Esperamos enfoque profesional delimitando áreas de responsabilidad

Zósimo Nogueira

Se vienen cambios en las altas esferas policiales, se agradecen servicios, se habla de buena gestión y éxitos pero se remplazan gestores procurando una nueva orientación y estrategia para combatir y minimizar los efectos de la acción delictiva.

A todas luces vemos que aquel diagnostico pree electoral no ha sido revertido, no se han cumplido con las propuestas de campaña sin una clara explicación del por qué, de que obstáculos legales o sociales lo han impedido.

No ha habido una clara expresión del porque se cambian las líneas de acción, ni cuál es la alternativa.

Todas manifestaciones subjetivas, políticas, y carentes de una visión y vocero profesional.

La actividad policial como siempre  es objeto de atención permanente.

El periodista que busca la información recurre a las fuentes disponibles o de fácil acceso.

Mucho se canaliza por fuera debido a los impedimentos de una Institución  jerárquica y su cadena de mandos.  

De ahí surgen opiniones de dirigentes sindicales, o personas con actividades conexas a la policial, afectadas u demandantes de ésta. 

Opiniones personales que no abarcan el universo de la institución pero que son generadoras del micro clima existente en materia de seguridad.

Si se pretende cambiar rumbos, corregir errores se requiere de una visión profesional, con  difusión de información evaluada y analizada profesionalmente.

Fuera de los enfrentamientos personales y declaraciones resonantes de algunos colectivos la policía toda posee metas comunes. Superiores y subalternos coinciden en la necesidad de un posicionamiento territorial en materia de seguridad.

Para ello es necesario determinar concretamente los espacios de gestión, con su área de responsabilidad para así exigir resultados a todos y cada uno de los involucrados u afectados a determinada jurisdicción territorial o por cometidos.

Sea una jefatura, una región o zona operativa, una comisaria, una actividad etc.

Se requiere de disciplina y un método ágil de exigir responsabilidades y la capacidad de aplicar sanciones a quienes trasgreden la norma, se salen de los carriles o simplemente incumplen con un mandato legítimo del superior. Eso legitima promociones, traslados, permanencias.

El posicionamiento en el territorio es esencial, los gestores deben contar con los medios adecuados, no pueden estar permanentemente condicionados a los apoyos de otras unidades.

El país ésta dividido en Jefaturas de Policía, cada jefe debe ser responsable en materia de seguridad de todo lo que ocurra en su Departamento.

La actuación de otras unidades en su jurisdicción debe ser de su conocimiento.

No en pormenores del hecho concreto, pero si en la operativa general.

Desde el advenimiento a la democracia, de manera gradual, hasta llegar a la actualidad, policías profesionales han sido designados para ocupar los cargos de Jefes de Policía.

Eso implica responsabilidad y una visión profesional, pero notamos la falta de libertad de acción y condicionamiento al accionar de otras de carácter nacional como la Guardia Republicana a consecuencia de la desintegración de unidades Departamentales de similar función.

Evidentemente la Guardia Republicana es una unidad potente, muy profesional pero requerida en demasía, con urgencias imprevisibles y resulta muy difícil cumplir en tiempo con tanta demanda.       

Esa situación, independientemente de ser obstáculo para la eficiencia del servicio es una justificación para cuestionamientos al mando local que no debiera de existir.

Bienvenidos los cargos de particular confianza asignados a Policías, pero ese policía que arrastra un bagaje de conocimientos profesionales al aceptar un cargo político pasa a responder a una propuesta política, se debe a un programa de gobierno y está condicionado a éste.

Y en contra de las aspiraciones de muchos compañeros que quieren a “toda la policía” en una única estructura jerárquica piramidal, considero adecuada la división territorial en Jefaturas; para temas específicos de alcance nacional se crearon las Direcciones Nacionales.  

En épocas de paz y de pleno ejercicio democrático no deben existir ni personas, ni estructuras de personal armado de tal magnitud.

Recuerdo expresiones del Dr. Jorge Batlle.

Dirigiéndose a un grupo de oficiales de Policía que pugnaban por la designación de policías a cargo de las Jefaturas. Decía: Quiero una policía eficiente y profesional.

Además resulta más fácil prescindir de un policía designado como Jefe en un Departamento.

Bastan malos resultados, o la pérdida de confianza.

Para remover a un político hay otros condicionamientos pues representa y tiene el apoyo de su sector político.

Cuando le expresaron la idea de organizar a la policía en regiones fue terminante.

No comparto la idea de acumular y centralizar el poder de las armas. Experiencia tenía.

Fue preso aún en democracia, por atacar a la fuerza moral de las FFAA al decir que un grupo  de militares estaba en contacto con revolucionarios y planeaban un golpe de Estado.

Así ocurrió a los pocos meses. 27 de junio de 1973. Proscripto e impedido de ser presidenciable en 1985.

Oficiales y sindicalistas coinciden. Repoblar comisarías y asumir el relacionamiento con la comunidad, dar respuestas a sus problemas de seguridad. Fue propuesta de gobierno, se inició pero está a medio camino.

Ante la descabellada propuesta de relacionar ex convictos con delincuentes que están operando para bajar la criminalidad ya me he expresado y le agrego dudas de legitimidad.

Si sabemos que alguien delinque, no se reprime y se busca el dialogo por más que el conocimiento sea genérico estamos en el limbo del encubrimiento.

Ahora salió una idea mucho más realista y que puede ser efectiva por parte del MIDES, utilizar a esos ex convictos voluntarios para intentar orientar a personas en situación de calle o afectadas por consumos problemáticos de drogas.

También lo habíamos planteado en cuanto a un mejor uso de los recursos económicos pero sin incluir en el tema a ex convictos voluntarios, me parece muy razonable.

Volviendo al inicio, para una mejora real en seguridad el poder político debe darle el lugar que les corresponde a los profesionales de la Policía.

El propio Presidente si lo hubiera hecho respecto a su entorno se habría evitado todos los problemas de actualidad que lo envuelven.

Toda la gestión pública debería considerar el uso de los conocimientos profesionales de la policía para designar funcionarios públicos en áreas sensibles.

No de manera imperativa, sino informativa, como cuando se requiere de un certificado de conducta para otorgar determinados documentos.

Hoy la ley inhabilita para determinadas tareas a los poseedores de determinados antecedentes, lo mismo se establecen requisitos de capacidad sicológica para permisos de conducir, portar o poseer armas, de salubridad para determinadas tareas.

Si en los currículos de los funcionarios públicos o actores políticos representantes de la ciudadanía se incluyeran comprobantes o simplemente declarados datos de escolaridad, o actividades personales nos evitaríamos estas situaciones bochornosas develadas. Cristalinidad.

Es muy grande la colaboración profesional que puede brindar la policía para un mejor desempeño de la función pública en temas que exceden el ámbito de la seguridad pública.

Su actividad administrativa y sus bancos de datos son trascendentales.

Sin embargo es desaprovechada. Asimismo cuando es llamada a responsabilidad como puede corresponder no vemos una defensa profesional de su actuación, solo esporádicas acciones políticas que carecen de esa impronta profesional que el instituto policial reclama.

Se están gestando cambios, veremos cuando se concreten para emitir opinión y generar expectativas.