Urge atender justo reclamo

Marcelo Gioscia

Ha tomado estado público una realidad social, que demuestra a todas luces la existencia de carencias y debilidades, que afectan a quienes integran los cuadros policiales, ya que por cada fallecido en actos de servicio, seis efectivos resuelven quitarse la vida. Este lamentable promedio, denunciado por el sindicato que nuclea a los funcionarios policiales, pone de relieve la importancia del tema y el necesario encare que deben asumir las autoridades públicas responsables, al momento de proporcionar la debida atención a estos funcionarios, a quienes debiera brindárseles un plan de salud mental y un seguimiento de sus conductas que, al parecer –si se han proporcionado- no han resultado lo suficientemente efectivas, tratándose de los integrantes de esta fuerza. Si bien es un problema no exclusivo de la policía, el reclamo resulta de total razonabilidad, atento a las especiales funciones –de la más variada naturaleza- que se les exigen a las llamadas “fuerzas del orden”, que en muchos casos no resulta compensada con una retribución económica acorde. Estos “auxiliares de la Justicia”, están expuestos cotidianamente a situaciones de violencia de distinta naturaleza, presiones, acoso laboral, a lo que se suma que, en muchos casos, deben convivir en zonas, donde tendrán que actuar como representantes de la Ley y el Orden Público, para prevenir o investigar un delito y sus familiares, habrán de cruzarse luego, con los de aquellos presuntos delincuentes que fueron detenidos o investigados en su vecindario. Situaciones harto frecuentes, a las que deben enfrentarse estos funcionarios o sus familiares directos, sin lugar a dudas por razones evidentemente económicas, ya que su presupuesto no les permite una mejor ubicación de su vivienda. Claro que esto, no sería la única causa que los impulsaría a atentar contra la propia integridad física quitándose la vida, pero las voces de alarma, los llamados de angustia y las situaciones depresivas previas al extremo de esa decisión, debieran ser atendidas y tratadas con especial consideración por equipos médicos especializados. Su especial formación, antes de estar habilitado a egresar a cumplir tareas, portando un arma de reglamento, debiera comprender el manejo de situaciones de conflicto, así como la fortaleza moral en valores y principios cívicos, que tengan relación no sólo con la seguridad y el respeto a la autoridad, sino también con la empatía por el sufrimiento ajeno, lo que seguramente no debe resultar sencillo de adquirir. No debiéramos olvidar que además, muchos efectivos encuentran en el ingreso, una fuente laboral que pese a todo, les permite llevar el pan a su mesa, pero que tal vez, se encuentre muy alejada a su verdadera vocación. Y esto no debe resultar menor al momento de soportar presiones y tener que guardar fidelidad a la normativa jurídica que regula su accionar, siendo ingrata en muchos casos, la respuesta que obtienen por su actividad o la de sus compañeros que como ellos, se juegan la vida en muchos procedimientos. Tal vez además de instrumentar los tratamientos médico-psiquiátricos que correspondan en cada caso, debiera revisarse lo atinente al Seguro Transitorio por Incapacidad Parcial, conocido como STIP, tanto en cuanto al porcentaje del subsidio a brindárseles mientras se encuentren “certificados”, como en lo que hace al período previo al disponerse su baja, por no lograr la habilitación para reintegrarse. Son aspectos, que ameritan su urgente tratamiento por tratarse de funcionarios públicos que en su correcto proceder, hacen no sólo a la seguridad ciudadana sino también, al fortalecimiento institucional de la República.