Decisiones que afectan la credibilidad institucional

Marcelo Gioscia

La decisión del Fiscal de Corte de la Nación, de trasladar a la Fiscal que tenía en sus manos casos de honda repercusión pública, (como el caso Astesiano y el caso Leal) y nombrar a otra funcionaria técnica en su lugar, ha desatado un torbellino de reacciones en los distintos ámbitos políticos y profesionales. El inaceptable altercado que, a viva voz, protagonizaron dos fiscales en el despacho de la removida, llegándose a denunciar a uno de ellos por violencia de género, no cayó nada bien en la población en general y existieron pronunciamientos de Colegios Profesionales que criticaron lo resuelto. Debiéndose mover dentro del ámbito reglado, la Fiscalía antes de dictar esa separación, debió haber contado con elementos objetivos de responsabilidad en el desempeño funcional de la trasladada. Nuestro Estado de Derecho garantiza la independencia técnica de los representantes del Ministerio Público y la decisión adoptada por el jerarca excede los límites de la discrecionalidad y bordea la arbitrariedad, y como acto administrativo que es, podrá ser objeto de impugnación administrativa por la funcionaria afectada por el mismo. Es importante señalar, el bien ganado prestigio de nuestro sistema jurisdiccional, donde se garantiza a los justiciables la correcta defensa de sus derechos, para que impere en todo caso la búsqueda de la verdad y el bien supremo de la Justicia. Sería bueno que los distintos actores procedan con la mayor ecuanimidad y prudencia. Lamentablemente en los casos que mencionamos, se han visto desviaciones que son consecuencia de  excesos de personalismos, donde se han politizado los hechos investigados, tratando cada quien de llevar agua para su propio molino. Ello no resulta aceptable para el ciudadano de a pie, quien puede llegar a descreer en el funcionamiento de estos servicios, que en suma atenta contra ese bien jurídicamente tutelado como es la Justicia. En suma, ese descreimiento no debiera prosperar, ya que atenta contra la propia institucionalidad, en la medida que pretendan hacerse valer intereses partidarios o personales, alejados de las normas jurídicas establecidas y es por ello que los distintos actores deben proceder dentro del sistema reglado que los contiene. Llama la atención el filtrado de algunos datos de las propias investigaciones, pero lo que resulta aún peor, es el descrédito que puede afectar esa sólida institucionalidad de la que nuestro país se ha jactado en la región y el mundo. Eso no es menor a la hora de atraer capitales a nuestro territorio, que redundarán en un mayor desarrollo en beneficio de nuestros habitantes. Se impone que en forma definitiva se nombre al titular de la Fiscalía General de la Nación, dando por finalizado el interinato desempeñado hasta el momento, por quien detenta en los hechos la titularidad de este Servicio Público, y que sabe ser objeto de muchas críticas, que para él “no debieran justificarse”. Debiera terminarse de una vez la existencia de “dos bandos” dentro del Ministerio Público que aparece como politizado y partidizado, para garantizar el mejor servicio a los justiciables.