«Acá también el agua hierve a 100 grados»

La inseguridad como eje electoral

+ informe del FA revela dualidad de criterios sobre la gobernanza carcelaria

El Partido Colorado (PC) ofrece en su menú político dos especialistas de relieve en derecho penal: Andrés Ojeda y Gustavo Zubía, abogado penalista uno, además de –candidato a la presidencia- y ex fiscal el otro, como –postulante al Senado-. Como principal legislador, aunque en la otra ala del partido, esta uno de los principales legisladores de los últimos 30 años. Su experiencia en seguridad ciudadana la prueban sus proyectos. El también abogado Pedro Bordaberry destaca en este plano, en el que resaltan asesores como el Crio, Mayor ® Zósimo Nogueira, o el penalista Jorge Barrera. Incluso en la lista de Ojeda figura Fanny Canessa, ex jueza del fuero penal, de destacada trayectoria judicial. Un informe asesor alineado a la coalición de izquierdas, titulado “Acá también el agua hierve a 100 grados”, del que participaron figuras como el ex Fiscal de Corte Jorge Díaz, el abogado Juan Faroppa o el especialista Federico Laca asesor del ex ministro Eduardo Bonomi, propone para el debate análisis muy similares sin que se adviertan medidas concretas sobre cómo proceder mientras no sea posible reeducar y resinsertar a una delincuencia cada vez más joven.

Pero colorados, blancos, independientes y frentistas, en sus programas de gobierno parecen no dar con el clavo, porque no han podido evitar ni el crecimiento de la población carcelaria, su hacinamiento y mucho menos la recuperación de los privados de libertad. Si bien en estos cinco años de la coalición republicana no ha habido cambios, en los 15 años de gobiernos frenteamplitas tampoco los hubo.

Teniendo el Frente Amplio entre su gente al mayor contingente de expertos en la academia jurídica, durante el período de la izquierda se agravó el estado carcelario. Si hace unos días murieron 6 presos calcinados, consecuencia de un encierro por ajuste de cuentas, en tiempos del Frente Amplio, en Rocha, también murieron quemados otros tantos presos aunque encerrados por sus carceleros que comprobado el incendio, no llegaron a tiempo para rescatarlos.

El único que se ha animado a plantear nuevas ideas ha sido el PC, quien no duda –según lo expresa Ojeda- a privatizar o al menos tercerizar alguno de los componentes de la gestión carcelaria. Lo que hay que gestionar en definitiva es la alimentación, la higiene, el esparcimiento y la formación. Al decir de Ojeda si cuenta más o menos lo mismo por preso alimentarlos con bandejas privadas que con “ranchos” cocinados en la cárcel, hay que apelar por la dignidad y no por la miseria como sucede hoy.

Pero más allá o más acá de los objetivos, ya al borde de los 18 mil presos efectivos, las cárceles cada vez demuestran más no ser un proceso que mejore la realidad de la vida.

En las 48 medidas que el Frente Amplio presentó hace unos días, como resumen de su programa en seguridad pública, las más destacables fueron:

+ Desarrollar un Sistema Integral de Lucha Contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico para reducir la capacidad operativa de los delincuentes.

+ Crear un Centro Coordinador Unificado de Seguridad en las Fronteras e incorporar 500 cámaras de videovigilancia.

+ Intensificar el patrullaje del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) en los barrios.

+ Aumentar el número de cámaras y dispositivos de videovigilancia, incluyendo tecnología de registros de matrículas y sistemas de identificación facial.

+ Implementar el Plan Más Barrio para controlar el crimen organizado en el territorio y mejorar la infraestructura en los barrios.

+ Crear una Fuerza Especial de Tareas para la investigación criminal de alta dedicación.

+ Incorporar 2.000 nuevos efectivos policiales durante el período 2025-2030.

+ Fortalecer la atención en comisarías con estudiantes universitarios para la recepción de denuncias e información.

+ Mejorar las condiciones de trabajo de los policías con la incorporación al Fondo de Vivienda Policial y apoyo a enfermedades profesionales.

+ Incorporar 2.000 dispositivos móviles de respuesta inmediata para casos de Violencia Basada en Género.

