Patologias psiquiátricas, contención y derechos
Marcelo Gioscia Civitate
Si desde 1946 la OMS (Organización Mundial de la Salud) considera a la salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social y no sólo a la ausencia de afecciones o enfermedades, es necesario vincular a la salud física y mental, como pilares del bienestar personal. Lamentamos comprobar que, según datos de este organismo de las Naciones Unidas, las enfermedades mentales se han duplicado en los últimos treinta años y que la pandemia causada por el COVID-19 ha contribuido a incrementar estas patologías, por lo que el tema tiene una completa vigencia. Nuestro país, por cierto no es ajeno a esta situación, y el tema no resulta menor por la incidencia de estas afecciones en los índices de suicidio en nuestra población. Con la sanción de la Ley 19.529 de Salud Mental y su Decreto Reglamentario 226/2018, nuestra legislación impulsó un cambio de paradigma con respecto al tratamiento de las personas que sufren este tipo de enfermedades, buscando abordar la problemática multifactorial a través de abordajes múltiples, con participación de varias instituciones en favor del encare que esta problemática amerita. Ello ha supuesto el compromiso institucional no sólo del Ministerio de Salud Pública, sino además del Ministerio de Desarrollo Social,(la población con la que trabaja ese ministerio: una de cada cuatro personas que vive a la intemperie tiene problemas de salud mental y nueve de cada diez tienen problemas de consumo de alcohol y pasta base) el Instituto de los Derechos Humanos, así como la participación de la OPS/OMS (Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud) en lo referente a programas de apoyo que busquen fortalecer el Plan Nacional de Salud Mental. Desafío por cierto nada menor que, busca fortalecer la conexión entre los equipos de salud y las familias de los enfermos, para brindar servicios de calidad. Bueno es señalar por un lado, la mayor inclusión que se pretende, al disminuir los prejuicios con respecto al tratamiento de estos enfermos y por otro, ha tomado estado público, que en el Hospital de Clínicas, lamentablemente aún no se ha implementado allí, una “sala de internación de corta estadía”, para aquellos pacientes que lo requieran, lo que debiera instrumentarse, atento a que, uno de cada cuatro ingresos a cuidados moderados, son por problemas psiquiátricos. Se impone que ASSE tome la mayor injerencia en esta materia e impulse una unidad de salud mental y tratamiento para aquellas personas privadas de libertad, cuya fragilidad emocional se incrementa en un entorno carcelario que no favorece el correcto abordaje de estas patologías. Del mismo modo, le corresponderá al Poder Judicial adquirir un rol de mayor significación dentro de los límites de sus atribuciones legales, pero dotando de mayores recursos tanto al ITF (Instituto Técnico Forense) como a los Defensores Públicos. Todo ello redundará en una mejor contención de quienes, aquejados de estas patologías, son sujetos pasibles de ver conculcados sus derechos humanos más elementales y fortalecerá sin duda alguna, nuestro Estado de Derecho.
