Uruguay: La fina cornisa de una concertación conservadora
Luis Ibarra
Licenciado en Ciencia Política y Magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Docente en el Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay. FUENTE: sinpermiso.com
Luis Ibarra
Los gobiernos de Uruguay procuran manejar los salarios con la colaboración de los sindicatos. Esta política trasciende ya la división entre partidos. Fue practicada durante quince años por los gobiernos progresistas y sigue siendo usada por el gobierno conservador en la actualidad. Desde la presidencia de Luis Lacalle Pou se despliega un típico plan de austeridad. Busca reducir el déficit fiscal y alinear los precios con la meta inflacionaria. En cambio, dejó de lado el afán por flexibilizar el mercado de trabajo. La derecha en el poder mantuvo intactas las formas de negociación colectiva establecidas por los gobiernos de izquierda.
A primera vista, parece raro. Es común explicar la concertación social en Uruguay por la afinidad entre la izquierda y los sindicatos. Lo propio de la derecha, dados sus lazos con el empresariado, sería, por el contrario, la desregulación laboral. Desde esta perspectiva, hoy tendríamos la paradoja de una negociación colectiva y un gobierno conservador. Distinto es si consideramos la situación política desde el punto de vista de los trabajadores. En esta nota planteamos que la continuidad de los consejos de salarios es tanto el resultado de la potencia de los sindicatos, como un intento del gobierno de derecha de utilizarla para sus propios fines. Se encuentra, sin embargo, con acciones de los trabajadores que revelan los límites de la concertación conservadora. Veamos.
El puente del acuerdo
En Uruguay, desde el año 2005, el Poder Ejecutivo define tanto el monto como el plazo de los ajustes de salarios. Estos lineamientos generales son negociados según la particular relación de fuerzas de cada actividad por consejos de salarios integrados por los sindicatos, las gremiales empresariales y el gobierno.
La coalición de derecha, que asumió el gobierno en el año 2020, no sólo mantuvo los consejos de salarios, calmando la preocupación de los sindicatos. Dio incluso un paso más con la concertación del llamado “acuerdo puente”, para atravesar el impacto de la pandemia. De común acuerdo con la central sindical y las cámaras empresariales, suspendió la ronda de negociación colectiva correspondiente a ese año. En su lugar, el Poder Ejecutivo dispuso para 2021 una baja general de salarios, equivalente a la caída del Producto Interno Bruto registrada en el período.
El gobierno de Lacalle Pou justificó la rebaja salarial por la recuperación del empleo. En realidad, es el reconocimiento de que la presión del desempleo en el mercado de trabajo no es suficiente por sí sola para ajustar los salarios. Cuando los trabajadores están organizados, el capital requiere la intervención del estado para recomponer los márgenes de ganancia de las empresas.
Las gremiales empresariales cuestionaron, no obstante, asociar la rebaja salarial con la caída de la producción. Recelan que eso dé lugar a demandas de aumentos de salarios equivalentes al crecimiento del PIB, cuando la economía se reactive. La central sindical, a su vez, reclamó definir de antemano las formas de recuperar la pérdida. Finalmente, el acuerdo se limitó a incluir la promesa genérica de iniciar una recuperación salarial a partir del año 2022, si las condiciones de crecimiento económico lo permiten.
El acuerdo fue controvertido dentro de la central sindical. Prevaleció la posición de salvar los lugares institucionales a costa de la resignación salarial. “El interés nuestro es preservar la negociación colectiva –afirmó el secretario general del PIT-CNT-. Hoy con la mayoría de la gente en seguro de paro, eso no está garantizado” (La diaria, 10 de junio de 2020). La moción que requería “deslindar claramente al movimiento sindical de cualquier tipo de acuerdo con los lineamientos del Poder Ejecutivo y poner en marcha un plan general de resistencia al ajuste”, quedó en minoría. En consecuencia, el PIT-CNT no rechazó la rebaja de salarios, sino que se limitó a calificar como “insuficiente” el acuerdo por no contemplar mecanismos de recuperación.