El informe del grupo SIEMBRA, autor del informe `Acá también el agua hierve a 100 grados´, “el crecimiento anual de la población reclusa durante 2021 fue del 12,5% y en 2022, 5,2 %. En ambos años su distribución es desigual según el género: las mujeres privadas de libertad crecieron tres veces más que los varones en 2021 (28% frente al 9%) y más del doble en 2022 (13 % frente al 4,7 %,) (Comisionado Parlamentario, 2022 y 2023). Parte de este crecimiento diferenciado se relaciona con el endurecimiento de las leyes de drogas y con una mayor persecución a estos delitos (Giacomello & García Castro, 2021).  El crecimiento anual de la población reclusa durante 2021 fue del 12,5% y en 2022, 5,2 %. En ambos años su distribución es desigual según el género: las mujeres privadas de libertad crecieron tres veces más que los varones en 2021 (28% frente al 9%) y más del doble en 2022 (13 % frente al 4,7 %,) (Comisionado Parlamentario, 2022 y 2023). Parte de este crecimiento diferenciado se relaciona con el endurecimiento de las leyes de drogas y con una mayor persecución a estos delitos (Giacomello & García Castro, 2021).”

Respecto de la población sujeta a sanciones penales, revelan que “dos de cada tres personas son menores de 35 años y, por lo tanto, están en plena etapa productiva y reproductiva. Todas las consecuencias que genera la cárcel van más allá de dichas personas y afectan a sus familias y a sus comunidades. También hay una alta concentración territorial de las poblaciones afectadas por el encarcelamiento, lo que revela que la respuesta penal no es aleatoria.”

En Uruguay, el delito que más se encarcela es el hurto (robo sin violencia en las personas). Y afirman los expertos que “es cierto que la criminalidad ha aumentado en nuestro país al igual que los niveles de delito violento.  Pero es necesario «hilar más fino» y analizar a quiénes encarcelamos, porque los recursos son escasos y es necesario diseñar estrategias, lo más eficientes posible, para poder desarrollar respuestas asertivas en lugar de generar problemas. En la medida en que el encarcelamiento siga creciendo, se van a necesitar más recursos. Además, no es posible desarrollar un tratamiento ni una intervención técnica adecuadas, con la desproporción de los recursos destinados en relación con la magnitud del sistema penitenciario. Por ello, es preciso abordar seriamente la necesidad de reducir los niveles de encarcelamiento que imponemos en nuestro país, para que la cárcel tenga algún sentido más allá del castigo.”

Los datos sobre reincidencia penitenciaria señalan la ineficacia del sistema para rehabilitar. Esto se complementa con el análisis que produce el Comisionado Parlamentario en su labor de monitoreo del sistema.  

Otro aspecto mencionado en el informe da cuenta que, para construir una política de Estado, hay que discutir algunas claves:  “i) abordar la prevención y repasar las estrategias que se han desarrollado a nivel territorial y, a pesar de su efectividad, se han discontinuado; ii) cada vez que se discute la cárcel se hace desde una perspectiva refundacional; sin embargo, en seguridad, como en todos los asuntos públicos, los abordajes no se construyen de un día para el otro; hay procesos de profesionalización, de trabajo territorial, cambios sociales que se deben atender; iii) además de consensos políticos, es preciso construir consensos sociales respecto de hacia dónde debe transitar la cárcel;  iv) es necesario involucrar a otros actores y discutir la necesidad de fortalecer a la Defensa Pública para garantizar el acceso a la justicia; sobre todo, para que la población infractora de la ley penal, que es mayoritariamente joven y pobre, tenga condiciones para acceder a una defensa de calidad; v) discutir en profundidad, más allá del discurso público, cuál es la finalidad de la cárcel (si incapacitar para el delito, si corregir o resocializar), para lograr interrumpir la espiral de las mismas soluciones para obtener los mismos o peores resultados (más delito y más violento, más personas presas durante más tiempo, altos índices de reincidencia, entre otros).”

Respecto de la necesidad de modificar la legislación actual hubo dos posturas entre los informantes que registran como principal redactor al ex Fiscal de Corte Jorge Días: “i) La legislación actual no debe modificarse porque da las garantías suficientes  para que todas las personas privadas de libertad tengan la cobertura de salud física y mental, de educación, trabajo y una rehabilitación digna. El problema es el cumplimiento de las normas, ya que el sistema político, quienes administraron y quienes administran, no velan por que cumpla a raja tabla, además de la carencia de recursos.  ii) La legislación penal necesita una revisión general, coherente y orientada en el sentido contrario «de lo que indica el termómetro de la opinión pública o de lo que los legisladores creen que es la opinión pública» porque está absolutamente probado que más penas no ha contenido la delincuencia y esta experiencia no es privativa del Uruguay sino del mundo, como lo señala la evidencia.”

Como broche final, en Uruguay siempre `las culpas´ las tienen las comisiones, y por eso el informe termina sentenciando que hay que “revisar el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento Carcelario, del Parlamento, ya que no se ha podido lograr su funcionamiento sostenido. Si bien no es una comisión con fines legislativos, tiene que asesorar y acompañar el proceso de repensar y analizar críticamente las medidas que se han tomado.”