Un bozal para el “populismo”

César García Acosta

Los dilemas de la región, como los del barrio, no pueden ser ajenos a nuestra cotidianeidad. Hay que observarlos al menos de reojo y estar siempre expectantes a ellos. La Argentina es y será para Uruguay una fuente de inspiración sobre qué hacer y no hacer. Jamás será una receta, aunque siempre un libro necesario de ser leído y repasado con inusual frecuencia. Los problemas de los 3,5 millones de habitantes de Uruguay, que no mantienen una relación de escala con la Argentina de 48,5 millones de habitantes, ni nos desplazan ni nos hacen referencia en un MERCOSUR donde apenas somos una mínima expresión para el riesgo de los equilibrios del bloque. La sola ponderación cuantitativa de nuestras compraventas mercosurianas, no moverían la aguja de la economía regional. Eso nos deja inexorablemente en estado de vulnerabilidad. No somos un marcado; sino apenas un lugar de tránsito para el tráfico de bienes, servicios y muy poco más. Que el efecto populista no nuble el sentido común de gobernantes y gobernados. Es inadmisible prometer regular el precio de los alquileres, como el de las tasas de interés de los créditos más allá de sus límites racionales. Definir como DEUDA JUSTA la nacida de las transacciones comerciales entre particulares, depende de perspectivas diferentes según se trate de quien pide o da un crédito. Estas ideas no persiguen la protección del más débil, sino que sólo buscan movilizar políticamente al más desesperado. La conciencia social debe poner un bozal a los ideólogos, los legisladores que –sin importar partidos- su obligación es la de “representar” a la gente, ideando respuestas legislativas inexcusables que pongan freno al drama individual como fuente de expectativa política.

Los ensayos que el kirchnerismo desplegó en sus gobiernos, cuya crudeza y fracaso están a la vista, tan solo de pensarlos aplicables en esta margen del río de la Plata, constituiría un factor distorsionante que desataría una crisis sin solución.

Habernos descalzado de la economía argentina, después de la crisis bancaria de 2002, fue un acierto, quizá por eso -pase lo que pase con la política monetaria y bancaria argentina-, para Uruguay el problema no impactaría como un riesgo.

Tomemos un solo ejemplo argentino para desgranar las inconsistencias de sus políticas internas: la ley de alquileres, por ejemplo. Desde aplicada esta ley que determina cómo valorar un inmueble, cuánto cobrar por él, y en qué plazo, derivaron que el precio de la propiedad haya caído 30%, la oferta de vivienda disminuyó 30% y la oferta de la vivienda en alquiler decreció en 63%. El fin del gobierno argentino al no invertir en vivienda, fue intentar poner un candado a los alquileres fijando los parámetros regulatorios al mercado que afectó a una clase media desgastada, en vez de racionalizar el gasto público, controlar el déficit fiscal y evitar la emisión monetaria.

En Uruguay el “populismo” tiene sus formas: para CABILDO ABIERTO hay que someter a consulta popular lo que llaman LA DEUDA JUSTA. La idea, en sí misma, bien podría encuadrar en el estilo kirchnerista que, u día pretende controlar la usura, otro el crédito y sus tasas de interés, para terminar en la reestructura de las deudas, a costa de la existinción del propio crédito. Lo que no dicen los liderados por Manini Ríos es que si a los prestamistas les fijan un límite social a sus tasas de interés, o sobre este interés se pone un manto de sospechas de ser modificado políticamente, variando las reglas del juego, eso se reflejará como riesgo en los planes de repago de los préstamos realizados. En síntesis, una franja de la población –la más necesitada- seguirá sin garantías reales que soporten sus créditos, perdiéndolos inexorablemente.

No es lo mismo estar registrado en el Banco Central del Uruguay como alguien potencialmente con problemas financieros, que ser un incumplidor regsitrado en el clearing de informes.

Si “deber dineros” deja de lado el componente de “honor a las deudas”, el sistema se caerá y el crédito desaparecerá.

Por eso la coyuntura económica de Argentina y sus efectos sobre las finanzas uruguayas, debe ser seguido de cerca por el gobierno. El Consejo Asesor Fiscal (CFA) dijo hce apenas unas horas que, “los mayores factores de riesgos que enfrenta Uruguay a nivel regional están asociados a Argentina y la resolución de sus desequilibrios macroeconómicos, en un contexto de elevado financiamiento monetario del déficit fiscal, inflación crónica de tres dígitos, tipos de cambios múltiples, escasez de reservas internacionales y no acceso al mercado internacional de deuda”, fueron los aspectos más analizados.

El Consejo, que evalúa como menos desfavorable para Uruguay el actual ciclo global, sí estima que perdurará el escenario negativo con el vecino país dada la diferencia de precios relativos y sus efectos en el turismo receptivo y emisivo.

Según los datos oficiales el gasto de los uruguayos en Argentina entre abril y junio se estimó en 305 millones de dólares. La cifra es 80% superior a la registrada en el mismo período del año 2019 (pre pandemia), en términos reales, según los cálculos de CPA Ferrere.

En tanto, el gasto de los argentinos en Uruguay se estima en unos 100 millones de dólares en el mismo período, registrándose una caída de 43% real comparado con el año 2019. Así, el saldo turístico resultó negativo en 205 millones de dólares en el segundo trimestre.

La brecha de precios con Argentina, que según la última medición del Observatorio Económico de la Universidad Católica es de 144%, es uno de los factores que el CFA evaluó por sus efectos negativos sobre la economía uruguaya.

 “La diferencia de precios relativos con Argentina ha incidido en un peor desempeño de la recaudación de algunos impuestos como IVA interno e IMESI combustibles, dada la afectación del comercio formal de bienes y servicios en la zona fronteriza, y el incremento de las importaciones de servicios en todo el país; en un período donde el consumo privado tendió a crecer, pero se abasteció de un mayor nivel de importaciones desde Argentina”, detalló el Consejo Fiscal Asesor.

“Todo eso ha tenido y tendrá implicancias cíclicas y extraordinarias en las finanzas públicas”, señaló el organismo que sugirió, además, no considerar esos factores como eventos transitorios sino como equilibrios más duraderos en el corto plazo, por lo que recomienda “prudencia en el manejo fiscal” y que “esta restricción sea internalizada en la toma de decisiones de política fiscal”.

Las estimaciones de consenso de analistas y el gobierno sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PBI) efectivo para este año oscilan entre el 1,2 y el 1,3%, respectivamente, por debajo de la tasa de crecimiento potencial estimada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en junio pasado, que fue de 2,8%.

En este contexto no caben iniciativas populistas que pongan bajo riesgo la certeza jurídica e institucional del país. Los políticos no deben ser gestores de iniciativas constitucionales para consultar de manera directa a la población sobre un tema particular. Los políticos deben representar a sus votantes negociando para alcanzar acuerdos.

Esto no es lo que deja en evidencia Cabildo Abierto: el endeudamiento, la seguridad ciudadana, las viviendas del Estado, las tasas de interés de los créditos, y hasta las multas de tránsito, son una excusa para la implantación de un discurso prescindente de los tildes necesarios en toda democracia republicana. Poner a la consideración de la gente un tema, antes –desde siempre- debieron agotarse las instancias del diálogo político para el cual los legisladores fueron investidos.