Patentes de corso

Ronald Pais

Las Patentes de Corso eran documentos que un Estado o autoridades de un territorio otorgaban a armadores o propietarios de buques privados autorizándolos para realizar actos de guerra contra barcos enemigos y apropiarse de sus bienes, con ciertas condiciones

Los corsos fueron importantes en el Mediterráneo entre los siglos XII y XVI. Después del Descubrimiento de America su acción se extendió en los siglos XVI y  XVII al Océano Atlantico.

Para que la idea se entienda rápidamente, los corsarios eran algo muy parecido a los piratas, pero “legalizados”.

Fue una modalidad utilizada incluso por Artigas a partir de 1816 para combatir a la flota portuguesa, aunque sujeta a una “Ordenanza general del corso”, documento de 18 artículos y de una precisión jurídica sorprendente para la época.

Esta forma de guerra que iba dirigida principalmente a naves mercantes por ser las mejores presas fue, finalmente prohibida por el Tratado de París de 1856.

Nada hacía prever que pudiera renacer en los tiempos actuales. Pero sucedió ¡y en Uruguay!

Esto ocurrió con la aprobación de Ley No. 19.580 “Ley de violencia basada en género hacia las mujeres” de 22/12/2017. A partir de allí los nuevos corsarios son: las Mujeres! Y las nuevas presas: los Hombres!

Conviene aclarar que ya existía la ley No. 17.514 de 02/07/2002 “Ley de erradicación de la violencia doméstica”, que en su artículo 4 contenía una definición expresa  de violencia basada en género hacia las mujeres. Esa  norma, que contribuí a votar siendo legislador, ya entonces me planteaba reservas por la tremenda amplitud de los conceptos que hace que hasta cosas triviales podrían considerarse violencia de género. Aquella ley contenía 29 artículos y a mi juicio ya regulaban más que suficientemente una materia cuyos problemas ninguna ley va a solucionar.

Pero la norma del 2017 tiene ¡98 artículos! (casi un código). Tampoco soluciona nada pero atropella y elimina derechos de los hombres con un impulso de brutal ferocidad

Con esa ley, una denuncia simulada, aunque sea groseramente, pondrá en marcha una maquinaria diabólica donde fiscales, ONGs y jueces podrán dejar al presunto imputado – antes de que pueda probar su inocencia – sin hogar, sin acceso a sus hijos,  sin su sueldo por un año y hasta sin trabajo.

Comentar el articulado de esta nefasta e injusta regulación nos insumiría mucho tiempo y espacio pero, aunque entiendo que leer cualquier ley puede resultar árido, los invito a disponer de un poco de tiempo y realizar esa lectura. Muchas preguntas se contestarán solas y seguramente quedarán asombrados más de una vez.

Pero eso no es todo. Una mala ley trae malas cosas.

Me han parecido muy graves las expresiones del periodista Fernando Marguery realizadas en el Programa “Esta boca es mía” de Canal 12 (https://www.youtube.com/watch?v=zVDQh_WyQJw). Allí denuncia la existencia de una “rosca” y un gran “curro” donde juegan su rol la Fiscalía ¡8 turnos solo para este tema!- otrora prestigiosa institución y hoy totalmente desprestigiada, gracias al ex Fiscal Diaz y sus sucesores, y con la pasividad del Poder Ejecutivo del que depende; la Unidad de Víctimas de ese organismo, que asesoraría e incentivaría a las denunciantes aunque lo denunciado no tenga fundamento; organizaciones feministas (El Paso), financiada con plata de los “nabos de siempre” (que debería ser controlada por el MEC) y un grupo de abogados patrocinantes, que siempre son los mismos.

En resumen una industria del juicio, donde detrás hay plata y mucha ideología, donde se “fabrican” pruebas y donde se destroza la vida de algunos imputados que al final resultan inocentes, como ha sucedido en sonados casos recientes.

Y todo, todo, como dice Perez-Reverte: “Con todos los papeles en regla y la firma del Rey”.

¿Significa todo lo anterior que niego la existencia de casos de violencia contra las mujeres? ¿Qué defiendo a violadores? ¿Que no reconozco  qué hay casos reales de mujeres agredidas? Obviamente no. Lo que trato de exponer es que la ideología de género no defiende la igualdad, defiende el privilegio. Divide y enfrenta pero no mejora ni dignifica a la mujer. También trato de exponer que el principio debe ser “inocente hasta que se pruebe lo contrario” y no “culpable hasta que se pruebe lo contrario”. Y menos cuando esto último rige solo para un sexo

Trato de decirle a los legisladores responsables que no deben dejarse llevar por los rótulos altisonantes y hasta compartibles, sino estudiar a fondo los contenidos que se esconden bajo el título y no aprobar o, si es necesario, no demorar la derogación o modificación de leyes malas o injustas.

Se han corregido muchas injusticias con la aprobación reciente de la ley llamada Tenencia Compartida. Debería hacerse lo mismo con esta legislación que aquí referimos.

Por último: al decir del Senador Botana, la Fiscalía General se ha convertido en un “Comité de Base”. ¿Y, Senador? ¿Quién gobierna?

En suma, se trata de honrar los sagrados principios de nuestra Constitución y que nadie tenga ni vuelva a tener Patente de Corso, salvo Perez-Reverte, que lo hace muy bien y no daña a nadie, salvo a los fanáticos.