No obstante, importantes organizaciones de distintas tendencias, como los sindicatos de la Construcción, de la Bebida y los Bancarios, se apartaron de la pauta oficial y lograron convenios que mantienen el salario real, aunque privando al hecho de significación política.
La austeridad fiscal y monetaria del plan conservador se completó así con una baja de los salarios socialmente concertada.
La nueva normalidad
Cuando a mediados de 2021 se volvió a la negociación colectiva habitual, los resultados estaban a la vista. La producción cayó 5,9% en el año 2020 y el salario real bajó 4,2% durante la vigencia del acuerdo puente. Hay también evidencias de reactivación de la economía. Los analistas estiman que el Producto Interno Bruto recobrará el nivel previo a la pandemia en el segundo semestre del 2022.
El Poder Ejecutivo dispuso, en esta oportunidad, ajustes de salarios en función de la inflación proyectada más un componente de recuperación. El presidente Lacalle Pou se comprometió a llegar al final de su mandato, en el año 2025, con un nivel de salario real similar al que tenía al comienzo.
Ya no se trata de la situación de emergencia, sino de dilatar la recuperación y prolongar la baja de los salarios, una vez superada la emergencia, por el resto del período de gobierno.
La pauta no actualiza los salarios de acuerdo con la suba de los precios, para mantener el poder de compra de los trabajadores. Por el contrario, el Poder Ejecutivo procura manejar los salarios según su plan monetario con el fin de alinear los precios con la meta inflacionaria. Para ello, es imprescindible contener los aumentos de salarios por debajo del incremento de la producción, como deseaban las gremiales empresariales. Salarios que aumentan menos que el PIB disminuyen los costos laborales y permiten recomponer, e incluso aumentar, los márgenes de ganancia del capital con menores subas de precios.
El gobierno conservador espera llegar así a las elecciones del año 2024 con una inflación dentro del rango de la meta monetaria y un nivel del salario real similar al que había antes de la pandemia.
Tal manejo de los salarios por el gobierno sólo es posible, sin embargo, con la represión de los trabajadores o con la colaboración de los sindicatos. El objetivo de la política económica es exactamente asociar a los sindicatos a la aplicación de la restricción salarial.
Una incorporación de los sindicatos, en un papel subalterno, como articulación de la política económica realza la importancia de su función y, al mismo tiempo, invierte la dirección de la mediación. Más que expresar las necesidades y los deseos de los trabajadores frente a los patrones y el gobierno, la concertación conservadora busca convertir a los sindicatos en un canal que haga llegar las iniciativas del capital y del gobierno hacia los trabajadores.
El difícil equilibrio del plan conservador
Sustraer la recuperación salarial a las contingencias de la acción de los trabajadores para convertirla en una evolución gradual, con la colaboración de los sindicatos. Contener los aumentos de salarios por debajo del crecimiento de la producción lo suficiente para inducir a las empresas a fijar los precios según la meta inflacionaria. Esta es la angosta cornisa por la que pretende caminar el gobierno de Lacalle Pou.
Siempre es posible, sin embargo, que las acciones de los trabajadores vayan más allá, tanto sea porque resistan a la rebaja salarial, como ya ocurrió durante el acuerdo puente, o porque aumenten los salarios hasta afectar a la ganancia. Las luchas revelan el sentido de la mediación política como una estrategia destinada a evitar la autonomización de los trabajadores y a encerrar los conflictos de clase dentro de los límites de la ganancia.
Su potencia aumenta, además, a medida que la reactivación económica va absorbiendo el desempleo y modifica la relación de fuerzas entre las clases.
Es precisamente esta capacidad de los trabajadores, a partir de sus necesidades y deseos, de desequilibrar a la política económica, la que el gobierno procura neutralizar por medio de la concertación social. ¿Logrará el presidente Lacalle Pou usar a los consejos de salarios para cumplir el plan de austeridad o, al reactivarse la economía, los trabajadores lograrán recuperar la iniciativa? No está dicha la última palabra.
