Intendenta, y sin que se sepa quiénes serán los que la sustituirán legítimamente, elección mediante, en su sillón de mando en el palacio de ladrillo, tira por tierra la lógica republicana de un partido político que lleva 32 años en el gobierno de la ciudad capital del país.
Tan sólo por este la distorsión de la asimetría de recursos de Montevideo en oposición al interior del país, es sustantiva: por ser capital y por efecto residual logra que el gobierno nacional con su despliegue en la ciudad, desparrame buena parte de recursos que para crecer requerirían de una más cuidadosa asignación, siendo por lo menos igualitario en el modo sobre cómo se llega a cada habitante. No es casualidad que en los tiempos de los tres gobiernos frenteamplistas la derogación de recursos haya el área metropolitana haya sido desmedida en función de lo que ha sido respecto del resto del país.
En el año 2000 cuando el presidente Jorge Batlle decidió transparentar la forma de llegada de los recursos que aporta por derecho el gobierno nacional a las Intendencias, lo que usualmente se conoce como el 3,33% del gasto del Estado repartido según los criterios del artículo 214 de la Constitución, Montevideo –sin ciencia de por medio- para apoyarlo y admitir el cambio, negoció sin un sustento científico que se le asignara un 12,9% de ese 3,33% de la torta del Estado, para la cual, para conformarla, se tienen en cuenta el último presupuesto vigente.
En ese esquema económico el Frente Amplio entre Montevideo y Canelones se queda con casi un 20% del 3,33% de los recursos, y eso, lo que supone, en buen romance, es que vivir en la capital resulte subvencionado por todos los uruguayos, incluidos los del interior, a costa del bolsillo de todos.
Eso es la subvención del precio del boleto del transporte urbano de pasajeros en el combustible, por ejemplo, y esa es la devolución en cantidad que se le adjudica a la capital cuando se reparte la cantidad de cargos asignables para contratar personas en los planes de los jornales solidarios.
Sin embargo, para organizar la ciudad se cobran impuestos, precios y tasas con fines específicos, donde el costo de más de 10 mil empleados llegados por inspiración de la política, son un peso insostenible para el que se necesitan recursos adicionales. Esos fondos son casi 15 millones de dólares asignados en publicidad en este pretendido fideicomiso, cuyo gasto pagará religiosamente el 60% de puntualmente paga la patente de rodados de transitar una ciudad con carencia de planificación donde circular las siete de la tarde en auto demanda más tiempo que el que insume un ómnibus para recorrer los más o menos 15 km que van de un lado al otro de la ciudad.
Eso es muy caro e injusto, tanto como adjudicarle a un Edil la carga del desajuste político de quien lleva 32 años haciendo lo mismo: endeudarse mediante préstamos. Se gobierna con lo que se tiene y no con lo que se debe. En este último caso es que se consulta a los Ediles y si éstos por mayoría dicen que no, es NO. Y eso es la República.
