Prohibir las granjas de sangre

Ronald Pais

Lograr medidas efectivas de protección a los animales en su vida y condiciones mínimas de bienestar ha sido y será una lucha larga y difícil.

Podría hacer un largo relato de aquellos días en 1993 cuando la cátedra de cirugía experimental de la Facultad de Medicina le cortaba miembros a perros errantes o abandonados y los abandonaba a su sufrimiento y agonía en la azotea del edificio educativo hasta que se logró la media sanción de una ley integral de Bienestar Animal en el año 2002 que la Cámara de Representantes votó por unanimidad de todos los partidos políticos.

Una intensa y prolongada movilización popular impuso que por fin el Parlamento se abocara a tratar este tema.

Antes se había logrado que la Universidad dictara una Ordenanza regulando la experimentación con animales. También la supresión de la “perrera”.

Lamentablemente el Senado no convirtió en ley ese proyecto.

Posteriormente y después de muchas idas y venidas, se aprobaron dos leyes que adolecían de las cosas que aquel frustrado proyecto preveía. Algunos principios generales se recogieron, pero los vacíos fueron mucho más importantes y una Comisión Nacional de Bienestar Animal comenzó a funcionar en la órbita del MEC sin recursos y sin medios para ejercer un control efectivo. La no creación de un delito para los casos graves de maltrato y crueldad permitió que casos terribles y muy públicos quedaran impunes.

Después se trasladó la órbita de la Comisión al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Craso error de ubicación institucional porque siendo éste un Ministerio que apunta a la producción es fácil deducir cuál será su opción cuando ello colida con el Bienestar Animal.

Finalmente se creó el Instituto de  Bienestar Animal y, por Resolución 681/21 del MGAP se nombra un Consejo Directivo Honorario presidido por una representante de dicho Ministerio, una representante del MSP, uno del MI, uno del Congreso de Intendentes, uno de la Facultad de Veterinaria, uno de la Sociedad de Medicina Veterinaria, una de las agremiaciones de productores rurales y una por las Sociedades Protectoras de Animales.

Naturalmente tengo grandes objeciones a esta forma de integración que más parece centrada en ocuparse de los “problemas” que los animales puedan causar a otras actividades que en la consagración y amparo del bienestar animal.

Es este ámbito oficial el que debería ocuparse de esta actividad para prohibirla.

Así de claro y rotundo.

Esta “industria” consiste en recolectar sangre de yeguas preñadas e inmovilizadas en cubículos para extraer la hormona PMSG o gonadotropina coriónica, la cual es vendida a la industria ganadera.

Son muy claros los videos que circulan en las redes respecto de la crueldad y los tratos incalificables a los que se somete a estos nobles animales para obtener un lucro económico manchado con su sangre y sufrimiento.

Cuando se me dice que hace muchos años existe esta práctica más vergüenza siento.

El Uruguay que fuera un país de avanzada en la protección de los animales. El Uruguay que lleva en su escudo la imagen de un caballo. El Uruguay de “Pida patrón” de Santiago Chalar no puede tolerar esta infamia contra víctimas inocentes e indefensas sin alzar la voz, sin reclamar que esta salvajada se detenga.

No espero mucho de este multitudinario Consejo referido líneas arriba. Solo espero que las Protectoras de Animales hablen claro y fuerte.

Una amiga me dice que a la cabeza de esta atrocidad está Islandia y luego Uruguay y Argentina.

Es un tema que ya ha sido tratado a nivel europeo donde el Bienestar Animal es en serio.

También me dicen que -cuando no – detrás está la industria farmacéutica.

En cualquier caso, Uruguay tiene entonces una nueva oportunidad de ser un país de avanzada y no uno de resabios salvajes.

Me imagino a Don Pepe Batlle enterándose de este tema: ¡Como rugiría de indignación!

Espero que así lo hagan todos los uruguayos de bien. Rugir como leones y que se escuche. El silencio será un cómplice más de la infamia.