No frenar el impulso desarrollador de una política sectorial exitosa

Tabaré Viera

Por estos días se oyen nuevamente voces y planteos en dirección a limitar y diría desestimular la actividad forestal en el Uruguay. Cabildo Abierto ha presentado un proyecto de ley que obtuvo media sanción en Cámara de Diputados con los votos de ese partido y los del Frente Amplio y su líder acaba de anunciar una propuesta de eliminar los incentivos fiscales que esa actividad mantiene en alguno de sus proyectos.

La ley Forestal, No. 15.939, aprobada en el primer gobierno del Dr. Julio Ma. Sanguinetti en 1987, es un claro y exitoso ejemplo de política sectorial de impulso al desarrollo, de las que tanto necesita el Uruguay a fin de estimular la inversión en todo el territorio nacional. En estos treinta y cuatro años y convertida en verdadera política de estado a través de gobiernos de tres partidos, desarrolló un nuevo sector productivo llegando hoy a un millón y medio de hectáreas forestadas, la generación de 18.000 puestos de trabajo directos, llegando a 24.000 indirectos, transformando su producto en el segundo rubro exportable, U$S 1.900 millones y crecerá a U$S 3.000 millones para 2024. Representa casi el 4% del PBI y llegará a 6% con UPM2, además de generar entorno a 500 millones de dólares en salarios y mas de 300 millones en impuestos y aportes a la seguridad social. Con un efecto, además, en diversas actividades de servicios y comerciales en los departamentos mas forestados del país.

De las 17.600.000 ha. de superficie terrestre que dispone el país, unas 16.400.000 ha. se pueden utilizar en actividades agropecuarias dentro de las cuales 3.500.000 ha. son las definidas como de “aptitud forestal”, esta son tierras con baja rentabilidad en actividades agrícolas y pecuarias y altos rendimientos forestales. Quiere decir que en 34 años de vigencia de la ley se ha llegado a forestar poco mas del 40% de los suelos de aptitud forestal y el 8,5% del total de los suelos del país.

El proyecto de ley de C.A. propone limitar la aprobación de proyectos forestales de acuerdo a la densidad de siembra y a la clasificación de suelos, en tal sentido propone prohibir la siembra forestal en campos que no sean de aptitud forestal exclusivamente.

En realidad se propone innovar en un principio constitucional fundamental en nuestro sistema democrático, la libertad; en este caso sobre el uso de la propiedad privada.

La ley 15.939 formuló estímulos fiscales y hasta subsidios a fin de promover la plantación de árboles en suelos pobres para otras actividades, valorizándolos, pero prohibir o limitar a los productores en su decisión o conveniencia de si crían ganado o hacen lechería u opten por agricultura o foresten más o menos porcentaje de su propiedad y con qué especies, nos parece altamente inconveniente y propio en todo caso de otros tipos de gobiernos con decisión central de economía planificada, las que imponen qué debe hacer cada uno de los ciudadanos; sistemas que claramente han fracasado rotundamente en el mundo llevando al atraso, miseria y dolor a sus pueblos luego de haber cegado su capacidad de iniciativa.

Se propone también que los proyectos deberán contar con el acuerdo entre productores agropecuarios y empresas forestales o de cualquier otra modalidad contractual. La aprobación estaría a cargo de la Dirección General Forestal y la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que deberán considerar en todos los casos “prioritariamente la voluntad de los habitantes de la zona afectada a la forestación”.

La ley de ordenamiento territorial dispone en algunos casos la obligación de realizar audiencias públicas para oír a los vecinos y posibles afectados por determinados proyectos, pero establecer la obligatoriedad de acuerdo o aprobación de vecinos y hacer depender la aprobación final por parte de las Direcciones Nacionales de Ambiente y Forestal, de la voluntad de esos vecinos, es ingresar en un especie de cogobierno que seguramente le quitará certeza jurídica a este importante sector de la economía. ¿Se imaginan la variedad de intereses y consideraciones hasta personales que se pueden presentar entre vecinos?

En cuanto a la anunciada intención de eliminar beneficios fiscales que aún mantiene parte del sector, tampoco estamos de acuerdo y vemos acumular un sistemático esfuerzo en contra la forestación.

Como he dicho, el proceso forestal fue largo y comenzó con exoneraciones impositivas e incluso con subsidios directos. Paulatinamente y como debe ser, a medida que el sector se fue vigorizando ya no han sido necesarios los estímulos desde el gobierno. Asi hoy, ya no existen los subsidios y  se mantienen las exoneraciones fiscales únicamente para proyectos de largo plazo, esto es para plantaciones de especies como pinos y eucalyptus grandis, ubicados fundamentalmente en Rivera, Tacuarembó y Paysandú con fines no celulósico; lo que llamamos “la otra forestación”.  Son bosques cuidados, con raleos y podas a fin de obtener maderas de calidad, más homogéneas, sin nudos, con mayores dimensiones y con destino a la industria de aserrío y debobinado. Tienen turnos finales de corte a mas de 20 años y mucho valor agregado. Es la industria que aún resta desarrollar en Uruguay, las casas con el sistema Wood Framing y otras transformaciones industriales. Es por ello que no debemos cortar aún los incentivos fiscales que sostienen el crecimiento de este subsector.

Por último debo hacer referencia a los compromisos asumidos por el país a fin de lograr inversiones internacionales en el sector. Hemos sido muy críticos a las formas en que se procesaron las negociaciones con UPM y al secretismo que cubrió hasta los contratos. Seguramente no hubiéramos hecho el mismo negocio y de la misma manera, pero Uruguay tiene una larga tradición de cumplimiento de sus compromisos. La certeza jurídica en nuestro país es un valor indiscutible en nuestra convivencia interna y a la hora de radicar empresas y recursos financieros, por ello también a la hora de aprobar cambios en las reglas de juego debemos tener en cuenta esos compromisos.

Llegará el momento en que ya no tendremos que continuar con los incentivos que aún restan y podremos destinar esos esfuerzos en otras direcciones, pero no es esta la oportunidad.

Tampoco es bueno agitar nuevos fantasmas contra la actividad forestal. Recordemos los augurios de los años 80, que se transformaría al territorio en un gran desierto, que atentaría contra las producciones pastoriles, etc. Ni aparecieron los desiertos y el rodeo vacuno ha crecido en todos estos años conviviendo en silvopastoreo con los tan denostados arbolitos. 

Ante estos nuevos augurios, descarto absolutamente que corramos el riesgo de que se “sustituya la producción de alimentos por la producción de papel”, como se ha dicho; en 34 años con todos los incentivos llegamos apenas al 8% del territorio forestado.

Mucho más peligroso son las voces que ponen en cuestión el mayor éxito de la economía en décadas. Deploramos que se planteen iniciativas limitadoras, que cambian las reglas de juego y desalienten la tan necesaria inversión.

Daremos la batalla necesaria para impedir los impulsos conservadores y regresivos que plantean en pleno siglo XXI políticas limitadoras de la libertad empresarial.