Obras públicas e intereses políticos
Marcelo Gioscia
Una intensa lluvia, inundó algunas zonas de nuestra capital, causando importantes daños materiales, si bien no hubo que lamentar pérdidas humanas, queda una vez más al descubierto, la falta de previsión en la limpieza y el mantenimiento de los desagües y en evidencia, cuáles son las prioridades de quienes deben autorizar los gastos que permiten concretar obras o como en este caso, mantenerlas. Todo es cuestión de prioridades, y los contribuyentes de Montevideo han podido constatar cómo los servicios municipales –que se cumplen a fuerza de una importante imposición tributaria- se destinan a la realización de obras que debieran ser al menos, postergadas. Sin lugar a dudas, en la toma de estas decisiones, predominan los intereses políticos, por sobre los que hacen al bien público y al bienestar general.
Se utilizan los recursos financieros sin mayores controles, y el ciudadano de a pie, advierte que muchas obras que se llevan a cabo, buscan en la mayoría de los casos, un rédito político, por más fugaz que sea. Sin aguardar el pronunciamiento de las Comisiones que deben expedirse sobre las obras que se realicen en bienes de valor patrimonial, se sigue adelante con las mismas, sin consideración alguna, la cuestión es mostrar que “se hacen obras” y después…después se verá y mientras tanto, porqué preocuparse? es el dinero del contribuyente el que se gasta. La explicación dada por las autoridades municipales a los vecinos que reclamaron por la inundación padecida, por falta de mantenimiento de los desagües de las “pluviales” (que literalmente transformaron la fisonomía de nuestra ciudad capital, y permitieron incluso que, algún joven utilizara su tabla de surf) resulta muy poco creíble y no dejó conforme a ninguno de ellos. Estas situaciones nos llevan a reflexionar sobre los controles que debieran realizarse por los mismos, a la hora de determinar las obras a realizar, así como los presupuestos a ejecutar. Se impone una mayor participación ciudadana, si es que verdaderamente se quieren controlar las obras donde se aplican los dineros públicos, mucho más allá de permitir la satisfacción de caprichosos intereses políticos. Los legisladores departamentales debieran ejercer sus funciones de contralor sobre el Ejecutivo Departamental (como les atribuye y les impone la Constitución Nacional) y a su vez, los concejales estar atentos a las necesidades de sus respectivas zonas, para la más completa y cristalina utilización de los recursos –que sabemos siempre escasos- en la medida de sus competencias y dentro de sus atribuciones. Duro es comprobar que, estas funciones no se cumplen a cabalidad y los recursos se asignan en muchas obras, por contratación directa, lo que no siempre es sinónimo de transparencia. Se debiera contar con un plan de obras y un plan de mantenimiento de las existentes, a efectos de que los habitantes de cada departamento, puedan conocer los mismos y al menos, saber hacia dónde irán sus tributos, tasas y contribuciones. Esta aspiración supondría una verdadera “inclusión” en las cuestiones que hacen a las obras públicas a ejecutarse y una mayor vigilancia para nuestros gobernantes.