Inaceptable uso y abuso de la función pública

Marcelo Gioscia

A raíz de la investigación de los hechos ocurridos en el Balneario La Paloma, en los que un joven recibió un balazo que lo dejó parapléjico y que involucran al actual Senador de la Republica Charles Carrera, cuando por entonces desempeñaba una alta jerarquía en el Ministerio del Interior dirigido por el fallecido Bonomi, han salido a luz decisiones que muestran la impunidad con que se manejaban estos funcionarios, en desmedro de los intereses públicos que debían proteger. Y aunque no se llegara a probar quién fue el autor del disparo, ni se llegue a encontrar el arma de fuego con la que se causó tremendo daño, es inadmisible que se hayan falsificado documentos para que fuera atendido en el Hospital Policial, ni menos admitir el pago en tickets de alimentación que se le brindaron por cuatro años al lesionado, “por solidaridad”, hasta que ya no se pudo seguir tapando la situación. El actual Senador ha sido claramente responsable de esos abusos cometidos desde el cargo jerárquico que detentaba entonces, y no podrá alegar que se pretende es afectar su imagen por “razones políticas”. Existió un inaceptable manejo de los recursos públicos, sin que se justifique en modo alguno, tal conducta. Pues tanto él, como quien detentaba la dirección de Asuntos Internos del Ministerio en cuestión, conocían perfectamente que ninguna norma les permitía actuar como lo hicieron. Hasta les instaron a que formularan pleito contra el mismo Estado, que debían defender: inadmisible y vergonzoso. A esta sucesión de desaciertos intencionados, debemos agregar que también la pareja del funcionario Carrera se atendió más de cuarenta veces en el mismo Hospital Policial, sin tener derecho a ello, sólo se sirvió de ese servicio, por su vínculo personalísimo con el abusivo jerarca. Pero esto no es todo (no debemos perder la capacidad de asombro) las últimas declaraciones que se hicieron públicas, también vinculan a la Representante Nacional, Susana Pereyra -por entonces esposa del Ministro Bonomi- con una privilegiada atención en el mismo nosocomio público, cuando no le correspondía atenderse en ese servicio ya que no reunía la calidad de funcionaria policial. Sin embargo y con total desparpajo, supo utilizar en su beneficio y en perjuicio del erario público de esa atención médica. Quizá haya sido por lo “magro” de sus ingresos como legisladora…desde donde también usaba y abusaba de su condición personal, para intervenir en el traslado de presos, según le solicitaran sus familiares y amigos. Hasta cuando  la ciudadanía tiene que soportar estas conductas? Ha habido un claro uso y abuso de la función pública en evidente perjuicio de los intereses nacionales. Se han servido del cargo público y del poder que supieron detentar o que detentan, para enriquecerse en forma ilícita y beneficiarse personalmente… y con total “cara de nada”, siguen utilizando sus fueros, para eludir responsabilidades. Debiera llegarse hasta las últimas consecuencias para imputar las correspondientes responsabilidades de una buena vez, habiendo quedado de manifiesto la total deslealtad institucional en su proceder. Ciertamente, inadmisible.