Allanamientos nocturnos sí. ¿o no?
Guzmán A. Ifrán
Tras la aprobación de casi el 55% del Parlamento, Uruguay tendrá en la venideras elecciones nacionales de octubre un plebiscito en el que la ciudadanía votará por aprobar o no una reforma constitucional que habilite los allanamientos nocturnos por parte de la policía, para lo cual lo que buscará es modificar el artículo 11 de la Constitución de la República, que desde el año 1830 establece que: “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”.
Asimismo, en lo referente a los pormenores de aplicación de la reforma impulsada por buena parte -sino todo- el oficialismo, se establece que para la implementación de esta medida se requerirá en todos los casos y de manera excluyente la intervención expresa de un juez, que será la única figura con la potestad de su aprobación. Adicionalmente, y como segundo reaseguro para su formato de implementación, la reforma estipula que esta deberá hacerse en función de lo que la ley determine, dejando así una ventana legislativa para el control de la herramienta.
Los fundamentos para el impulso de la reforma y la convocatoria a la ciudadanía para que la apoye, estriba fundamentalmente en dotar a la policía de una posibilidad considerada por los defensores de tan sustantivo cambio como harto necesaria para la modernización del accionar de la justicia en lo referente fundamentalmente al combate del narcotráfico y el crimen organizado. En tal sentido, y a nivel institucional, el Ministro del Interior Nicolás Martinelli expresó pública y enérgicamente su apoyo a la iniciativa de reforma, por considerar que la Constitución vigente otorga -en el plano del abordaje de los allanamientos- una enorme ventaja a los delincuentes en tanto tienen las horas de la noche para hacer desaparecer evidencia que a la postre los comprometa a nivel judicial, entre tanto más.
Por el otro lado, y a mi entender, los detractores de la reforma abordan tan sensible cuestión de una manera mucho menos reduccionista, en tanto y en cuanto contemplan la integralidad del impacto que tendría la aprobación de la referida medida. Desde el punto de vista de los Derechos Humanos, por ejemplo, los allanamientos nocturnos pueden infringir el derecho a la privacidad y el hogar, consagrado en múltiples leyes y tratados internacionales. Desde la dimensión jurídica, los allanamientos nocturnos pueden ser considerados como un ataque a la presunción de inocencia, en tanto la intrusión en un hogar sin pruebas contundentes puede derivar en situaciones de juicio social y estigmatización de personas que son inocentes. Adicionalmente, y desde el prisma operativo, indudablemente durante la noche la visibilidad es mucho más reducida que durante las horas diurnas, lo que puede llevar a errores en la identificación de personas o lugares, cuando no, a verdaderas tragedias. Desde el punto de vista de los potenciales y no menores daños colaterales a terceros que nada tienen que ver con los móviles del procedimiento, los allanamientos nocturnos pueden tener efectos extremadamente traumáticos en los residentes del hogar, y muy especialmente en niños y personas con antecedentes de traumas o problemas de salud mental, dejando secuelas terribles que pueden perdurar por años, décadas y hasta toda la vida.
Y quien en un giro de ciento ochenta grados de posición en las últimas horas se sumó a las filas de los detractores de la reforma, es el Ex Fiscal de Corte Jorge Díaz, quien el sábado 10 de agosto en el Comité frenteamplista “Los Malvines” de Montevideo, expresó: “A mí en su momento me parecía que era un instrumento más; ahora, de la forma cómo está presentado hoy, como la solución, yo no lo voy a votar; no quiero que me vendan más espejitos de colores; espejitos de colores ya nos han vendido bastante como para que sigan. No hay soluciones mágicas. Yo escuché decir que el allanamiento nocturno era la bala de plata en la lucha contra el narcotráfico”. A su vez, y en adición a los argumentos contra la reforma ya desarrollados con antelación en este artículo, Díaz sentenció que es una medida que atenta contra la salvaguarda del personal policial a cargo del operativo, y que por tal motivo hasta la propia policía intentará evitarlos, afirmando que “un allanamiento nocturno donde cuando entra la Policía ya te pueden cortar toda la luz del barrio, mandarlos a un territorio que no conocen, a casas que desconocen, que no saben el poder de fuego que hay del otro lado, ningún oficial te lo va a hacer”.
Nuevamente, y como corolario de este análisis respecto de las diversas posiciones acerca del plebiscito de referencia, no quiero pasar por alto algo de capital importancia que no puede -ni debe- seguir siendo esquivo al debate público, que es la legalización de las drogas. En tal sentido, el propio Dr. Daniel Radío, actual Secretario General de la Secretaría Nacional de Drogas, se ha animado con destacable coraje a poner el tema en agenda, en tanto todos somos contestes en que la prohibición de la oferta solamente la ha colocado en mano de los delincuentes, promoviendo verdaderas guerras territoriales, financiándolos extraordinariamente y, probablemente lo más importante de todo, no habiendo resuelto en absoluto el drama acuciante del consumo problemático de drogas en tantos ciudadanos y ciudadanas. Claro que es un dilema con más preguntas que respuestas. También es un hecho que nadie ha dado aún con la solución a tan complejo problema. Pero seguir insistiendo en un paradigma ya comprobadamente fallido es una obstinación que como sociedad ya no podemos permitirnos, si es que de veras queremos enfrentar con efectividad y resultados tan desgarrador flagelo.
