Políticamente incorrectos
César García Acosta
Mientras para el senador colorado Adrián Peña un proyecto de su autoría que busca limitar los ingresos de personal a las Intendencias, servirá para ver “quién está del lado de la transparencia y quién no”; para otro senador, también coalicionista y del gobierno, aunque del partido Blanco mayoritario, esa idea es propia del “centralismo histórico del Partido Colorado”, por lo que no le sorprende que “venga de un batllista”. En la perspectiva del mundillo del Senado, lo que podría entenderse como “fuego amigo”, a los ojos de la gente, es políticamente incorrecto y para la coalición republicana constituye una evidencia más de los problemas que conlleva construir nuevos alineamientos políticos para armar gobiernos. La realidad es que Peña ni Botana representan a las nuevas formas de hacer en la política: ambos, disfrazándolo, y cada uno con el peso relativo de sus intereses, mantienen inalterada la esencia de la incorrección política que atenta contra la lógica de las coaliciones para construir gobiernos.
El Senado durante el tratamiento de la rendición de cuentas, trayendo debates generados en Diputados, se pareció más a una Junta Departamental tratando asuntos municipales, como fijar los límites de la velocidad de los vehículos, el lugar donde deben instalarse los semáforos, o regular si una multa debe pagarse antes o conjuntamente con el impuesto de la patente que pese sobre los automotores y que son competencia de las Intendencias en el marco de sus autonomías departamentales.
Cuando el Senado votó la extensión de los jornales solidarios, la sesión derivó en un debate sobre las contrataciones directas en las intendencias, y allí el senador del Partido Colorado (PC) Adrián Peña dijo que iba a presentar un proyecto para “ordenar” ese tema –porque “lo que se vive es un desmadre”– mediante la aplicación de las normas de contratación que rigen para la Administración Central a los gobiernos departamentales.
Su proyecto declara “aplicable a los Gobiernos Departamentales, las normas legales que establecen para la designación de personal presupuestado o contratado de la Administración Central, el preceptivo procedimiento de concurso público y abierto, así como aquellas que establecen la prohibición de designar personal presupuestado o contratado en el período de un año previo a la finalización del período de gobierno”.
A su vez, en el segundo artículo se establece que la designación de personal presupuestado o contratado en los distintos órganos de los Gobiernos Departamentales, en cargos o funciones tales como “Técnico Profesional”, “Técnico”, “Administrativo”, “Especializado”, “Oficios”, “Servicios Auxiliares” o de análoga denominación a los referidos grupos ocupacionales, “deberá realizarse cualquiera fuere el origen de los fondos empleados para ello, por concurso público y abierto, previo pronunciamiento favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil [ONSC] sobre aspectos de juridicidad”.
En diálogo con la diaria, Peña señaló que la idea del proyecto es llevar “a un orden la contratación de personal en el interior”, porque la Administración Central “ha ido avanzando a través de los sucesivos gobiernos, ha transparentado el ingreso a la función pública y lo ha mejorado, con el trabajo de la ONSC”. En cambio, consideró que “hay una diferencia muy grande entre cómo se contrata en la Administración Central y a nivel de los gobiernos departamentales, y me parece que el país tiene que ir avanzando para que los procesos sean lo más claros posible. Creo que hay un retraso a nivel de las intendencias”, sostuvo.
Además, el senador colorado subrayó que se destinan “muchísimos recursos” a los gobiernos departamentales, y hay “miles y miles de contratos”, por lo tanto, “todos deberían estar debidamente justificados”.
La idea en apariencia ordenadora dela gestión pública igualmente rompe principios republicanos elementales.
Entre las cosas en que se ha equivocado Peña al percibir que su idea beneficiaría al país, omite resaltar la importancia de los fondos que por impuestos retornan a las Intendencia por el sistema de las transferencias a que la Constitución obliga al Poder Ejecutivo. Hay que mirar detenidamente que sólo el 3,33% del presupuesto nacional es lo que retorna de los impuestos cobrados en el territorio a los 19 gobiernos departamentales, mientras el 90% restantes de esos ingresos son manejados discrecionalmente por el Poder Ejecutivo.
Para el senador Sergio Botana, en sus dichos a la diaria: es “un disparate violentar la autonomía municipal”, y sostuvo que “la mayoría de esas normas rigen en todos los departamentos, pero por elección de los propios departamentos”, y, además, “no es bueno extender lo que funciona muy mal en el Estado”. “No hay nadie en el Uruguay que esté contento con los concursos que hacen los organismos. Y si se hace una encuesta, a todo el mundo le va a sonar a acomodo”, opinó Botana.
Además, el legislador nacionalista advirtió que al “violentar” así la autonomía departamental, “se empieza por esto y después se va siguiendo por cada cosa”. Agregó que el proyecto de Peña es producto del “centralismo histórico” del PC, por lo tanto, no le “sorprende” que la idea “venga de un colorado batllista”.
El tema entre integrantes de una misma coalición de gobierno, no puede desligar el plano nacional del departamental, y si lo hace –si lo admite aunque más no sea como una diatriba absurda a modo chicana de la política-, debe saber que lo que se arma, se desarma, y lo que se gana puede perderse.
Por esta razón insistimos que un defecto de la coalición republicana ha sido no contar con una mesa para el diálogo interno, que desentrañe los conflictos ideológicos preexistentes, los que más que tratados en una banca del senado, deberían ser analizados en el diván de un psicoanalista.
